Una persona puede encontrarse privada de su libertad porque ha sido detenida o arrestada como presunto responsable de la comisión de un delito, o porque, en relación con ese delito, mediante una sentencia judicial, ha sido condenada a una pena privativa de libertad. A estas personas, por estar en prisión, tradicionalmente se les ha llamado “presos” pero, en el lenguaje revolucionario de la señora Iris Varela y sus camaradas, como si la semántica aliviara el hacinamiento carcelario y el sufrimiento de aquellos que se encuentran tras las rejas, ahora se les llama “privados de libertad”. Esta nueva denominación, además de ser una obviedad, tiene el inconveniente de que no permite distinguir entre quienes están tras las rejas en espera de juicio o en cumplimiento de una sentencia judicial, y quienes están privados de su libertad por razones totalmente ajenas a la comisión de un delito, como es el caso de los presos políticos, de quienes han sido detenidos y hoy se encuentran desaparecidos (como es el caso del diputado Zambrano), o de personas que, en contra de su voluntad, han sido internadas en una institución psiquiátrica o en un centro de salud, que también están “privados de libertad”, y sin muchas de las garantías legales que sí existen para los presos.
Menciono lo anterior porque, a través de la prensa, me acabo de enterar del caso de María “la Marrurra”, una cantaora de flamenco, nacida en Estados Unidos, enamorada de España y del flamenco, y cuya única familia eran sus padres, que quedaron atrás en su país natal y que periódicamente le enviaban dinero. Los vecinos de María se cansaron de sus excesos nocturnos, y la denunciaron, entre otras cosas, por su vestimenta estrafalaria y porque acumulaba mucha ropa en el piso. El resultado fue que, a los 73 años, a partir del informe de una trabajadora social, fue llevada a la fuerza a una residencia especializada en enfermos de alzheimer. Tomó varios días a sus amigos conocer su paradero y enterarse de que tenía restringidas las visitas. Cuando, finalmente, una amiga la pudo visitar, se abrazó a ella y, llorando desesperada, le decía que no estaba loca y que quería irse a su casa. Esta vez, el asunto terminó relativamente bien pues, un año después, el Tribunal Constitucional ordenó la inmediata puesta en libertad de la víctima en este caso. Pero ella estuvo privada de su libertad.
Un caso similar es el de un eminente intelectual español, ampliamente conocido por sus publicaciones, a quien tuve oportunidad de conocer y tratar, y a quien su esposa y uno de sus hijos le diagnosticaron alzheimer y, sin su consentimiento, lo encerraron en una institución privada. Este personaje ilustre, que también afirmaba estar en pleno uso de sus facultades mentales, y que quería irse a su casa, falleció hace un par de meses. ¿Quién determina si una persona padece alzheimer? En caso afirmativo, ¿quién decide su tratamiento? ¿Es el alzheimer una razón suficiente para que una persona sea privada de su libertad? Porque, si no hay garantías adecuadas para la libertad, el simple diagnóstico de un médico -o de una trabajadora social- podría ser fuente de abusos.
Lo mismo podría decirse de una persona que padezca una enfermedad infecciosa pues, probablemente, el bienestar general y la seguridad de todos requiere que esa persona sea internada. Pero tendrá que haber unas garantías mínimas a fin de demostrar la existencia de esos supuestos, cuya persistencia habrá que demostrar para mantenerla encerrada.
En la época de la antigua Unión Soviética fue una práctica frecuente que disidentes políticos perfectamente sanos, en vez de ser encarcelados, fueran enviados a instituciones para enfermos mentales, con lo que, además de desacreditarlos, humillarlos y someterlos a tratamientos psiquiátricos no consentidos y perjudiciales para su salud, se les mantenía privados de su libertad sin ninguna forma de juicio y en forma indefinida. En 1971, estos métodos fueron denunciados tanto por el renombrado científico Andréi Sájarov como por el disidente Vladimir Bukovski. En agosto de 2007, la BBC emitió un reportaje denunciando la misma práctica en la Federación Rusa. Pero el internamiento de una persona sana en una institución psiquiátrica no tiene, necesariamente, que ser parte de una política de Estado para perseguir y torturar a disidentes políticos; también podría ser el resultado de un informe suscrito por un médico inescrupuloso que, de acuerdo con la familia de la víctima, por razones económicas o de otro tipo, prive a ésta de su libertad.
Quienes estén privados de libertad, ya sea porque estén presos o porque estén sometidos a un tratamiento médico, tienen derecho a ser tratados con humanidad. Por supuesto, esto no tiene ninguna relevancia en un país en el que, desde hace dos décadas, ya no hay Estado de Derecho. Pero que se tenga presente para cuando recuperemos la democracia.
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