Es algo difícil de creer lo que vimos en la Corte del Distrito Sur de Florida cuando acompañé al economista Federico Alves a revisar el expediente contentivo de la demanda que por la suma de 10.000 millones de dólares más el pago triple por daños, más el pago de honorarios de abogados, interpuso una persona privada, “US Pdvsa Litigation Trust”, a la cual supuestamente Pdvsa le habría cedido los derechos para estos reclamos, de manera que el dinero lo tomaría esta persona privada, no Pdvsa. Preguntas obligadas y de respuestas suspendidas: ¿Por qué Maduro prefirió la opción de abrir este litigio en Estados Unidos y bajo el truco de crear esa persona jurídica privada? ¿Por qué no se organizó honestamente la demanda a nombre de Pdvsa?
La demanda detalla la trama delictiva que estaría operando en Pdvsa desde 2004 y dice que todavía se mantiene activa, es decir, un delito continuado por 14 años y que se ejecuta en diversas partes del mundo por una organización internacional centrada en Caracas. Es decir, delincuencia organizada transnacional que partiendo de Venezuela se extiende por varios países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, y con lo cual están presentes todos los requisitos para perseguir esto bajo el concepto de la Convención de Palermo, o del principio de la Jurisdicción Universal, que pueden ser perseguidos sin fronteras por tribunales de cualquier país donde haya tocado alguno de los tentáculos del crimen que sin duda es mayor que el de Odebrecht.
La demanda en sí constituye un delito por lo siguiente: 1) Se basa en el fraude que significa la enajenación de esos derechos económicos –cuantificados en 10.000 millones de dólares– a una empresa privada sin haber pasado por la autorización de la Asamblea Nacional, como lo preceptúan nuestra Constitución y la Ley de hidrocarburos. 2) Con esta maniobra se pretende (incluso así se ha reconocido públicamente) defraudar a los acreedores que tendrían derecho a cobrarse de esos dineros que su deudora Pdvsa recupere con esta acción. 3) Oculta la obligatoria participación de los jefes directivos de Pdvsa desde la fecha que marcan como inicio del delito (2004) hasta hoy.
Crimen de lesa humanidad
Sostengo que el crimen de lesa humanidad no puede ser solo el que se refiere a matar gente a tiros, también lo es lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se somete a un pueblo a toda clase de penurias por el robo masivo de los dineros públicos. No tengo dudas en afirmar que aquí estamos ante una clara demostración de un crimen de esa naturaleza, ideado, practicado y para el beneficio de la clase política que ocupa el poder en nuestro país. La trama delictiva del caso ha sido estimada en más de 10.000 millones de dólares, un saqueo sin precedentes que ha llevado a 30 millones de venezolanos a la tragedia humanitaria que hoy sufre y que se le dejó y deja hacer durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
La revelación de este thriller
La gran prensa del mundo reventó este escándalo el 8 de marzo. Las agencias Reuters, AP, Bloomberg, entre otras, informaron sobre la demanda que cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y donde se detalla minuciosamente cómo, cuándo y dónde se ejecutaron los actos delictivos. La acción la introdujo el bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner en nombre de una persona jurídica denominada “US Pdvsa Litigation Trust”, que aunque en declaraciones de prensa se afirma que es de Pdvsa, en el expediente no aparece confirmado. El abogado sostiene que la acción es impulsada por esta bajo un contrato de fideicomiso, según el cual le será entregado el dinero que se recupere y que se hizo así para proteger dichos fondos de posibles reclamaciones por deudas. Es decir, que se fabricó un modo de recuperar el dinero pero sin que los acreedores puedan cobrarse de ello, un truco para no pagarles, algo así como “vamos a recuperar lo que nos han robado, pero lo esconderemos para que no nos puedan cobrar lo que debemos”.
En resumen, si el dinero se recupera no iría directamente a Pdvsa sino a esta empresa privada creada para ello, la demandante “US Pdvsa Litigation Trust”, la cual decidiría qué hacer con esos 10.000 millones de dólares y que incluso podría celebrar un acuerdo privado con los demandados para cerrar el juicio sin que nadie siquiera se entere de los detalles.
Según la nota de prensa de Reuters, el abogado David Boies le dio una declaración telefónica en la que dijo: “Esta es una demanda de Pdvsa que ilustra hasta qué punto Pdvsa y la República de Venezuela están ahora preparados para ir tras la corrupción, independientemente de quiénes sean las personas involucradas”. Por otra parte, la agencia AP y bajo la firma del periodista Joshue Goodman publicó que el abogado Boies le informó: “Esta es una acción que Venezuela ha tomado para restablecerse como un país donde se aplica el Estado de Derecho, donde no se tolerará la corrupción y donde las personas que violen la confianza pública serán responsables”.
Por muchas razones, muchos diferimos de la afirmación del abogado sobre los motivos patrióticos y de honestidad del gobierno venezolano para esta acción judicial puesto que no hay, nunca ha habido, transparencia en los manejos de la cosa pública. Incluso, en la demanda se afirma que la operación delictiva se sigue ejecutando dentro de Pdvsa y que aún allí están operando personas involucradas e incluso uno de los demandados, como lo es el actual jefe del Departamento Comercial y de Asistencia de Pdvsa, Ysmel Serrano.
Versión de la periodista Maibort Petit
Una de las pocas fuentes de información que se ha tenido en Venezuela proviene de la acuciosa periodista Maibort Petit a través de su blog, donde el 11 de mayo publicó un resumen de todas estas informaciones sobre el caso que echan por tierra las versiones de honestidad de Maduro que pregona el abogado demandante, pues circunscribe el caso a una maquinación del maquiavélico Wilmer Ruperti.
Ruperti, Ruperti, Ruperti
Dice Maibort Petit que la demanda tendría origen en una venganza de Wilmer Ruperti contra su ex socio Francisco Morillo, con quien compartiera temas de negocios, pero que por razones de reparto de ganancias habrían peleado y que tal conflicto sería la causa de esta acción judicial. Morillo sería el cerebro para montar esta organización delictiva desde el año 2004, y todos los detalles los guardaba en su computadora personal, de la que nunca se separaba; pero no contaba con la astucia de su esposa, quien copió el disco duro. Entre Morillo y la esposa, la señora Vanesa Acosta Friedman, hubo un fuerte pleito que los llevó al divorcio y ella habría entregado la copia del disco duro a Ruperti. Este entonces se lo dio a sus abogados, el bufete Boies, Schiller & Flexner, el mismo que antes contrató para la defensa del sobrino de Cilia Flores, y de allí surgió esta acción reveladora de los intríngulis del saqueo contra Pdvsa y de lo cual ahora también pretenden aprovecharse.
Consignamos un escrito en el expediente
Como antes dije, el economista venezolano Federico Alves me motivó a ver este caso, fui con él a revisar el expediente en el tribunal y allí consignamos un escrito donde le pedimos al juez que notifique a nuestra Asamblea Nacional porque la base de la demanda contiene estos elementos: 1) Se trata de dineros de la nación lo que está en litigio. 2) Pdvsa, que es una empresa de Estado, debe estar legalmente bajo control legislativo y para haber transferido los derechos sobre los dineros de esta trama delictiva tendría que haber sido aprobado por nuestro Parlamento, lo cual no ha ocurrido.
Falta mucho que analizar, pero ya el artículo está muy largo… To be continued