La institución universitaria se constituye en pilar esencial de progreso para los países, dada su misión rectora de gestionar procesos continuos de enseñanza-aprendizaje generadores de talento humano y bienes de capital tecnológico. En España, por ejemplo, las universidades contribuyen a la producción total de bienes y servicios (producto interno bruto, PIB) en casi 15%, es decir, de cada 100 eurodólares, el sector universitario contribuye en 15 eurodólares, bien sea a través de sus egresados o por medio del “stock” o acervo tecnológico producido. Además, en lo que respecta a las importaciones totales (compras al resto del mundo), estas no sobrepasan 30% del respectivo PIB.
No obstante, para la situación venezolana, en el escenario más “bondadoso”, solo las importaciones agrícolas se ubican cuando mínimo en ese porcentaje, y con una participación de las universidades en la creación del PIB que no supera el 0,5%, dada la precariedad en la asignación de los recursos: menos de 20% para gastos de funcionamiento, y casi nula para gastos de capital o acrecentamiento de la infraestructura. Con el agravante de que en los últimos tiempos: i) Entre 40% y 50% son los cálculos de disminución de la matrícula universitaria. ii) A causa de la devaluación recurrente e hiperestanflación, que han atentado contra la adecuada ejecución de los “planes de desarrollo integral” de las universidades, se requiere que se les restituya o invierta más de 3.000 millones de dólares.
Se recalca que una alternativa verdaderamente viable y contundente para resolver la crisis agravada en Venezuela depende de la conformación de un “tejido industrial”, producto de la integración, ampliación, diversificación y competitividad de los sectores económicos (entre ellos el agrícola, industrial y agroindustrial), que favorezca realmente y efectivamente el crecimiento sustentable de la “producción nacional”: basada en “innovación, productividad e internacionalización”. Sin embargo, con el mayor respeto ante la máxima autoridad del Estado venezolano, pero el “plan constituyente para el desbloqueo económico de Venezuela» y el conjunto de leyes presentadas recientemente ante la asamblea nacional constituyente (ANC) para su consideración y aprobación, aún descarta o subestima la esencial integración entre el sector público, empresarial y universitario (a).
Surge entonces la necesidad de construir un efectivo y pertinente marco regulatorio que igualmente sirva de soporte para iniciar de inmediato la ejecución de una propuesta complementaria de crecimiento sostenible, tal como la que se plantea en el “Plan Integral de Reconstrucción Universitaria” (PIRU): que en la práctica se traduce en un “desapego” del modelo rentista, el cual de forma sistemática a lo largo de los años ha generado un bloqueo en todos los ámbitos o dimensiones del venezolano.
En cuanto al PIRU: lo “integral” se refiere a todas las dimensiones que involucra el diseño de un plan efectivo, desde la perspectiva histórica, estructural y cultural: moral-ético; “reconstrucción”, debido a que la situación de emergencia económica, ya pública y notoria su conocimiento y aceptación por todos los actores de la sociedad, obliga a enfrentar dicha gravedad con estrictos criterios para reinventar y reactivar; “universitaria”, asumiendo sin ninguna ambigüedad, que la institución universitaria, en su doble papel de formador de talento profesional e innovador de capital tecnológico, puede y debe constituirse efectivamente en parte del ensamblaje o vaso comunicante, entre la política y acción gubernamental, con el otro sector generador de riqueza, como es, sin duda alguna, el empresarial.
- Leyes: abastecimiento soberano y de precios acordados de 50 productos, abastecimiento y precios de los CLAP, regulación y sistema de casas de cambio, promoción y protección de la inversión extranjera, régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero del Orinoco, creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur».