Esta trama propia del teatro del absurdo en que ha devenido nuestro país ha producido su más reciente puesta en escena con la risible acusación de “traición a la patria” a miembros de la oposición democrática. Nada menos que una írrita y fraudulenta “asamblea constituyente”, que ha sido desconocida y repudiada por toda la comunidad internacional, y que cometió traición a la Constitución nacional vigente, acusa de “traidores a la patria” a los diputados de la Asamblea Nacional legítima y elegida por 14 millones de venezolanos, con el único propósito de proteger intereses económicos de unos pocos privilegiados. Veamos por qué.
Recordemos algunos datos. Nuestro país tiene hoy la mayor inflación del planeta, el decrecimiento económico más severo de la región, la escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina, la tasa de homicidios más alta del mundo, y es la nación más pobre en términos de ingreso de todo el continente, con un escandaloso 82% de familias por debajo de la línea de pobreza, según cifras de la UCAB, la UCV y la USB. Pero, mientras esta tragedia humanitaria se desarrolla, la concentración de la riqueza en pocas manos avanza “a paso de vencedores”. En la actualidad, el 10% más rico del país se queda con 32,2% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre tiene que conformarse y subsistir con menos de 12%. No en balde, nuestros niveles de desigualdad social han alcanzado sus índices más altos en 20 años, y han venido acelerándose sostenidamente desde 2014.
Pero nada de esto es por azar. Este insólito aumento de la desigualdad social a medida que la economía del país decrece y los venezolanos se empobrecen se explica por el acceso diferencial y discriminatorio de algunos afortunados a recursos públicos que son de todos los venezolanos, y por su posibilidad de hacer negocios con contratos de interés nacional y con el remate sin control de activos y riquezas del país. Pues bien, cuando la Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional alzan su voz para alertar sobre estos delitos y pedir que se actúe contra ellos, los delincuentes gritan que eso es una traición a sus negocios.
En esto hay que ser claros: la acusación de “traición a la patria”, que en boca de los inefables voceros de la dictadura no quiere decir otra cosa que “traición a sus cuentas bancarias personales”, es la respuesta a la exigencia de la AN y de la MUD de que se respete la Constitución y se evite así el remate irresponsable de los activos del país.
La Mesa de la Unidad Democrática ha insistido en alertar a toda la comunidad internacional para que nadie realice tratos financieros ni establezca contratos de interés nacional con el régimen de Maduro sin que tales operaciones pasen por la Asamblea Nacional, que es el órgano que la Constitución establece para revisar y autorizar tales compromisos, a fin de asegurar que no perjudiquen a la población ni se lesionen los intereses de la República. Esta exigencia al mundo de que se respete la Constitución y a los venezolanos es, por supuesto, un estorbo a los planes de endeudar al país sin control y de rematar sus riquezas en beneficio de unos pocos. Este es el delito de “traición” que indigna al régimen. Porque para las tiranías, cualquiera que pregone y luche por la justicia es siempre un traidor.
La defensa de la patria es la defensa de la calidad de vida de los venezolanos y no la defensa de los negocios de los corruptos. Es la defensa de la alimentación, la salud, el trabajo y la vida de los venezolanos concretos, de carne y hueso, y no la defensa de falsas ideologías que se usan como excusas para enriquecerse y reprimir. Porque, como decía Alí Primera por allá por 1977, “la patria es el hombre”. Y ese hombre, ese venezolano que somos todos, es hoy la víctima del gobierno más antipatriota en la historia de nuestro país. La lucha por liberarlo, al mismo tiempo que una noticia de esperanza para la mayoría, es la amenaza más peligrosa para quienes hoy ríen y disfrutan del sufrimiento de todo un pueblo.
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