Más allá de la influencia siniestra de Cuba y Rusia, la que ejerce la mafia de la droga es clave para entender la complejidad de la crisis que aqueja a los venezolanos. Y no bastan los esfuerzos políticos para solucionarla, sino también acciones más específicas para echar a la pandilla que intenta sobrevivir atrincherada en el poder.
En Venezuela, a diferencia de otras naciones americanas con carteles civiles y paramilitares, el narcotráfico lo controlan la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Nacional, ha dicho Mildred Camero, que dirigió la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Conacuid, hasta que Chávez la despidió en 2005, cuando también le dio 24 horas a la DEA para salir del país.
Esa situación explica el enorme poder e impunidad que exhiben los narcos venezolanos, que permiten el tránsito anual por territorio nacional de entre 240.000 y 300.000 toneladas de droga destinadas a Estados Unidos y Europa, según cálculos de Camero, coautora del libro Chavismo, narcotráfico y militares (2014).
La circunstancia explica asimismo el temor de los narcos venezolanos del Cartel de los Soles, de tener que rendir cuentas ante tribunales nacionales e internacionales. De allí que el poder para ellos constituya una suerte de salvoconducto o de tabla de salvación. ¿Por siempre jamás? Tal vez no.
El expediente contra la pandilla se acumula y resolver el problema es crucial para naciones como Estados Unidos, potencia mundial que toma muy en serio cómo salvaguardar su seguridad. El narcotráfico es una de las peores amenazas y se requiere testigos para armar el caso con datos de Venezuela y los aportados por narcos colombianos y mexicanos extraditados o por extraditar, la pesadilla de sus pares venezolanos.
El entonces presidente Juan Manuel Santos aprobó en 2015 –pese a las presiones de Caracas– las extradiciones a Estados Unidos de los colombianos Gersaín Viáfara Mina, alias Eliseo, contacto en Venezuela de narcos militares y sus jefes, y del “empresario” Óscar Hernando Giraldo Gómez, descrito por el diario El Tiempo de Bogotá como “el testigo estrella que destapará el Cartel de los Soles”.
En Colombia consideraron entonces que esa medida, que amenazaba la posición interna de algunos de los personajes más poderosos del chavismo, generó la represalia del cierre de frontera y la extradición masiva de colombianos ordenada por Maduro ese año, con el pretexto de que eran paramilitares.
Maduro argumentó que el ataque del 19 de agosto de 2015 en el que resultaron heridos tres miembros del Ejército y un conductor civil que realizaban operaciones de inteligencia, fue perpetrado por paramilitares colombianos.
Pero fuentes parlamentarias y periodísticas coinciden en que el incidente en realidad era parte de la guerra entre el Cartel de los Soles, integrado por miembros del Ejército, y el Cartel de la Guajira, conformado por miembros de la Guardia Nacional, que se disputan operaciones de narcotráfico y el contrabando de extracción.
Y ese episodio trataron de ocultarlo con una cortina de humo.