Uno de los mayores esfuerzos que estamos haciendo desde el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es el de contribuir a que los Estados miembros desarrollen las mejores prácticas posibles para fortalecer el aporte de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en las economías de sus países, lo que se revierte en la creación de nuevos puestos de trabajo dignos.
Es para mí un reto como secretario permanente, además originario del Perú, que cuenta con uno de los mayores niveles de informalidad en su economía, contribuir a los esfuerzos de los 26 países miembros del organismo regional a generar en estos emprendedores la visión no de un fin, sino de un medio para seguir creciendo en el desarrollo empresarial. No son pocos los ejemplos de pequeñas empresas que en el tiempo evolucionan y aportan una mayor generación de empleo y de riqueza en favor de la población de sus países.
Debemos recordar que, en América Latina y el Caribe (ALC), las Mipymes representan 90% de las empresas, generan más de la mitad de los empleos y una cuarta parte del PIB. Promueven la actividad emprendedora; impulsan la innovación, la diversificación y estimulan el crecimiento del empleo. Sin embargo, aportan poco a las exportaciones y tienden a especializarse en productos de bajo valor agregado.
En el SELA se ha comprobado que estas constituyen una de las principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente para las economías emergentes. A propósito de su contribución al comercio internacional, las Mipymes: i) forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales; ii) exportan productos y servicios para nichos de mercado más especializados; iii) importan y distribuyen productos de mipymes extranjeras; y, iv) proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio internacional (logística, despachos, entre otros).
No obstante, enfrentan dificultades para acceder al sistema de financiamiento, toda vez la informalidad en la que muchas de ellas operan. De allí que algunos gobiernos de la región se han preocupado por diseñar políticas públicas que promuevan su formalización. Estas deben hacer énfasis en la adecuación normativa, los incentivos y en el mejoramiento de la capacidad para hacer cumplir las normas.
El proceso de formalización es uno de los mayores obstáculos que enfrentan estas empresas debido a los costos transaccionales del proceso, la ausencia de asesoría, los modelos tradicionales de inscripción y la falta de incentivos. Una estrategia efectiva para consolidarlo debe combinar medidas para reducir la carga regulatoria, el costo, así como incentivos y mejoras en la fiscalización.
Se ha establecido que una estrategia efectiva para la formalización de estas empresas debe prever aspectos como el crecimiento económico con empleo de calidad, la mejora del entorno normativo, la promoción del diálogo social, la organización y representación, el fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación, el apoyo a la iniciativa empresarial, el desarrollo de competencias profesionales y la financiación, la ampliación de la protección social y el desarrollo económico local, como lo establece la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En lo personal seguiremos dando nuestra mayor colaboración para que nuestra región avance con eficiencia en un tema tan importante para el desarrollo sostenible, la generación de empleo justo y la generación de riqueza.