En 1976 el canciller del gobierno de Carlos Andrés Pérez ser reúne con Augusto Pinochet en su oficina en Santiago de Chile y le entrega una lista de presos políticos, cuya libertad solicitaba el gobierno de Venezuela. La reacción del dictador fue amable pero su rostro mostró la sorpresa y respondió con una frase ambigua: “Dígale al señor presidente de Venezuela que consideraré todo esto con interés”, así lo explica Ramón Escovar Salom en sus Memorias de ida y vuelta.
Enseguida el canciller venezolano le presenta otra solicitud y menciona a: “Luis Corvalan”, secretario general del partido comunista chileno, advirtiéndole que se trata de una gestión pedida por Nikolái Podgorni, entonces presidente de la Unión Soviética. El dictador con sorpresa salta de su silla y responde: “Usted sabe que ese hombre me quería matar a mí y tenía un plan para asesinarme?” Inmediatamente cambia el tema y le ofrece a su visitante recomendaciones sobre comida y vinos chilenos.
No obstante, y a pesar de esta primera y aparente negativa, la solicitud y gestiones del canciller venezolano lograron su cometido, pues “la mayoría de los incluidos en la lista fueron puestos en libertad y Corvalan meses después salió para el exilio. Su esposa me escribió expresando su gratitud”. No cabe duda de que se afirma con esto el compromiso de los gobiernos civiles de la democracia con la libertad y los derechos humanos de los perseguidos políticos de otros países latinoamericanos.
Esta gestión ante el gobierno de Pinochet autoriza a los demócratas venezolanos para recordarle al gobierno chileno cuál ha sido la participación de los gobiernos civiles en la causa de la libertad chilena. Cabría esperar algo semejante si entendemos las reglas de la reciprocidad. (Desde luego, hay que reconocer la acogida que le han dado a los venezolanos que buscan refugio en su territorio).
Chile disfruta de una democracia estable y su gobierno, por su índole y desempeño democrático merece nuestro reconocimiento. Hay separación de poderes y un admirable sistema de libertades económicas y políticas. Los venezolanos tenemos derecho de pedirles una gestión concreta -y equivalente a la que en su momento tuvo Venezuela- para que le soliciten sin ambages diplomáticos al presidente Maduro la amnistía y la liberación de todos los presos políticos. No se trata de “casa por cárcel” sino de libertad, con absoluto disfrute de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución.
Venezuela siempre dio acogida a quienes tuvieron que abandonar sus países de origen. La democracia venezolana fue fundamental en la solución de las distintas crisis vividas en los países de Centroamérica. Los perseguidos políticos de las dictaduras militares latinoamericanas encontraron acogida en la Venezuela democrática. Ahora pedimos ser correspondidos.
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