Dos noticias me impulsan a las siguientes reflexiones. La primera, el ex presidente salvadoreño Funes culpable por enriquecimiento ilícito. La segunda, la sentencia del Tribunal Supremo de Bolivia que permite a Evo Morales optar de nuevo a una reelección para su cuarto mandato. Sobre la primera me pregunto: ¿Qué le pasa a esa estirpe de políticos latinoamericanos, que no pueden tener un cargo público porque se creen con derecho de robar a sus naciones? Lo que sucede en este continente es una vergüenza.
Todos los días nos llegan noticias sobre la vinculación de altos funcionarios, ex presidentes, ministros y militares involucrados en hechos de corrupción. El caso de Venezuela es patético. Las acusaciones son a diario, la capacidad de reacción de los organismos competentes es casi inexistente y la amplitud de la red de corrupción es de tal magnitud que ya pareciera que nos acostumbramos a vivir con la fatalidad de que la política es para robar.
La pasividad de la gente ante el aumento de las corruptelas es evidente. A veces pareciera que el ciudadano considera normal y es un derecho de cuanto personaje tiene una responsabilidad pública meterle la mano a las arcas de la nación.
Por otra parte, la noción reiterada de que estar en el poder es para quedarse, modificar las constituciones u obligar interpretaciones de parte interesada es ya una práctica reiterada en algunos de los gobiernos de la región. Eso es un abuso. Los pueblos no requieren de líderes mesiánicos, pues las naciones no las salvan individualidades sino instituciones sólidas, planificación y visión de futuro. Usar el cargo de presidente para influir en decisiones de esa naturaleza o lanzarse a reelecciones debería de quedar borrado de nuestras constituciones. Cuando se ve en el caso de Brasil que Lula es aún una opción electoral y que aquí en Venezuela Maduro señala que aspira a seguir gobernando, uno confirma que el interés de los líderes populistas es crear lumpen antes que ciudadanos.