El 17 de enero del año pasado, en nuestro artículo semanal que se publica en este diario, denunciábamos el silencio que el régimen de Nicolás Maduro mantiene sobre los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht había efectuado con personeros del Ejecutivo venezolano, entre otros el propio Maduro cuando ejercía el cargo de canciller de la República.
El escándalo internacional en el que se vieron involucrados varios gobiernos latinoamericanos surgió en junio de 2015 tras la detención de Marcelo Odebrecht, presidente ejecutivo de la constructora Odebrecht. Su padre Emilio, ex alto ejecutivo de la firma y uno de sus propietarios, declaró que si su hijo era condenado, entonces el gobierno brasileño tendría que construir tres celdas más: una para él, “otra para Lula y otra para Dilma”. Semejante afirmación demuestra que los vasos comunicantes de la red de corrupción entre la citada constructora y el ex presidente Ignacio Lula, y la depuesta presidente, Dilma Rousseff, habrían sido bastante graves. Pero, el millonario empresario brasileño, cuya empresa lleva su nombre, omitió quizás deliberadamente que Odebrecht, había sobornado con millonarias cifras en dólares a otros países latinoamericanos, entre los que figura Venezuela, además del propio Brasil.
Una corte del Distrito de Nueva York encendió las alarmas sobre los sobornos de la empresa constructora brasileña, y de acuerdo con la aplicación de una ley norteamericana de 1977, que dispone acciones legales contra prácticas corruptas en el extranjero, no vaciló en acusar inmediatamente a Odebrecht S. A. Entre los países en los que la empresa presuntamente incurrió en sobornos para asegurar contratos públicos se encuentra Venezuela.
El historial de este ilícito, penado en todos los países en los que Odebrecht actuò para la obtención de jugosos contratos, y sobre los manejos de cuentas bancarias en las que se lavaba dinero proveniente de los mismos, data de varios años según información recabada por la corte norteamericana, la cual aplicó la ley con base en el artículo 18.3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, de la que Venezuela forma parte.
Esta denuncia puso al descubierto las turbias negociaciones llevadas a cabo por la empresa constructora brasileña, generando en consecuencia severas y profundas investigaciones en los países en los que obtuvo contratos Odebrecht S.A: Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, México, Argentina, y en África: Angola y Mozambique.
En Venezuela, en un período comprendido entre los años 2006 y 2015, Odebrecht –según las investigaciones de la Corte estadounidense– efectuó pagos por comisión, coima o soborno, por la cantidad de 98 millones de dólares a corruptos funcionarios e intermediarios, para ganar o retener contratos de obras públicas. Solo el ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup y el diputado Freddy Guevara habían solicitado con urgencia una investigación inmediata, sin que Pdvsa, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y mucho menos Nicolás Maduro hicieran hecho pronunciamiento alguno. El refranero popular reza sabiamente: “El que calla otorga”.
El esquema de corrupción de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. en Venezuela no difiere mucho del aplicado en otros países de América Latina. Sin embargo, hay una característica que pone al país en evidente desventaja frente a sus pares de la región: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos. Odebrecht reconoce que dejó guindando 11 obras. Con motivo de su 12° aniversario, Clímax dio cuenta de lo sucedido con la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), el Puente Cacique Nigale (el segundo sobre el Lago de Maracaibo), la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu e Lima S.A. y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire.
Todos conocen el número del expediente. En el archivo de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, las siglas AP42-S-2017-000003 suenan a Odebrecht. Se saben los guarismos de memoria. “Ese lo han venido a buscar mucho”, confiesan los encargados del lugar. Tanto, que el legajo perdió su carácter público a finales de 2017. El archivo del piso 1 lo pasaron al 8, en donde el coordinador informa a los interesados que no está disponible por tratarse de un caso “delicado”.
Por más “delicado” que sea, la decisión de la corte viola el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil, que avala el carácter público de los expedientes. En especial cuando se trata de un proceso que interesa a toda la nación, pues los pagos del Estado venezolano al gigante constructor de Brasil rondan los 300.000 millones de dólares en 11 obras que no han sido concluidas, según la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz.
En diciembre de 2016, Odebrecht y su filial en el sector petroquímico, Braskem, admitieron ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York, en Estados Unidos, haber pagado coimas en Venezuela por 98 millones de dólares, el segundo país con el número más elevado después de Brasil, donde admitieron la suma más alta de sobornos. Sin embargo, no fue sino el 26 de enero de 2017 cuando la Fiscalía anunció la existencia de una investigación sobre el caso. A mediados de febrero siguiente, la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó las oficinas de la constructora en Caracas. Aún Luisa Ortega encabezaba el Ministerio Público, sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento al respecto.
Meses después Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, solicita las orden de captura internacional contra Nicolás Maduro, para cuyo efecto introdujo ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, un antejuicio de mérito contra el inquilino de Miraflores por dos delitos: corrupción propia y deslegitimación de capitales. La ex fiscal señaló que de la investigación se pudo constatar que en el año 2012, la campaña del fallecido presidente Hugo Chávez fue pagada por la empresa constructora brasileña Odebrecht y que quien recibió los dineros de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana, creadores de la mencionada campaña presidencial, fue Nicolás Maduro, quien para ese momento desempeñaba el cargo de canciller.
Refirió asimismo Ortega Díaz que los pagos ilícitos fueron depositados en cuentas de empresas registradas en la República Dominicana, y al mismo tiempo señaló que Odebrecht también financió la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, comprometiéndose con la empresa brasileña constructora a continuar las obras en Venezuela, de ganar la presidencia.
Lo cierto es que la revelación sobre los sobornos que la brasileña Odebrecht pagó a funcionarios venezolanos, deja al descubierto una trama de corrupción en el régimen socialista, marxista y mal llamado bolivariano. Venezuela se había mantenido a la zaga en materia de averiguaciones del caso Odebrecht, pues pocas fueron las acciones que en tal sentido se han hecho para determinar las responsabilidades, y mucho menos señalar a los presuntos “beneficiarios” de las coimas. ¡Amanecerá y veremos!
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@_toquedediana