Responsabilidad china en el caos venezolano

Un buen tinglado de relaciones comerciales y económicas con muchos países latinoamericanos ha sido el resultado de la política china con nuestro subcontinente en las últimas décadas. China ha planificado con detalle su inserción en una región que, por sus características, ha sido capaz de servirle de soporte a tres de sus más caros objetivos estratégicos: el de disponer de un mercado vasto con capacidad adquisitiva para sus exportaciones, el de poder contar con suministros de materias primas abundantes para algunos de sus procesos industriales y el de encontrar un ambiente de inversiones abierto, sano y rentable para algunos de sus proyectos, los que envuelven, en algunos casos, colocación de mano de obra de origen asiático. Ha sido natural, pues, que un entramado de relaciones económicas se haya armado y que haya sido creciente y fructífero a ambos lados del océano que nos separa.

Un caso especial es el de Venezuela, en donde los acercamientos han tenido un importante componente de soporte político. Desde las pretéritas épocas del comandante Chávez, los chinos dieron un paso adelante para apuntalar al gobierno a través de contratos de interés mutuo que ayudaron a los dos países a armarse de un entramado sólido de relaciones. El sector petrolero ha sido, quizá, el más fértil en alimentar las buenas relaciones entre los dos lados. En las malas horas venezolanas, cuando la curva de lo económico hizo inflexión para dar paso al deterioro y al desastre –en parte por la caída de los precios del petróleo y en parte por el caótico manejo de la administración estatal–, desde Pekín fueron capaces de armar fórmulas de financiamiento que desbalancearon la relación y volvieron a la Venezuela comunista cada vez más tributaria del gobierno chino. Más de 50.000 millones de dólares con origen en China vinieron a apuntalar el gobierno revolucionario y a dotarlos de oxígeno financiero para continuar con su tarea de saqueo y autoritarismo y de represión.

En el desarrollo de esta relación financiera y comercial y en el acometimiento de inversiones en los sectores mineros y petrolero, si del lado del gobierno de Nicolás Maduro se saltaron los procedimientos y las obligaciones formales y legales a los que están obligados, los socios chinos resultan ser responsables concomitantes con las autoridades venezolanas de los incumplimientos y las ilegalidades urdidos entre ellos. La falta de transparencia en el universo de las operaciones armadas entre China y Venezuela hace que allí exista una caja negra blindada sobre un conjunto cuantioso de negociaciones y acuerdos armados a espaldas de las normativas, en los que las funciones contraloras y las aprobaciones necesarias de la Asamblea Nacional eran indispensables y fueron olímpicamente ignoradas.

Es imposible saber a esta fecha cuántas contrataciones de “interés nacional” efectuadas irregularmente deberán ser revisadas por los gobiernos que vendrán, una vez que el país recupere el hilo de lo constitucional y de la legalidad.

Lo que sí es claro es que la milenaria China, que debería tener una visión histórica de sus alianzas y de sus relaciones comerciales, pagará caro más adelante con serias sanciones el desapego por las leyes del país donde se inserta.

Cuando sabemos que China es hoy el principal suministrador de armas al gobierno opresor y cuando sabemos que los armamentos usados para reprimir las justas demandas de la sociedad llevan impreso el “Made in China”, se nos hace aún más evidente que, moralmente también, a Pekín le será imposible esquivar el juicio de la historia.