La crisis de Puerto Rico rebasa el impacto de los huracanes Irma y María, el año pasado. La verdad es que la crisis económica y fiscal de la isla ya venía haciendo estragos; y, si pensamos en lo estructural, el gobierno federal de Estados Unidos ha respondido inadecuadamente a esto, en buena medida como resultado del complejo marco jurídico que rige a Puerto Rico y su relación como Estado Libre Asociado. Pero, sin duda, la causa fundamental es la irresponsable e indignante actitud de mal trato de Donald Trump y su gobierno al pueblo boricua en sus días más difíciles. Este atropello ha dejado muy mal sabor en los latinos de Estados Unidos, quienes ven que a los boricuas además se les ha tratado como ciudadanos de segunda categoría. Nadie ha podido borrar la imagen de Trump lanzándole bruscamente papel higiénico a quienes asistieron a su rueda de prensa en San Juan cuando la tragedia de los huracanes. Y tampoco el cinismo con el que dijo que atender la emergencia estaba saliendo muy costoso al gobierno federal, para al tiempo retirar el apoyo de FEMA sin que hubiese concluido el manejo de la crisis.
En lo económico, llegados a este punto, ha quedado claro que la legislación Promesa, además de insuficiente para atender la crisis financiera, fiscal y económica, ratificó un trato propio del inaceptable neocolonialismo dispensado a Puerto Rico. Los hechos confirman que se requieren profundas reformas legislativas a escala federal para perfeccionar el funcionamiento del statu quo o, como alternativa, abrir paso a la estadidad. Sin un cambio estructural, se condena al pueblo puertorriqueño a mantenerse en la crisis actual y se le dificulta alcanzar el potencial que sin duda tiene, y en muy alto grado, la isla del encanto.
Es cierto que la deuda de Puerto Rico exige un plan de reformas y ajustes en el gasto de la isla, pero más allá de la racionalización de su política fiscal, el gobierno federal de Estados Unidos tiene un papel fundamental en este asunto. La reordenación del gasto militar ha tenido consecuencias. Una de las más relevantes, a raíz del cierre de la base naval Roosevelt Roads, en La Ceiba, sin que se haya logrado una alternativa de desarrollo sustentable que compense la pérdida de 6.000 empleos directos, con cerca de 300 millones de dólares anuales de aporte a la economía. La competitividad de Puerto Rico frente a otras naciones soberanas en el Caribe se encuentra limitada por su estatus político-jurídico, que hace aplicables decenas de leyes, regulaciones e impactos fiscales (no obstante los alcances de las leyes 20 y 22) a los negocios que pudieran desarrollarse en la isla. Las negociaciones, en el marco de la diplomacia económica, permiten a países vecinos en el Caribe diseñar alianzas favorables a las inversiones con otros Estados con una libertad de la que no dispone el gobierno de Puerto Rico, sujeto a la intervención del gobierno federal, lo que lo deja en desventaja competitiva.
Frente a esa situación, y tomando conciencia de la crisis para transformarla en oportunidad, buena parte del liderazgo boricua se ha percatado de que las cosas pueden cambiar organizándose y empoderándose dentro del sistema político federal de Estados Unidos, haciendo sólidas alianzas con el movimiento, no solo político, sino también el empresarial y creativo hispano o latino.
Los puertorriqueños no pueden votar en elecciones presidenciales, salvo que residan en territorio de algún estado de Estados Unidos. Y Puerto Rico no tiene representación directa con voto en el Congreso. Desde hace décadas, los boricuas se habían concentrado en la ciudad de Nueva York y sus adyacencias, haciéndose parte integrante de esa comunidad, y alcanzando poder e influencia política local indiscutibles. Pero su alcance nacional comienza a adquirir relevancia a raíz de la masiva migración de puertorriqueños al territorio continental de Estados Unidos, con ocasión de la crisis económica y del doloroso saldo de los recientes huracanes.
Hoy se calcula que casi 5,5 millones de puertorriqueños viven en territorio continental de Estados Unidos, y 3,3 millones en la isla. Según el prestigioso PEW Center, el crecimiento poblacional de la isla se detuvo en 2004 (precisamente el año del cierre de la base naval) y ha venido declinando debido al éxodo hacia territorio continental. El principal nuevo destino de los boricuas en este masivo movimiento migratorio es la Florida, en el corredor central del estado que se ubica sobre el eje de la autopista I-4 (principalmente Orlando-Tampa). En el año 2000 residían en Florida unos 450.000 boricuas y ya en 2016 eran 1,2 millones. Pero también se han concentrado en otras zonas, entre las que destaca Texas (en el área de Dallas-Fort Worth), Pennsylvania (en las adyacencias de Filadelfia) y, como ha sido tradición, también en Nueva York-New Jersey, donde ya se ha concentrado históricamente el grueso de la población boricua en Estados Unidos, seguida en su momento por Chicago, Filadelfia y Boston. De 2000 a 2016, la población puertorriqueña en suelo continental estadounidense pasó de 3,4 millones a casi 5,5 millones. No obstante, varias encuestas revelan que más de 50% de los americanos desconocen que los puertorriqueños son ciudadanos americanos.
Los estudios de opinión revelan al menos otras tres cosas: el voto boricua se inclina mayoritariamente a favor del Partido Demócrata; su ubicación geográfica puede ser decisiva en estados o distritos de comportamiento electoral pendular, e incluso contribuir a cambiar la tendencia en estados o distritos electorales tradicionalmente republicanos; y, en tercer lugar, Donald Trump es profundamente impopular entre los boricuas y los tiene motivados a votar. Por otra parte, la voz boricua, como expresión de esa diáspora, se ha visto amplificada en lo político. Además del representante de la isla sin derecho a voto en la Cámara, la delegación o conferencia hispana en el Congreso incluye cuatro diputados con plenos derechos, provenientes de Illinois, Nueva York y Florida; a saber, los representantes Luis Gutiérrez (D-IL), Nidia Velázquez (D-NY), José Serrano (D-NY) y Darren Soto (D-FL). En estas elecciones de mitad de período, dicha presencia podría crecer con otra diputación, en cabeza de la popular joven Alexandria Ocasio-Cortez, recién electa en sorprendentes primarias del distrito Bronx-Queens donde derrotó al representante Crowley, uno de los demócratas con mayor poder en la jerarquía partidista del Congreso.
Puerto Rico jugará, pues, un papel importante, junto con otros asuntos prioritarios de la agenda hispana, en estas elecciones parlamentarias de mitad de período. En Florida, el senador demócrata Bill Nelson ha sostenido un esfuerzo de representación de los puertorriqueños de mucha pegada, dándole voz a su causa en el Senado. Y hasta en la pugna electoral por uno de los senadores de Texas –donde la diferencia entre el emergente líder demócrata Beto O’Rourke contra el senador republicano Ted Cruz se ha venido estrechando–, el voto boricua (que se calcula en unos 125.000 residentes en dicho estado) puede ser de definitiva importancia. Los estudios electorales del Partido Demócrata también estiman que en Pennsylvania puede haber sorpresas en espacios donde hasta ahora salían favorecidos los candidatos republicanos al Congreso, precisamente por el influjo de electores de Puerto Rico ahora residenciados allí.
En ese orden de ideas, organizaciones de gran peso nacional como el Latino Victory serán parte de una campaña nacional denominada “Poder para Puerto Rico”, que cuenta con la adhesión de voces de gran influencia nacional, como el productor y actor de Broadway –creador de la hiperpopular obra Hamilton– Lin-Manuel Miranda, y el reconocido chef-empresario y filántropo José Andrés, junto a la ex vocera de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. Por supuesto, los líderes principales de la isla, donde ha brillado por su dignificante oposición a Trump la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, se harán sentir en este esfuerzo, que busca ampliar la influencia de Puerto Rico y su agenda en el debate político nacional, haciendo coalición con el resto del movimiento hispano y su agenda de prioridades.
Quizás el futuro de la espectacular isla del encanto y el pueblo boricua pueda cambiar con el empoderamiento a escala federal de su creciente presencia en el mapa continental de Estados Unidos.
Sin perder el enfoque en lo inmediato –que es recuperar finalmente a Puerto Rico y socorrer a su pueblo frente al impacto de los huracanes Irma y María–, es menester que la narrativa de la reconstrucción sirva para encarar ese absurdo que vive Puerto Rico, el drama político de un neocolonialismo que ha impedido estructurar una respuesta coherente al estatus institucional que merece la nación boricua en la estructura federal de Estados Unidos. Eso, en el contexto de la pasmosa indiferencia con que miran a los boricuas nada menos que 50% de sus conciudadanos, a lo que se suma, claro está, la discriminante indiferencia del actual presidente.
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