Luego de las elecciones del pasado 10 de diciembre, una vez conocidos los resultados, el presidente de la República afirmó: “Partido que no haya participado hoy y haya llamado a participar en boicot no puede participar más. Desaparecerán del mapa político”. Así fue reportado por la prensa de ese día. Se trata de una declaración que no puede pasar inadvertida, porque constituye una amenaza a la posibilidad de llevar a cabo un proceso electoral en el que todos los participantes tengan las mismas oportunidades. No puede haber alternancia del poder sin la participación libre de los partidos políticos, en las elecciones presidenciales que se anuncian para el próximo año.
Durante la época de la democracia venezolana hubo participación electoral de los partidos más diversos: desde la derecha hasta la extrema izquierda. Solo la ilegalización del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionario en el gobierno de Rómulo Betancourt puede citarse como caso contrario, debido a la violencia guerrillera.
En ese contexto nace la Ley de Partidos Políticos de 1965, cuyo artículo 4 establece: “Los partidos políticos deberán establecer en la declaración de principios o en su programa el compromiso de perseguir siempre sus objetivos a través de métodos democráticos, acatar la manifestación de la soberanía popular y respetar el carácter institucional y apolítico de las Fuerza Armadas Nacionales”. Esta norma es reproducida en la ley de 2010. De manera que no puede ser sancionado el partido que usa métodos democráticos en su lucha política. Participar o no en un proceso electoral es una opción que brinda la democracia.
El anuncio del presidente pudo haber sido solo un ejercicio retórico. Sin embargo, ya hemos aprendido que su voluntad suele convertirse en ley o en jurisprudencia. Existe el riesgo de que se pueda establecer el partido único, característico de los totalitarismos, mientras que la pluralidad de partidos políticos es esencial para las democracias.
La situación sería distinta si se realizan las elecciones con un Consejo Nacional Electoral integrado por nuevos miembros que ofrezcan confianza a los opositores, garantice la pulcritud del proceso y el respeto de los resultados. Si el presidente Nicolás Maduro participa en el proceso electoral con condiciones iguales para todos los aspirantes y con un árbitro imparcial, no podría ganar las elecciones.
La alta abstención del 10D se debe a que la población perdió la confianza en su sistema electoral; ni el carnet de la patria pudo movilizar a los beneficiarios de sus dádivas. Además, el mensaje contradictorio y las disputas de la oposición confundieron al elector y perjudicaron la opción democrática. En todo caso, resulta muy difícil de entender cómo el régimen, responsable de la crisis que vive Venezuela, puede seguir ganando elecciones. Ya lo dijo José Stalin, en una frase que se debe recordar: “No importa cómo se vota, ni dónde ni a quién. Lo importante es quién cuenta los votos”. Por eso, cualquier proceso de negociación que no logre cambiar el órgano electoral estará destinado al fracaso.
En este ambiente, la oposición debe unirse y superar las diferencias intestinas. No hay otra opción. En el caso de que se inhabilite a los partidos políticos opositores, se debe escoger un candidato presidencial con pegada para atraer votos de toda la oposición e, incluso, del chavismo. Esto sería una posibilidad que no se debe descartar. El outsider puede ser una opción electoral para salir de este entrampamiento y sería una candidatura invencible.