Venezuela sufre la mayor tragedia humanitaria en la historia de América. Las democracias occidentales han invertido dinero y esfuerzo en la recolección y donación de alimentos y medicinas. Toneladas de insumos médicos serán entregadas por miles de voluntarios venezolanos bajo la coordinación de la Asamblea Nacional y de su presidente, Juan Guaidó. La entrada de esta ayuda atenderá a más de 300.000 venezolanos, privilegiando a niños, mujeres embarazadas y personas con transplantes de órganos y enfermedades graves: cáncer, insuficiencia renal, VIH.
En una asombrosa demostración de haber perdido el pulso de la realidad, el régimen revolucionario niega la crisis humanitaria y promete impedir su entrada por vías de fuerza. Pero su posición no se fundamenta en razones técnicas ni en premisas creíbles, sino en opiniones de una ideología anacrónica basada en el discurso de la Guerra Fría.
Para aferrarse al poder, apelan a la trillada opinión de que la ayuda humanitaria es para camuflar una invasión de Estados Unidos y del capitalismo. Sin embargo, los hechos señalan que se trata de un despliegue internacional para evitar que la crisis venezolana se convierta en una tragedia indetenible con letales efectos para Colombia y la región.
En este contexto, vale la pena tener presente el artículo 7 del Estatuto de Roma, que define como delito de lesa humanidad el exterminio, el cual comprende “la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras [acciones], encaminadas a causar la destrucción de parte de la población”.
En el contexto venezolano, habrá que ponderar si la crisis humanitaria ha sido causada intencionalmente por el régimen, al copiar los planes económicos del fracasado modelo cubano con la finalidad de someter a la población necesitada e implantar “como sea” el socialismo. Lo que no está sujeto a discusión es la tragedia humanitaria del país, recogida en las imágenes de la represión, de la diáspora y en los miles de seres humanos hurgando en la basura en busca de alimentos.
Ante esta situación, se pueden presentar tres escenarios. El primero, que el régimen se quede en la retórica y el día 23 de febrero permita sin cortapisas la entrada del voluntariado venezolano con su carga de alimentos y medicinas. Este sería el escenario ideal; pero posiblemente el régimen no lo admita porque perdería el poder que le dan el carnet de la patria y el sistema de dádivas que representan las bolsas CLAP.
El segundo escenario sería impedir la entrada de la ayuda con represión controlada, pero sin muertes. Esto haría aplicable el mecanismo del artículo 7 del Estatuto de Roma. Como todos los asuntos jurídicos, es materia para la interpretación. En todo caso, las posibilidades de sanciones internacionales para los responsables constituyen un riesgo que debe ser ponderado por quienes tienen el monopolio de la violencia y deben tomar esta decisión.
En tercer lugar, se contempla impedir el ingreso de la ayuda con represión violenta, lo que puede acarrear muertes. Esto podría desencadenar la reacción de los países aliados que han organizado la ayuda humanitaria y generaría una situación trágica para los venezolanos. Es la opción menos deseable y, además, la más torpe.
En las tres hipótesis anteriores, el papel de la Fuerza Armada, como árbitro inapelable, es el determinante para decidir la dolorosa situación. Se trata de escoger entre aumentar el castigo al pueblo, que no es culpable de los errores de las recetas del socialismo del siglo XXI y de los fanatismos ideológicos, o comenzar el recorrido hacia una salida política que evite más sufrimiento y miseria.
El sector castrense venezolano ha dado muestras a lo largo de la historia de que, llegado el momento decisivo, asume con responsabilidad su compromiso de obediencia a los valores republicanos recogidos hoy en la Constitución. Es lo que se desea ocurra en este momento.
Me cuento entre quienes tienen la esperanza de que el 23 de febrero sea una fecha de esperanza y no de violencia y muerte. Los venezolanos merecemos el apoyo del sector castrense para lograr la convivencia en libertad.