La Misión Internacional Independiente para Determinación de los Hechos de la ONU es liderada por Marta Valiñas (centro)
El último informe de la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y la perpetración de delitos de lesa humanidad por parte del régimen chavista es contundente. Se trata de la constatación de que efectivamente el Estado chavista ha usado la violencia contra civiles y militares que se le oponen para mantenerse en el poder. A pesar de su gran impacto y significación esta constatación no es la primera ni será la última que se produzca sobre crímenes con fines políticos cometidos en Venezuela.
Ya antes muchas otras instancias internacionales tales como la OEA y la propia ONU han confirmado lo que este último informe revela. A esto habría que sumar las innumerables denuncias de víctimas y familiares que han sido documentadas por periodistas y comunicadores en los medios que, aunque no sigan rigurosos patrones metodológicos como el informe de la ONU, contienen innegables e inocultables relatos de la crueldad y saña con la cual estos crímenes han sido perpetrados.
Estos informes y reportes, incluido el último de la ONU, coinciden en caracterizar estos hechos como violencia política ejercida por el Estado chavista y sus órganos en contra de la población civil venezolana desarmada en forma deliberada, selectiva y sistemática.
El Estado chavista ha sustituido al Estado nacional venezolano. Esto le permite actuar con impunidad a través de leyes y órganos para el beneficio de la oligarquía gobernante y no en interés de todos los venezolanos. Así las Fuerzas Armadas dejaron de ser nacionales para reducirse a ser el brazo armado del régimen ejerciendo la violencia con fines políticos en forma directa y mediante grupos paramilitares y parapoliciales tales como el Sebin y la Dgcim. El entramado legal y judicial está diseñado para justificar y soportar estos crímenes de lesa humanidad como justos y necesarios a la luz de la Constitución de 1999 y las leyes chavistas.
De acuerdo con estos documentos la violencia contra civiles y militares que se oponen al régimen es deliberada e intencional. No es el resultado de comportamientos autónomos o espontáneos sino del cumplimiento de órdenes claras que viajan a través de la cadena de mando desde el presidente Nicolás Maduro hasta el esbirro ejecutor del crimen. La autoría intelectual y la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, el Alto Mando Militar y los operadores a cargo de esos órganos parapoliciales y paramilitares es innegable, tal como lo reconocen los informes.
La violencia que ejerce el Estado chavista es selectivamente aplicada a todos aquellos que asumen una posición disidente frente al régimen. La doctrina del poder público le reconoce a todo Estado el monopolio de la violencia para lograr sus fines. Pero esa violencia que puede usar el Estado pierde su justificación cuando se emplea en forma discriminada para perseguir a quienes disienten del régimen, o sea, por motivos partidistas.
Se reconoce que el Estado chavista usa la violencia en forma sistemática en contra de la población civil disidente. Se trata de un conjunto de planes, programas e instrucciones establecidas con claridad e implementadas en forma permanente en cada uno de los órganos del régimen. Sin duda, la violencia es una política de Estado vigente y efectiva del Estado chavista. Hay manuales y procedimientos que contienen los criterios y los pasos para ejercitar la violencia política.
A pesar de la fina caracterización de estos hallazgos, muy pocos se sorprenden porque ciertamente no son nada nuevo. Eso ha sido y será el chavismo hoy y mañana si siguen en el poder. La pregunta entonces es ¿para qué sirve que en forma reiterativa se siga documentando y ratificando la naturaleza esencialmente criminal del régimen chavista? ¿Adónde conduce que este y otros informes que vendrán insistan en probar rigurosamente que el Estado chavista usa la violencia para mantenerse en el poder? A la luz de la suerte que han corrido otros documentos similares estas preguntas cargadas de escepticismo están justificadas y en absoluto intentan restarle importancia al hecho de que, una vez más, se declare al Estado chavista como el sujeto activo en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Entonces, ¿qué hacemos con esa constatación? ¿Servirá este último informe de la ONU para que, por ejemplo, la falsa oposición desde la MUD y el interinato decidan abstenerse de participar, sin garantías, en el fraude electoral organizado por perpetradores de violaciones de los derechos humanos? ¿O acaso el Departamento de Estado estadounidense lo usará como insumo para dar un viraje en su política permisiva y complaciente con el régimen chavista para enfrentarlo decididamente y buscar su derrocamiento?
Después de todo, declarar un Estado como responsable de delitos de lesa humanidad no es poca cosa. Algo concreto hay que hacer con ese último informe de la ONU, además de manosearlo retóricamente a riesgo de banalizar su contenido y hacerle el juego al régimen que intentará maquillar esos crímenes para presentarlos como justificados e inevitables en la nueva normalidad chavista.
@humbertotweets