Antes que nada, quiero ser terminante: rechazo el uso de la violencia en la lucha política y en particular cualquier acto criminal en los cuales se atente contra la vida de una o más personas. Lamentablemente, el régimen bolivariano tiene como antecedentes históricos la muerte de 39 venezolanos el 4 de febrero de 1992, más de 200 el 27 de noviembre de ese mismo año, y los incontables asesinatos ocurridos durante la permanente y criminal represión de estos casi 20 años de gobierno. El real o supuesto atentado contra Nicolás Maduro y las altas autoridades del régimen el 4 de agosto pasado fue percibido, desde el primer momento, por la opinión pública nacional e internacional como una maniobra política que busca ocultar la inmensa crisis nacional. El esfuerzo del aparato de propaganda madurista no ha sido capaz de convencer a los distintos actores sociales y políticos nacionales e internacionales de la veracidad de los hechos presentados por el gobierno nacional. Definitivamente, Nicolás Maduro es un presidente sin credibilidad.
De todas maneras creo de interés reflexionar en este artículo sobre las causas por las cuales Venezuela puede estar al borde de un doloroso proceso de violencia. La dictadura madurista ha ido cerrando todas las posibilidades de solución pacífica de la crisis nacional. Sin importarle las consecuencias ha violado los principios fundamentales de la Constitución de 1999 al desconocer el contenido de los artículos 2 y 6: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”; “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas es y será siempre democrático, participativo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Esta verdad conduce a aceptar la existencia de una permanente ruptura del orden constitucional.
El arrollador triunfo de la oposición democrática en las elecciones parlamentarias de 2015 condujo a Nicolás Maduro a evitar que la oposición pudiese obtener la mayoría calificada. De inmediato utilizó un tribunal de instancia que cuestionó la elección de los diputados del estado Amazonas. Esa acción produjo un largo forcejeo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial hasta que el TSJ sentenció que la Asamblea Nacional se encontraba en “desacato”, para impedir su legítimo funcionamiento. De todas maneras, los venezolanos mantuvieron la ilusión de que al cumplirse la mitad del período presidencial era posible, a través del voto, revocar el mandato de Maduro. La camarilla oficialista conocía de antemano que serían derrotados en cualquier elección. Ese temor los obligó a utilizar unos tribunales penales para evitar recoger 20% de las firmas, lo que comprometió definitivamente la posibilidad de efectuar el referéndum revocatorio. Lamentablemente, la MUD aceptó la invitación a un diálogo, con la presencia de la Santa Sede, que no terminó en nada.
Estas arbitrarias e inconstitucionales acciones trajeron como consecuencia que un sector de la oposición convocara a manifestaciones diarias por varios meses con una dolorosa cantidad de muertos y heridos. Las cifras dadas por los medios de comunicación indican que puede haber ocurrido el asesinato de 350 jóvenes por la Guardia y la Policía Nacional. La inaceptable forma represiva que utilizaron esos cuerpos armados fue causar la muerte a uno o dos jóvenes cada día, convencidos de que de esa manera la protesta iría disminuyendo ante el temor de ser asesinados. Así ocurrió… Nicolás Maduro, creyéndose fortalecido convocó, de manera inconstitucional, a una asamblea nacional constituyente comunal. La firme posición de la MUD de no asistir a esas elecciones y la casi inexistencia de electores pusieron en evidencia, ante la opinión pública nacional e internacional, la condición fraudulenta del proceso. La respuesta fue sorprendente: más de cincuenta países desconocieron la legitimidad de la asamblea nacional constituyente comunal.
Lamentablemente, la forma en que fueron derrotadas las manifestaciones populares y la falta de unidad de la oposición creó una creciente desesperanza en los sectores democráticos que empezaron a considerar, equivocadamente, que asistir a votar en las elecciones no traería por consecuencia un cambio de gobierno. Esta situación permitió que el régimen madurista, en medio de una gran abstención, lograra triunfar en las elecciones de alcaldes y gobernadores, las cuales habían sido postergadas indebidamente. De inmediato, Nicolás Maduro entendió que era el momento político de realizar los comicios presidenciales. De manera arbitraria, llamó a elecciones para el 20 de mayo. La decisión de la mayoría de los partidos de la MUD de no asistir al proceso trajo como consecuencia una importante división que ha comprometido su propia existencia. Nicolás Maduro obtuvo un pírrico triunfo mostrando, en cierta forma, su debilidad política. El resultado fue inmediatamente desconocido tanto nacional como internacionalmente.
Nicolás Maduro, al mismo tiempo que ocurrían esos hechos, empezó a utilizar, de manera inconstitucional, a la írrita asamblea nacional constituyente y a los demás poderes públicos para establecer, de manera ilegítima, un régimen dictatorial de tendencia totalitaria que le permita permanecer en el poder en medio de la actual tragedia nacional. Esta realidad se percibe en el debilitamiento de la soberanía nacional; el desconocimiento de la Asamblea Nacional; el creciente número de detenidos y exiliados políticos; la inhabilitación de varias organizaciones políticas; el control y uso abusivo de los medios de comunicación social; el reconocimiento de la organización comunal como base del Estado; la absoluta politización e ideologización de la Fuerza Armada Nacional; el desconocimiento de la autonomía del Banco Central y pare usted de contar. Es imposible, que ante tan complejas circunstancias, no surja la violencia. Lo demuestran los rumores de conspiraciones militares, la detención de más de 100 oficiales, el posible atentado presidencial y las permanentes protestas sociales. Nicolás Maduro es el único responsable.
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