La iniciativa de Uruguay y México para tratar de impulsar un diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro Moros solo busca ganar tiempo para que este último refuerce las herramientas de poder interno para reprimir al pueblo que mayoritariamente le adversa.
Los gobernantes uruguayo y mexicano pertenecen a la tendencia izquierdista del siglo XXI, vigente en América Latina desde finales de siglo pasado hasta nuestros días.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó tomar partido frente a la hambruna venezolana aduciendo razones de no intervención en política interna de otros países.
Esta determinación de AMLO deja a su suerte a quienes por falta de alimentos y medicinas mueren en Venezuela.
El mandatario mexicano se hace “el tonto” ante la desviación de cuantiosos recursos y la comisión de toda clase de delitos, llevada a cabo por Maduro Moros, causante principal de la crisis social.
Llega López hasta abandonar el Grupo de Lima.
Las acciones políticas desarrolladas por un grupo de países latinoamericanos junto a Estados Unidos de América, Canadá, Mercosur y la Unión Europea, desconociendo el proceso electoral del mes de mayo de 2018 en el cual Maduro fue elegido, y el posterior reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, siguiendo la Constitución de Venezuela, disparan inesperadamente las alertas en la capital mexicana. La cosa va en serio, reflexiona el “manito”.
López Obrador procede a instalar a toda prisa mecanismos de conciliación que alarguen la presencia de Maduro.
Durante muchos meses, Maduro Moros estableció de hecho como política nacional burlarse de los términos de casi una veintena de reuniones de «diálogos», propiciados por diversos actores.
A principios de enero, un legislador venezolano, Rafael Ramírez Colín, exigió investigar posibles aportes en efectivo al candidato del partido «Morena», según recoge el diario El Heraldo de México.
En el caso de Uruguay, otros hechos ponen en evidencia la influencia de la corrupción en la relación de ambos países, que estaría influyendo en las actuales propuestas de diálogo apadrinadas por Montevideo y Ciudad de México.
En el año 2005 los presidentes de Uruguay, Tabaré Vásquez, y Venezuela, Hugo Chávez, firmaron un Fondo Económico Bolívar-Artigas para el financiamiento de diversos proyectos con recursos de Pdvsa. Dichos dineros se utilizarían parcialmente para comercializar productos hechos en Uruguay para el consumo de Venezuela.
José Mujica, al ganar las elecciones en Uruguay, refrendaría lo convenido. Al igual que Tabaré, practicaría el clientelismo político que privó en tales acuerdos a la hora de designar a dedo las corporaciones beneficiarias dentro de esta alianza de cooperación.
El manejo de dicho fondo arrojó múltiples irregularidades que conllevó a una seria investigación judicial que continúa en marcha.
Sobre juzgados penales de Uruguay, reseña el diario Últimas Noticias en 2008: “El ministro de Industria, Daniel Martínez, el presidente de OSE, Martín Ponce de León, el presidente de Ancap, Raúl Sendic, y los legisladores Margarita Percovich, Jorge Orrico, Jorge Patrone, José Carlos Cardoso, Jaime Trobo y Álvaro Alonso declararán esta semana por el Fondo Bolívar-Artigas”.
La joya de la corona en irregularidades es la compra de casas prefabricadas a la empresa uruguaya Umissa por 150 millones de dólares. En cuanto a esta negociación, el entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, al ser interpelado en Venezuela, afirmó que se le había pagado a la constructora el 100% del dinero, pero que la corporación no había cumplido.
En la nación bolivariana, este mes dos diputados opositores militantes del Partido Nacional en Montevideo han realizado un “llamado urgente” a representantes del Banco Central Uruguayo, para que expliquen la delación que realizó el presidente (E) Juan Guaidó. “Están tratando de mover desde Bandes un dinero que está en una de las cuentas a Uruguay. El llamado es a Uruguay para que no se presten para que roben parte del dinero, podemos estar hablando de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares”, resaltó Guaidó.
No tienen autoridad moral los mandatarios de México y Uruguay para tratar de inmiscuirse en la decisión soberana de Venezuela de retornar a la democracia.
Pudieron haber protestado por la violación de los derechos humanos, los asesinados por protestar, presos políticos, burla de la Constitución venezolana, corruptelas y crímenes de toda naturaleza.
Pero callaron, sí, por aquello del buen dinero. La diputada Beatriz Becerra de la Unión Europea descalificó la iniciativa uruguaya, y con razón.