Lo que podría haber sido impensable unos años atrás, cuando el proyecto chavista se fundamentaba, en buena medida, en el aislamiento de una parte importante de la sociedad civil adversa al régimen, en su reclusión a un estado de oposición permanente y en construirles la aureola de una imposible alternativa de poder, pasó a ser actualmente la mejor salida posible ante las difíciles circunstancias en que se encuentra el país.
La conflictividad social que padecemos muestra la magnitud del problema que afronta el gobierno y que solo puede resolverse con el relevo inmediato de los que mal gobiernan el país y del modelo sociopolítico que han venido erróneamente desarrollando.
Las críticas opositoras a las políticas del régimen asociadas al modelo referido, además de irrefutables están ampliamente justificadas, pero se confrontan con la irracionalidad absoluta que caracteriza al gobierno y no surten ningún efecto en la dirigencia gubernamental que practica el fetichismo de la corrupción y el dinero fácil, y por ello, se les obnubila la posibilidad de discernir entre la razón y la sinrazón. Lo que subraya la insania política de la visión gubernamental y la extrema indiferencia y la virulenta hostilidad hacia los llamados de la oposición para que corrijan los entuertos que comprometen la viabilidad del futuro del país.
La quiebra de los servicios sociales, la marginación, el desempleo, el engaño, la forma perversa en que se presentan las esperanzas de redención en tiempos de desintegración social, el desmoronamiento del prestigio de Maduro y su combo, han determinado que la otrora multitudinaria adhesión al régimen muestre un inexorable descenso.
El modelo gubernamental ya no se percibe como una alternativa para la cohesión social sino más bien como un factor de exclusión y segregación dentro de la sociedad venezolana. Representa, para el ciudadano común, un fracaso más que no le compensa el castigo sufrido por las fracturas sociales y la pérdida de estatus ocasionadas por el régimen.
Ese ciudadano ha comenzado a entender que es moralmente inaceptable que un proceso de inclusión como el que preconiza el gobierno se fundamente en la exclusión ajena y se pretenda clasificar a las personas e instituciones en dignas e indignas, dependiendo del grado de adhesión y lealtad con el felón de Miraflores.
La posibilidad que tiene la disidencia, en cualquier evento electoral que se realice en el país, de conquistar democráticamente el espacio institucional desde donde conducir una nueva alternativa para regir los destinos de la nación avanza sostenidamente. Estos tiempos de estancamiento político, de amenazas contra la seguridad comunitaria, de desprestigio del régimen, de la invasión sistemática de extranjeros en instituciones fundamentales de la República y la represión gubernamental a las ideas y valores modernizadores, van edificando la demanda de un conjunto de valores alternativos a los que tomaron el poder en 1999.
El ambiente es, por tanto, propicio para poner sobre la mesa una revisión de todo lo acontecido hasta ahora, examinar la caducidad del sistema operante, la falsedad de los fundamentos mismos del socialismo del siglo XXI y el fortalecimiento de la tradición venezolana diferenciada del marxismo. En fin, una obligada rectificación a la deformación operada en los valores de nuestra sociedad.
Recuperada la autoestima de la disidencia nacional y propiciada, desde posiciones ganadas en la lucha política, la capacidad para participar activamente en la orientación del país se abre una oportunidad para reafirmar los valores de libertad e igualdad de los seres humanos, su dimensión universal y la pluralidad que el gobierno sistemática y perversamente ha desconocido. No nos quepa ninguna duda, el futuro es nuestro.