Para el momento de publicación de este articulo, debería haberse despejado el misterio de los nuevos integrantes del gabinete ejecutivo de Nicolás Maduro. Bajo la promesa de nuevos métodos y procedimientos en búsqueda de resultados diferentes a los obtenidos, mientras el propósito del presente escrito es argumentar el porqué sin importar la identidad de los nuevos ministros, el resultado de sus gestiones no variará de fondo sino de forma.
En primer lugar, se debe comenzar con el área de prioridades reconocida por Maduro como es el Área Económica, en la que seguramente van a intentar aplicar una nueva política de precios acordados, apoyo a empresarios privados que deseen trabajar aun en esta crisis, incremento de la eficiencia productiva y eliminación de la corrupción administrativa.
Estas políticas y propósitos van a fracasar porque no toman en cuenta el ambiente político de sanciones económicas que hacen inviable cualquiera de estas metas planteadas anteriormente, más específicamente:
- Es imposible la recuperación de la industria petrolera y el crecimiento de otras industrias de extracción de minerales (oro, coltán, diamante) si existe una persecución internacional contra todo empresario privado que compre materias primas o productos refinados de empresas públicas venezolanas bajo amenazas de ser acusado de lavado de activo, traficante o integrante de Grupos de las Delincuencia Organizada Internacional. Esta realidad manejada por el Departamento del Tesoro estadounidense a nivel global cierra todo tipo de mercados tradicionales y la apertura de nuevas plazas.
- Se hace inmanejable jurídicamente la existencia de dos gobiernos nacionales al mismo tiempo, debido a que las demandas en tribunales internacionales sobre la legalidad de los contratos de importaciones o prestación de servicios especializados hacen inevitable la apertura de demandas nacionales e internacionales en cada uno de esos países con sus respectivas demandas y contrademandas que son más graves si consideramos que el gobierno de Maduro ha dejado de ser reconocida por las plazas comerciales de la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos con su inmenso poder sobre tantas economías e incluso Japón y la República de Corea, por lo cual la idea de crear un desarrollo solo con empresas chinas, iraníes y rusas luce inviable dado el bullying que los mismos van a recibir a nivel global.
- Es imposible el incremento de la eficiencia y la eliminación de la corrupción administrativa mientras no se admita la existencia de empresas zombi, como plantean los chinos, en un número difícil de determinar que va de 600 a 1.500 empresas públicas o institutos autónomos y fundaciones, según el criterio que se maneje en cuanto a fines de dichas instituciones en cada uno de los ministerios. La admisión de esta realidad exige la fusión o eliminación de centenares de empresas quebradas e institutos y fundaciones, así como la asignación de miles de unidades de producción e instalaciones físicas a nuevas empresas y empresarios más eficientes, que sufrirán los rigores de la persecución implacable de las sanciones internacionales.
- Se hace difícil imaginar en estas condiciones tan adversas la aplicación de una condición esencial en este mundo moderno para el control de la eficiencia y combate de la corrupción, como es la existencia de una política de transparencia administrativa con la que se hagan públicos todos los contratos y manejos administrativos y se reduzca al mínimo posible la discrecionalidad administrativa en la toma de decisiones en un ambiente permanente de emergencia que facilita enormemente la corrupción administrativa, tal como ha ocurrido tradicionalmente con los decretos de emergencia y la asignación a dedo de contratos de ejecución de obras, así como la elección de familiares, amigos e integrantes de su misma tolda política como proveedores, igual que en otras épocas.
- A estas dificultades anteriores se debe enfrentar la situación de hecho de la dolarización de la economía en cuanto a la fijación de precios de los bienes y servicios que se transan en Venezuela y que pasan desde la compra de bienes muebles e inmuebles de magnitud, hasta el comercio mayorista y la cotización de servicios profesionales y el comercio minorista informal. Por ello, es inevitable un ajuste financiero de toda la administración y con ello de sus prácticas contables y mercantiles. El fenómeno de la venta de la bolsa de hielo en dólares a nivel nacional durante la reciente crisis eléctrica es una realidad que se está generalizando hasta en la ventas ambulantes de cafés y empanadas, que se puede universalizar si aparecen grandes cantidades de efectivo de dicha moneda en la economía nacional.
En el área social, los ministerios de Alimentación, Salud y del área de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte exigen unas necesidades financieras enormes, dada la clara insuficiencia financiera actual que se refleja en la existencia de salarios demasiado bajos para los empleados públicos, la innegable escasez de materiales de trabajo para la realización de cualquier actividad cotidiana o de rutina dentro de estos ministerios. Demás está decir que la realización de grandes operativos para alcanzar las metas nacionales en cada uno de sus campos específicos se vuelve una tarea de enorme complejidad y casi imposible resolución positiva por la debilidad económica de la administración pública nacional.
Esta realidad espantosa se refleja claramente en los hospitales, escuelas, universidades, centros de investigación, instituciones culturales y deportivas que pierden periódicamente personal calificado, mientras se reducen sus actividades de manera creciente e inevitable.
En el área de seguridad y defensa la crisis política se refleja más claramente debido a que deriva en una serie interminable de denuncias de violaciones de la Constitución y convenios internacionales que generan una situación de inestabilidad mental e institucional que afecta duramente a la plantilla de funcionarios que se harán sin duda blanco de las sanciones internacionales más severas dentro del paquete de medidas punitivas que van a aplicar los gobiernos que enfrentan a Maduro.
Es de perogrullo decir que será muy incómoda para los familiares de los funcionarios de seguridad de cualquier nivel la persecución a la que puede llegar la comunidad internacional en este sentido.
Por todas estas razones, insisto, el problema no son los ministros sino el contexto político nacional, que debe resolverse o fracasará cualquier iniciativa política gubernamental en este sentido.