El secuestro del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens por 14 funcionarios fuertemente armados pertenecientes al Sebin, policía política del régimen, demuestra una vez más la abierta y flagrante violación de nuestra Constitución Nacional. Solo bastó que Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión lo acusara de estar implicado en un supuesto magnicidio para que de inmediato se procediera a su captura.
Así actúa el régimen, y estos arbitrarios y violentos procedimientos ya convertidos en práctica habitual del sistema, lo que sirven es para confirmar que en Venezuela impera una dictadura que mantiene secuestrado al país. Se transgrede el constitucional artículo 200, toda vez que la inmunidad parlamentaria solo puede ser levantada por la Asamblea Nacional y ningún otro organismo puede hacerlo. La ilegal asamblea constituyente carece de facultades para ello y todos sus actos son nulos.
Por otra parte, también mintió Tarek William Saab, quien fue designado fiscal general por esa espuria constituyente, cuando descaradamente afirmó que en este caso “se cumplieron todos los trámites legales de rigor”. Es de recordar el artículo 44 de la Constitución que indica que “toda persona detenida tiene derecho de comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado, abogada o persona de confianza (…)”.
No se les ha permitido visita ni a familiares, abogados y diputados al sitio de reclusión en el Sebin, y circuló un video en el que aparece mostrando signos de maltratos y en condiciones inhumanas y degradantes. Se trata de una retaliación contra el joven dirigente, quien anteriormente había pronunciado un valiente y emotivo discurso en el hemiciclo del Parlamento, denunciando los atropellos de la dictadura. “Me niego a rendirme, a arrodillarme frente a quienes quieren quebrarnos la moral”.
El atropello no solo se produce contra el parlamentario, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos. También es atropellado el elector que con sus votos lo llevó a ser representante del pueblo al elegirlo como diputado a la Asamblea Nacional en 2015.
El miércoles pasado, Antonio se reunió en Bogotá con el presidente de la Cámara del Senado de Colombia, Ernesto Macías, a quien le solicitó un pronunciamiento del Congreso colombiano rechazando este abominable acto.
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