El país en una encrucijada

Al momento en que entrego esta nota a la redacción del periódico, no se ha realizado la sesión de la Asamblea Nacional para legislar, tal vez, sobre el más importante asunto sobre el que tiene que pronunciarse en el tiempo que lleva en funciones: aprobar el enjuiciamiento del presidente de la República por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht que solicitó la legítima Fiscalía General de la República ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia. El 9 de abril del presente año el tribunal admitió el antejuicio de mérito contra Maduro, solicitado por la fiscal general, ordenó su prisión preventiva y, en tal sentido, formuló una solicitud a Interpol de alerta roja en su contra. Asimismo, el TSJ en el exilio ofició a la AN para que, según el orden constitucional, autorice el enjuiciamiento del presidente; advirtiendo que la autorización respectiva generará la suspensión e inhabilitación inmediata del funcionario para ejercer cualquier cargo público, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. He ahíí la gran importancia que tiene para el futuro inmediato del país las consecuencias que generaría la aprobación o no por la Asamblea de la solicitud del TSJ en el exilio. Igualmente, el desenvolvimiento y los resultados de la sesión de la AN pondrán a prueba la consistencia de la política unitaria del bloque opositor que tendrá que enfrentar estoicamente las artimañas y presiones de diverso tipo que, sin lugar a dudas, pondrá en acción el régimen de Maduro. Sobre el particular se tejen muchas conjeturas y teorías que van desde la solvencia jurídica de la solicitud del TSJ exilado hasta el compromiso real de cambio político de las diversas organizaciones opositoras con curules en la AN. Todo ello genera en los ciudadanos del país incertidumbre y cuestionamientos sobre la valentía, enjundia y determinación con la que los parlamentarios opositores enfrentarán una materia de tanta envergadura; el liderazgo opositor ha perdido credibilidad y prestigio. Muchos temen que algunos opositores apliquen estratagemas parlamentarias para no aprobar el enjuiciamiento de Maduro; el colectivo ciudadano no olvida lo que ocurrió hace un tiempo por la irresponsabilidad de algunos asambleístas que impidió la elección de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral.

Bien, las cartas están sobre la mesa, ha habido pronunciamientos de algunas fracciones políticas que anuncian votarán por el enjuiciamiento y otras no se han manifestado; no obstante, las recientes realineaciones en el espectro político opositor generan más dudas que certidumbres, y el país espera que sus aspiraciones de un cambio político no sean nuevamente frustradas e ignoradas por la dirigencia opositora; esta no puede olvidar la importancia de lo que está en juego y su responsabilidad de atender las necesidades y aspiraciones de un pueblo que, a pesar de la suspicacia generalizada sobre su proceder, a lo largo de 18 años les ha ofrecido apoyo y seguimiento a sus directrices.

Por otra parte, esta acción del TSJ en el exilio ha generado mucha controversia desde el punto de vista jurídico político entre diversos actores de la sociedad civil. Sin embargo, vale la pena destacar que sea lo que sea que hagan el régimen y la podrida institucionalidad de la que se sirve impunemente, para evitar y poner en tela de juicio la formalidad jurídica de la decisión de la AN, los grupos opositores esperamos que la representación parlamentaria y la dirigencia disidente sepan y estén dispuestos a dar la pelea y enfrenten la presumible adversidad incoada por la perversidad gubernamental y su desmedido afán de mantenerse en el poder. En cualquier caso e independientemente del resultado de esta nueva acción política de la oposición, es menester que esa dirigencia provea a los disidentes del régimen de una hoja de ruta política que debería seguirse a partir del día que finalice el debate en el seno de la AN.

Amanecerá y veremos.