Nos encontramos en un momento en que el régimen de Nicolás Maduro ha culminado su trasformación en dictadura militar. Ha bloqueado todas las vías constitucionales y democráticas, reprimiendo con brutalidad y saña las protestas masivas. Efectivos de los cuerpos de seguridad, en particular la GN, han violentado derechos humanos y causado la muerte de venezolanos que participaban en estas protestas.
Los principales voceros militares, el general Padrino López y el ministro del Interior, Néstor Reverol, pretenden validar, en sus declaraciones, una narrativa irresponsable que desconoce la participación, amparada por las fuerzas de seguridad, de grupos paramilitares (los llamados “colectivos”) y que criminaliza a las víctimas de los desmanes represivos del régimen, calificándolas de “insurrección armada”.
Este discurso es calcado de las dictaduras más crueles sucedidas en nuestro continente en países como Chile, Argentina y Paraguay y tiene su expresión más terrible en los enjuiciamientos militares a civiles que han sido detenidos en las manifestaciones. Estos procesos son completamente ilegales, vulneran derechos humanos universales y forman parte de una campaña de amedrentamiento para aterrorizar a los venezolanos.
La realidad es que el régimen madurista, luego de conducir al país a una situación crítica de hambre, violencia y empobrecimiento, ha terminado por atrincherarse junto con una cúpula militar para mantenerse en el poder. Utilizando la fuerza, lo único que les queda, buscan someter a todo un país que de manera mayoritaria lo repudia.
El régimen agrede no a una “insurrección armada” sino a una mayoritaria masa popular que está reuniendo a gente de todos los sectores de la sociedad. No a “grupos violentos” sino a civiles desarmados. No a “enemigos de la patria” sino a venezolanos como el joven Armando Cañizales que, a sus 17 años, no pertenecía a ninguna fracción insurreccional sino al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles.
El uso de la fuerza es el último recurso de un régimen dictatorial que se ha quedado sin apoyo popular y cuya naturaleza despótica ya es reconocida internacionalmente. La estrategia de Maduro de proponer una constituyente comunal es una iniciativa fraudulenta y sectarista, que busca abolir la actual Constitución para asegurar la continuidad de su modelo viciado y dañino. Así ha sido reconocida por los venezolanos y el rechazo general a este acto a todas luces golpista, arrincona aún más al régimen cuya respuesta será, sin duda, una escalada en el uso de la fuerza.
Frente a esta respuesta de violencia los venezolanos debemos hacer conciencia de la importancia de sumar cada día más sectores sociales, políticos y económicos a la manifestación y la protesta. La fuerza militar y represiva del régimen solo puede ser contrarrestada por la verdadera coincidencia de la gran mayoría del país. Debe haber una construcción de acuerdos, redes de apoyo y el establecimiento de frentes solidarios que amplíen la cohesión popular de rechazo a la dictadura.
La negativa de Nicolás Maduro a abandonar el poder y permitir la libre expresión democrática de los venezolanos sin duda agrava las emergencias de la inmensa crisis que embarga al país. Solo en el ámbito alimentario se están presentando graves problemas en la distribución de alimentos, que van desde el saqueo de transportes de comida hasta la desbordada corrupción a la que son sometidos por algunos efectivos militares. El estamento militar resentirá la decisión de su liderazgo de apoyar un régimen dictatorial. La crisis alimentaria ya ha llegado a los cuarteles, con reportes de algunos destacamentos en los que se realizan ollas populares para alimentar a la tropa.
Debemos resistir desde la unidad y la solidaridad, con inteligencia y voluntad, para imponernos sobre la dictadura. Nuestra fuerza no es la de violencia sino la de millones de venezolanos en conjunto. Estamos reclamando una vida justa y de bienestar que, tarde o temprano, debe imponerse sobre el terror y la represión con la que pretende mantenerse este régimen.