Cuando el 19 de noviembre los brasileños celebren el día de la bandera recordarán sin duda el lema inscrito en ella: “Ordem e Progresso”. Se corresponde, de algún modo, con la aspiración mostrada en las recientes elecciones presidenciales, en las cuales, más allá de las diferencias expresadas en los múltiples y muy diversos análisis, se puso de manifiesto una voluntad nacional de respeto a la Constitución y a las instituciones.
Puestos a enumerar explicaciones al resultado electoral brasileño, los analistas coinciden en señalar el cansancio popular de la política y de los políticos tradicionales, un grave deterioro de la economía, un estado de cosas insostenible en lo social, la entronización de la corrupción a los más altos niveles, la traición al compromiso democrático o la desfiguración de sus prácticas. Difieren en otras explicaciones como el carácter de los candidatos, la orientación y los medios de la campaña electoral, el tono del discurso, la sinceridad de la oferta, la condición pendular de la política, la influencia de los cambios en la región.
Fernando Henrique Cardoso analizó las razones del triunfo de Bolsonaro. “Fue capaz de hacerlo debido a la creciente sospecha de la gente de que la democracia representativa es incapaz de ofrecer lo que necesitan”, escribió en The Washington Post. También interpretó el rechazo de los brasileños a la sociedad parasitaria estimulada por gobiernos izquierdistas que reparten mucho a los pobres sin preguntarse “quién paga la cuenta”.
Pese a todos los reclamos, el brasileño medio percibió que la convivencia social nace de un acuerdo que hay que respetar, que es la Constitución, que se expresa en la separación de poderes, en la independencia del Poder Judicial, en la capacidad de la sociedad para castigar la corrupción o las desviaciones de la política. Cuando eso sucede gana el que mejor exprese el sentimiento nacional, tanto las frustraciones como las aspiraciones, tanto la voluntad de castigar como la de decir basta, la de apoyar el cambio como la de mantenerse vigilantes para exigir. Se equivocaría el ganador si llegase a pensar que ha recibido la confianza popular sin beneficio de inventario.
El apego a la institucionalidad y la fortaleza de las instituciones es lo que debe permitir hacer el seguimiento a las promesas electorales y a las ejecutorias del gobierno. No hay duda de que el nuevo gobierno de Brasil tendrá que asumir decisiones complejas, ajustadas a la ortodoxia económica, posiblemente impopulares, por las cuales habrá de pagar un precio político. Como observa un diplomático que toma directamente el pulso brasileño, si el nuevo presidente cumple sus promesas vienen profundas reformas, reformas que Brasil necesita urgentemente. Hay mucho por verse, pero, como habría dicho un campesino brasileño: “Bolsonaro puede no ser el mejor fertilizante para Brasil, pero es el mejor pesticida que precisamos ahora”
En su primer discurso luego de su elección Bolsonaro prometió defender la Constitución, la democracia y la libertad. Han de interpretarse sus palabras como un gesto para generar confianza. Queda la memoria de una campaña radicalizada y de posiciones controversiales. Y queda siempre, también, la posibilidad de equivocarse, la de ver al líder carismático convertido en autoritario, transformadas las aspiraciones populares legítimas en alimento del populismo, socavada la institucionalidad por la arbitrariedad y el personalismo. El antídoto, desde luego, no puede ser otro que más democracia, más institucionalidad, más respeto a la ley y a los derechos ciudadanos, más libertad.
Eso es precisamente a lo que Venezuela aspira, a vigencia efectiva de la Constitución, a separación de poderes, a ejercicio legítimo e imparcial de la justicia. ¿Ha pasado algo con la corrupción vinculada precisamente a la empresa brasileña Odebrecht? El nuevo presidente brasileño ha sido electo en un país que aún conserva transparencia electoral y democrática. Venezuela ya no. Una de nuestras mayores pérdidas es precisamente la de la fe en las instituciones, la institucionalidad, la legalidad.
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