La grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela es circunstancia pública, notoria y del conocimiento general a escala mundial. Expresión de esta ha sido el éxodo de alrededor de 4 millones de venezolanos, 15% de la población total, que, urgidos por la desatención de sus necesidades elementales, se han visto compelidos a huir al extranjero, las más de las veces en condiciones muy precarias.
Según cifras oficiales de migración en Colombia, dadas a conocer por David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos del Sistema de Naciones Unidas, 35.000 venezolanos cruzan diariamente la frontera colombo-venezolana. Estas cifras no incluyen la salida de venezolanos por otras rutas o puntos fronterizos.
En el plano estrictamente alimentario, de provisión de medicinas, insumos indispensables, equipos y repuestos para mantener operativos los servicios de luz, agua, transporte; en nuestro país prevalece el desabastecimiento. Así lo han corroborado, entre otros muchos organismos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cáritas de Venezuela, Consecomercio, Conindustria y, en las últimas horas, la Cruz Roja Venezolana y Amnistía Internacional.
En medio de tal drama se encuentra igualmente documentada la utilización de la hambruna como instrumento de coerción política por parte de las autoridades, pues aparte, además de ser exiguos los recursos que dispone la República para socorrerla, la venta de alimentos a los consumidores finales ha sido condicionada a la filiación al partido oficialista. Algo que condena, de facto, a los disidentes políticos a morir por inanición.
A lo anterior se agrega que la espiral hiperinflacionaria, que abate el país; la escasez de efectivo para el pago de consumos básicos; el colapso del sistema bancario, a causa del ineficiente control de cambio impuesto en Venezuela, que impide la obtención de las divisas para la reposición y el mantenimiento de activos operacionales. La inacción del Estado y, por ende, el palmario incumplimiento a su obligación de proteger la vida y seguridad de los venezolanos.
Todo esto se comprueba porque nuestras ciudades figuran entre las de mayor índice de homicidios por persona del mundo. También el fomento, por parte de las autoridades, de grupos paramilitares, verdaderos reductos de delincuencia organizada a los que han armado para la defensa de la revolución con protección e impunidad; a la par de haberles sido delegadas, por el propio Estado venezolano, funciones de autoridad civil en zonas geográficas que se extienden a municipios enteros, participan en delitos como el tráfico de drogas, los secuestros de personas, el robo de automóviles, el acaparamiento de alimentos, medicinas y demás insumos esenciales, el cobro de protección, entre otros ilícitos.