El informe que presentó la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, ha generado una oleada de reacciones desde diferentes sectores tanto de la comunidad venezolana como de la internacional.
El balance de las reacciones es favorable a la causa de la libertad y la democracia en nuestro país no solo porque su contenido señala con meridiana claridad la tragedia humanitaria que padecemos, sino porque ubica la responsabilidad de manera inconfundible en el usurpador gobierno de Nicolás Maduro.
La forma como examina nuestra situación institucional no deja lugar a dudas de la naturaleza autoritaria del régimen del socialismo del siglo XXI, con lo cual ya un órgano especializado del sistema de Naciones Unidas ubica a Venezuela como una nación que vive en una dictadura, responsable de la violación masiva de los derechos humanos de su población.
Como era lógico esperar, la reacción de la cúpula usurpadora fue la de no aceptar, en lo más mínimo, ni los contenidos ni las recomendaciones de dicho informe. Por el contrario, se dedicaron a descalificarlo y a acusar a la doctora Bachelet de haberse prestado para que altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América lo hubieran redactado. Es decir: recurrieron al sempiterno argumento de los comunistas latinoamericanos. Todo lo malo que les ocurre es culpa del imperio.
Lo cierto es que el informe de la oficina especializada en la valoración y seguimiento al tema de los derechos humanos en el mundo ha dictado una sentencia: Maduro y su camarilla son responsables de una política deliberada y masiva de violación de los derechos de la población venezolana.
Ahora necesitamos que dicha sentencia tenga unos efectos concretos, mediante los cuales se obtenga la restitución del estado de Derecho y, en consecuencia, se cambie esta lamentable situación de muerte, tortura, prisión, hambre y miseria que nos somete.
En varios de mis artículos anteriores he mantenido la idea de la conveniencia de la solución política a esta tragedia. Consciente de la tozudez de Nicolás Maduro y su camarilla, así como de su empeño en perpetuarse en el poder, hemos privilegiado una solución electoral. Solución que la dictadura ha negado, para efectuar farsas electorales que han agravado la situación.
Además, esta línea a favor de la solución política se ha dirigido a mostrarle al mundo la vocación pacifista y democrática que caracteriza a la oposición venezolana. La dictadura tiene largos años descalificando interna y externamente a los diferentes sectores de nuestra oposición. En un tiempo logró convencer a una parte significativa de la comunidad internacional con esa manipulada versión. Hoy el mundo, cada día con mayor relevancia, ha conocido claramente la naturaleza violenta, autoritaria y criminal de la cúpula roja.
Nuestra apuesta por la solución política y electoral obedece a nuestra formación democrática, inspirada en los valores del humanismo cristiano. Por tal razón, y sobre todo para que pueda quedar aún más en evidencia la naturaleza antidemocrática del madurismo, he considerado pertinente atender la invitación de Noruega, una vez más, para explorar la ruta de la negociación política. Todo el mundo civilizado debe conocer cómo los agentes de la dictadura, comenzando por el propio Maduro, carecen de seriedad y voluntad para canalizar civilizadamente la dramática situación que enfrentamos.
He sostenido que solo con el apoyo de la comunidad internacional podrá lograrse una solución. Si fuese por la naturaleza humana y política de los integrantes de la camarilla gobernante, jamás avanzaríamos a una fórmula que permita llegar al fin de la dictadura.
Dentro de ese acompañamiento de la comunidad internacional está el papel que debe desempeñar la ONU. Conscientes de la naturaleza de ese organismo mundial, de su complejidad y de las dificultades para llegar a decisiones, es menester que todos los venezolanos, junto a los países que defienden la causa de la democracia y de los derechos humanos, debemos exigir pasar del informe a las acciones concretas.
La sentencia emanada de la oficina de la ex presidente Bachelet no puede quedarse en una simple sanción moral. Debe obligar a la ONU a actuar en Venezuela.
El profesor venezolano de derecho constitucional e internacional de la Universidad Católica de Colombia, Jesús Caldera, ha planteado la idea de una intervención humanitaria electoral acordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con sólidos argumentos y basándose tanto en las normas que rigen al organismo mundial como en experiencias vividas en otros países del mundo, Caldera propone una idea que merece ser oída y respaldada.
La intervención humanitaria electoral, acordada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pone en manos del pueblo venezolano la decisión de su destino, garantiza la trasparencia de la consulta electoral y, sobre todo, nos evitaría una solución de fuerza con todas las consecuencias que conlleva.
Una negativa de la dictadura a someterse a una resolución de esta naturaleza legitimaría a la comunidad internacional para forzar a la cúpula roja a cumplirla y haría que el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos no sea solo una declaración política.
La intervención humanitaria electoral pondría a la ONU como el gran promotor de una solución de paz tanto en el plano interno como en el plano internacional. Tiene aquí la OEA una ruta para impulsar una solución digna para el sufrido pueblo venezolano.
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