Pérdida del puesto en el Consejo de Derechos Humanos

El análisis de la razón del fracaso del gobierno en su fallido intento de reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no puede quedarse en los vítores de la oposición o los improperios del gobierno contra el imperio, sino que a la luz de una revisión diacrónica en la evolución de los hechos a través del tiempo; la pérdida del puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene una doble implicación; de un lado deja a Cuba, China y Rusia sin un fiel aliado en este ente, y por el otro representa un escollo más para Miraflores y en particular para la Casa Amarilla al amparo de la llamada “diplomacia de paz”, donde el recién llegado canciller para su fortuna, no tiene ni arte ni parte en este revés, “aunque en guerra avisada no muere soldado”.

Hace cuatro años atrás en junio del 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una visita a Caracas, recuérdese que en declaraciones a la prensa, cito: «La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, al constatar el testimonio de un hombre que le contó, como su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados». En ese mismo contexto, a raíz de la visita de Bachelet, la comisión mediante la Resolución 42/25, el 27 de septiembre creó una Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos Atentatorios contra los Derechos Humanos, por un período de un año, a fin de “verificar la existencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014” con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

En paralelo ese mismo año 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebró elecciones para un asiento en el citado cuerpo, donde resultaron electos Brasil, con 153 votos, Venezuela, con 105 y Costa Rica quedó afuera con 96 votos, al requerirse 97 votos para el desempate en una nueva ronda. Esta nueva elección la semana pasada,  representó un barajo en la composición del ente de la ONU, al resultar ganadores Chile con 144 votos y Costa Rica, con 134, lo cual representó un aumento en los ticos de 28 votos a costa de Venezuela, que obtuvo solo 88 votos, en comparación a la votación de 2019; perdiendo en esta oportunidad 27 votos que es lo mismo 16%; cantidad muy significativa para un gobierno que buscaba reelegirse y tiene como eslogan la “diplomacia de paz”.

Para quienes no están familiarizados con las votaciones y elecciones en el sistema de la ONU, efectivamente el mecanismo se da mediante el intercambio de candidaturas; algo así como un intercambio de “barajitas”, donde incluso una candidatura puede hasta otras dos candidaturas, dependiendo del interés de los gobiernos. Pero en este caso influyeron otros factores que determinaron la perdida de la silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Bachelet, al año siguiente, en su informe, presentado ante el Consejo durante el 44º período de sesiones el 15 de junio de 2020 con los resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La Alta Comisionada en el párrafo 83 describió lo siguiente: “Observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales de las personas que presuntamente habían participado en acciones de desestabilización del Gobierno. Casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron objeto de desaparición forzada durante breves períodos de tiempo después de su detención y antes de ser conducidas ante el juez 83. El ACNUDH observó un patrón de detenciones ilegales».

Al año siguiente en el informe de actualización de 2021, presentado, durante el 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2022, reiteró: «Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso». A este informe hay que agregar el Informe  del pasado 29 de junio donde recomendó “la disolución de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional».

Por otro lado, se encuentran la apertura de la Investigación en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad y los tres informes de la Misión Independiente de Verificación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) creada por la Resolución 42/25; el último presentado el pasado mes de septiembre de 2022 el cual concluyó: «La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo grave. El país ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado».

Es lógico que esta cadena de informes condenatorios tuvieran sus efectos sobre el resultado de las elecciones y en los gobiernos electores, al momento de dar su voto para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU impidiéndole al gobierno lograr su objetivo de repetir en el citado órgano, lo cual representa una derrota para la “diplomacia de paz”.

En definitiva, las seis razones que influyeron en esta derrota se debieron a:

1) Efectos del informe presentado por Bachelet como presidente del  Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

2) El reciente informe de la Comisión independiente de derechos humanos.

3) La apertura de investigación por crímenes de lesa humanidad.

4) El efecto directo de las sanciones. Venezuela está en mora en los organismos internacionales desde hace 3 años, por lo cual no pueden pagar sus cuotas al no poder hacer las transferencias bancarias.

5) La “Diplomacia de Paz” junto con la “Diplomacia Crematística” del cambio de petróleo por apoyo internacional, no tuvo los efectos deseados.

6) La insolvencia de Venezuela al no poder votar, obligó a algunos países a reconsiderar su voto a favor de Costa Rica, dejando al gobierno por fuera como la guayabera.