Muchas veces he escrito sobre la situación de hambre que pasan nuestros privados de libertad. La ausencia de comida se ha apoderado de nuestros recintos carcelarios tanto en las cárceles tradicionales como en los centros de detención preventiva; en estos sitios con mayor gravedad que en los otros, pero, en general, la situación de hambruna que se vive en Venezuela no escapa del sistema penitenciario venezolano.
Para los que estamos libres y no privados de libertad en uno de estos sitios, es menos complicado proveernos de alimentos porque tenemos la opción de salir a buscarlos y, en casos extremos, hurgar en la basura a ver qué conseguimos, pero quien está en un recinto carcelario no tiene otra opción que morirse de hambre.
Recientemente, la organización Una Ventana a la Libertad, la cual dirijo desde su fundación, con ocasión de la celebración del día de Nuestra Señora de Las Mercedes presento un pequeño informe sobre la situación que se vive en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, que constituyen las regiones que reúnen la mayor población penal del país.
El problema de la alimentación de los reclusos es uno de los temas que destaca este informe, donde se establece: “Al menos ocho privados de libertad que se encontraban recluidos en centros de detención preventiva del país han fallecido, por cuadros de desnutrición, en lo que va del año 2017. El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa.
“La escasez generalizada de alimentos, que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos, dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.
“La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.
“En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso de alimentos a los detenidos. También se han registrado casos en los que privados de libertad usan la extorsión como mecanismo para tener acceso a la comida.
“Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores) ni con presupuesto para proveer alimentos a los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido”.
Aunado esta grave situación de hambruna en los centros de detención preventiva, Una Ventana a la Libertad, en el diagnóstico que realizó a partir de testimonios recabados en entrevistas con privados de libertad, familiares, funcionarios policiales, expertos locales, observación directa por parte de nuestros investigadores y datos oficiales, constató presencia de enfermedades contagiosas como tuberculosis (en Miranda, Apure, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia), escabiosis (en Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Zulia). También la organización conoció de casos de privados de libertad que padecen de sida (Apure, Nueva Esparta y Zulia) y no reciben el tratamiento requerido. También se constató la presencia de privadas de libertad en estado de gestación en centros de detención preventiva de los estados Miranda y Zulia que no tienen acceso a los controles médicos prenatales. Debido a los altos porcentajes de hacinamiento, algunos centros de detención han dispuesto de espacios comunes como pasillos, oficinas e incluso de patrullas que son usadas como calabozos, para poder acoger a toda la población de privados de libertad.
Garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad es responsabilidad exclusiva del Ministerio para el Servicio Penitenciario, esto lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio; su responsabilidad es los privados de libertad, independientemente de dónde están recluidos y su condición procesal; lamentablemente esto nunca lo entendió la antigua ministra Iris Varela, y la actual sigue sus mismos pasos.
Es imposible hablar de tener el mejor sistema penitenciario del mundo y que en Venezuela se le garantizan los derechos humanos de los privados de libertad, cuando vemos estas situaciones con nuestros presos; es una simple burla a la población.
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