La rebelión ciudadana

Venezuela vive en estos días de abril una autentica rebelión de los ciudadanos. Millones de venezolanos hemos estado manifestándonos pacíficamente en las calles, avenidas y autopistas exigiendo la restitución de la democracia. Las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional, y desconociendo la institución de la inmunidad parlamentaria, fueron los detonantes que movilizaron de nuevo a la comunidad nacional. Fue la gota que rebasó el vaso.

Los ciudadanos venezolanos han tenido una paciencia franciscana para soportar el conjunto de arbitrariedades, muertes, saqueo y destrucción de la economía nacional, que ha traído como consecuencia una hambruna sin precedentes en el último siglo venezolano.

Las manifestaciones convocadas por la Unidad Democrática han mostrado la firmeza de los ciudadanos en su exigencia de un cambio político que permita recuperar la vigencia del estado de derecho, y comenzar un trabajo de reconstrucción material y espiritual de toda la nación. La contundencia, constancia y nutrida concurrencia ciudadana constituye un mensaje de tal potencia, que el mundo ha vuelto a recibir con alta intensidad la profundidad y gravedad de la crisis que padecemos los venezolanos.

Solo la camarilla roja se mantiene intransigente frente al reclamo ciudadano. Su enfermizo apego al poder los lleva a desconocer la contundencia y la fuerza de la protesta popular. Antes que colocar el oído en el clamor de un pueblo, recurren a su única respuesta: la represión.

Brutal, sistemática y global ha sido la represión con la cual el régimen ha tratado la multitudinaria presencia ciudadana en las calles de Venezuela. Cuando un régimen político llega a los niveles de ineficacia y perversión al que ha llegado el “socialismo bolivariano”, se pierde toda capacidad de respuesta ante los reclamos colectivos, y solo queda la represión como respuesta. La historia ha demostrado que la represión permite sostener una dictadura por algún tiempo, pero llega un momento en que ni con ella es posible permanecer en el poder, produciéndose los cambios que los pueblos anhelan.

Somos conscientes del amarre al poder que tiene la cúpula roja que lo detenta. No solo por su formación política, influida de manera determinante por la ideología marxista; sino por el aliento político que les viene de la escuela cubana del castrismo. Allí han interiorizado la idea de que “las revoluciones socialistas” son eternas, que las mismas una vez instaladas en el poder, no pueden entregarlo más nunca. La idea de la alternancia en el ejercicio del poder, tan consustancial a la vida democrática, no existe para este sector de la vida política. Pero ese amarre al poder, tiene además un componente fáctico, pragmático, que los hace más radicales en su apego al mismo. Se trata de los niveles de corrupción que en el ejercicio del gobierno han alcanzado, y que ha convertido a varios de los miembros de la camarilla gobernante, en objetivo de gobiernos que les requiere por delitos vinculados al narcotráfico, apropiación de dinero público y el terrorismo.

Estos dos elementos son los que han hecho más difícil la lucha pacífica de la sociedad democrática venezolana. No por ello abandonamos la naturaleza de ese esfuerzo colectivo. No deseamos una confrontación armada, porque es contraria a nuestras convicciones y porque el daño que produciría sería de mayor alcance, que su sola presencia en el ejercicio del poder. Pero además, porque la sociedad democrática es un movimiento de ciudadanos sin armas, que solo tiene una bandera tricolor para expresar su firme reclamo de democracia y libertad.

La camarilla roja se niega a aceptar la solución política que la Unidad Democrática ha planteado de manera clara y precisa. Se trata de planteamientos viables y razonables: 1. Respeto a la Asamblea Nacional. 2. Liberación de los presos políticos. 3. Convocatoria a elecciones generales. 4. Apertura del canal humanitario.

El planteamiento comienza por la exigencia del respeto pleno a las atribuciones de la Asamblea Nacional. Esta es la base de cualquier camino a la solución del conflicto existente. La forma fraudulenta como desde el TSJ, se ha prácticamente cerrado el parlamento, debe obligar a colocar este asunto como el eje central de cualquier fórmula de solución. Se trata de un planteamiento en el campo de la política. No es un favor que se pide. No es un “dialogo”. Es una exigencia basada en la constitución y en la más elemental razón política.

Restituida la plena vigencia de la Asamblea, se puede lograr la liberación de los presos políticos, y la convocatoria a un proceso electoral que elija a un nuevo gobierno para cerrar el ciclo del llamado “socialismo del siglo XXI”. Los voceros oficiales se aferran a la tesis de que no es posible adelantar una elección presidencial. Eso es falso. Una simple enmienda constitucional, cuyo trámite se puede efectuar en tiempo relativamente breve, puede permitir conseguir una solución democrática a esta severa crisis.

Si la camarilla roja sigue aferrada al poder, y continua con la represión, cerrando las puertas a una solución política a “la rebelión ciudadana”, los daños que sufrirá nuestra nación serán aún mayores.

Desde los terrenos de la oposición no podemos abandonar el planteamiento de la solución política. La formidable “rebelión de las masas” que hemos vivido en estos días, es el mejor aliado para que el régimen entienda la dramática realidad en la que se encuentra. La realidad de esta dinámica nos deberá enseñar a todos, que requerimos de la política para rescatar la democracia y para reencausar la república por la senda de la paz y el progreso.