Antes de tratar de responder a la interrogante planteada en el título, voy a hacer algunas consideraciones sobre el tema.
La negociación es un recurso, un instrumento, una fórmula para dirimir conflictos. No es ni puede ser la política. Pecan de reduccionismo quienes señalan –y los he oído y leído– que política es negociación. Ni siquiera en sistemas democráticos las confrontaciones políticas o sociales se resuelven solo negociando; por ejemplo, el asunto de quiénes van a ocupar los cargos ejecutivos y de representación popular en el Estado se dirimen en competitivos comicios, eso sí, mediante reglas claras y compartidas. Para que pueda materializarse una negociación es indispensable la concurrencia de interlocutores interesados en ella.
De nuevo está planteado en Venezuela un proceso de diálogo para lograr una eventual negociación gobierno-MUD, propiciado por el gobierno dominicano con el beneplácito de la ONU, la UE y otros actores internacionales.
A estas alturas es conveniente analizar por qué han fracasado los anteriores intentos y creo que parte de la respuesta hay que buscarla en lo ocurrido en la mesa de diálogo escenificada a finales de 2016 con participación destacada del Vaticano.
En aquella ocasión, con todas las dificultades del caso, se pudo llegar a algunos acuerdos sustantivos que de haberse concretados la situación del país sería otra.
El fracaso de esa iniciativa es atribuible al régimen que no honró los compromisos e intentó evadir su responsabilidad culpando a otros. Fue el cardenal Parolini, secretario de Estado del Vaticano y representante de este en esas conversaciones, quien le atribuyó esa responsabilidad al gobierno en misiva pública y oficial del Vaticano.
Recordemos que el oficialismo se comprometió: reconocer y acatar las competencias de la Asamblea Nacional, cumplir el calendario electoral prescrito en la Constitución, liberar a los presos políticos y autorizar el canal de ayuda humanitaria.
El acuerdo se frustró porque los objetivos de los interlocutores eran excluyentes. El chavismo buscaba ganar tiempo y crearle problemas a la oposición; la oposición perseguía la vuelta a la constitucionalidad.
Recordemos que el oficialismo venía de concretar un golpe de Estado que comenzó con el desconocimiento del Parlamento y finalizó con el secuestro del revocatorio y la suspensión sine die de todo proceso electoral.
La cristalización de los acuerdos suponía una derrota para el régimen: era el desmontaje del golpe, el reconocimiento del fracaso de su gestión en lo social, de la falsedad de su discurso de reivindicador de los pobres, la pérdida de su capacidad de coacción y lo más importante, su fecha de caducidad se le acercaría de manera inevitable.
El chavismo se sintió con fuerza para pagar los costos del golpe y el desconocimiento de los acuerdos. Por eso desechó los compromisos y radicalizó su política.
Lo que vino a continuación es el intento de consolidar la dictadura –vía TSJ y luego con la constituyente ilegal e ilegítima– y el inmovilismo en materia económica con sus nefastas consecuencias en la calidad de vida del común.
El nuevo intento de buscar un acuerdo gobierno-MUD pasa por la disposición del régimen de asumir con seriedad una negociación destinada a concretar la vuelta a la constitucionalidad y a buscar fórmulas para asumir con eficacia la crisis humanitaria y de parte de la oposición a consentir procedimientos que permitan una salida tranquila del poder de quienes hoy lo ocupan.
Si el régimen persiste en usar las conversaciones para ganar tiempo y complicar al interlocutor, el nuevo intento abortará. Si las fuerzas opositoras no asumen unitariamente, sin complejos y sin la disposición de hacer las concesiones necesarias, también fracasará el intento.
La participación de la comunidad internacional es clave para conseguir una salida constructiva a la crisis política nacional.
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