Desde que comenzó el discurso de la guerra económica se inició un proceso acelerado de creación de una economía de guerra, que está creando las condiciones para una implosión económica, que muchos insisten en negar, pero con el evidente peligro de que un tsunami económico se convierta en un terremoto social de gran magnitud.
Es aquí donde se plantea la opción política de colocar el peso de la economía en la Fuerza Armada y especialmente en la Milicia con la idea de crear 51.743 unidades populares de defensa que pasarán a ser unidades simultáneas de producción económica. La idea es políticamente correcta si se aspira a mantener el poder a través de la cesión de créditos, sueldos extras y otros beneficios materiales a los 2 millones de milicianos que se dedicarían a estas labores económicas.
El problema se presenta cuando no hay evaluación y control de ministerios, gobernaciones y alcaldías, como lo demuestran los resultados cotidianos, a pesar de los esfuerzos realizados por centenares de miles de empleados públicos que luchan a diario. Entonces, nos ponemos a pensar en las 51.743 unidades económicas que parecen repetir la estrategia del gran salto delante de Mao Tse-tung en China cuando crearon miles de empresas acereras de pequeña escala que terminaron cerrando por cuestión simple de economía de escala en cualquier país normal del siglo XX.
Un problema cierto de las REDI, ZODI y ADI (denominaciones regional, estadal y local de las divisiones territoriales militares) es que deben convivir con autoridades civiles de corte político mayoritariamente oficialista (309 alcaldías de 335 y 20 gobernaciones de 24) que de la boca para fuera juran lealtad y eficiencia, pero que ciertamente no funcionan de manera coordinada, como lo demuestra la incapacidad para realizar proyectos concretos que ahorren personal y recursos financieros en servicios públicos cotidianos y proyectos de desarrollo económico.
Una estrategia de economía de guerra exige una reducción sustancial de las centenares de empresas del Estado a unas pocas decenas de corporaciones que centralicen su planificación y debería incluir en estas fusiones a las empresas e instituciones estadales y municipales, lo que ciertamente no está ocurriendo y apenas se observa el caso débil de la creación de la Corporación de Telecomunicaciones en este sentido.
Por esta razón, existe una confusión sobre el concepto de guerra, que se entiende como la actividad más organizada que tiene el hombre y que en el supuesto de “guerra económica” no se advierte el sentido de urgencia y prioridades que debe existir de lo esencial sobre lo no esencial.
El caso dramático de los motores que se han promocionado como ejes dinamizadores y que en varios casos están virtualmente fundidos o casi quemándose o convertidos en chatarra, son una valiosa lección para el gobierno de que no se puede gestionar la economía por decreto y que los factores económicos responden a las fuerzas de la oferta y la demanda, aunque muchos altos funcionarios se nieguen a creer que dichos conceptos existen y piensan que son manipulaciones de un sistema mundial de dominación capitalista que tienen 100 familias que se reúnen una vez al año para acordar cómo se gobierna al mundo.
La prueba de fuego de estas ideas es el traspaso de las responsabilidades del CLAP a las milicias y al sistema Patria que si bien permite en tiempo real evaluar en cuántas de las cuarenta y siete mil y tantas comunidades se está repartiendo esta ayuda social, no es menos cierto que despoja a los líderes civiles locales del PSUV de su única herramienta política de influencia en las comunidades como es el manejo de la lista de recepción y despacho de las mencionadas cajas y bolsas de alimentación. De asumir la unidad popular de defensa, la de la Milicia, la plena responsabilidad de esta tarea, saca por completo incluso al consejo comunal que, a pesar de tener muchas tareas según su ley de creación, es evidente la falta de recursos financieros para cumplirlas.
La escasez de electricidad, gas, gasolina y agua en muchos sectores populares han hecho evidente el fracaso de alcaldes y gobernadores al lanzar proyectos en materia de desarrollo económico. Es difícil imaginar cómo sería diferente en el caso de la mayoría de las 51.743 unidades populares de defensa, a pesar de la determinación y disciplina de muchos milicianos, que serán víctimas de la burocracia ineficiente, negligente y corrupta que el mismo Nicolás Maduro ha manifestado en cadena nacional de radio y televisión que lo tiene “obstinado”.
Igualmente, en cuanto a la guerra económica es importante hacer las siguientes puntualizaciones:
Con una liquidez monetaria que saltó de 874 millardos de bolívares soberanos a 6 billones, entre diciembre de 2018 a esta semana de mayo de 2019 (recomiendo no colocar los 8 ceros sustraídos por reformas monetarias para evitar dolores de cabeza) es evidente que los pronósticos planteados por los economistas del FMI acerca de una inflación de 10 millones porcentual es una realidad que no está lejana y ciertamente la CIA no maneja el BCV para achacarle la responsabilidad de este incremento que, entre otras consecuencias, acabó con las prestaciones sociales como un tema importante para quienes tenían 25 o más años de trabajo: de comprar vehículos y casas ya no pueden ni pagar un aparato electrónico de cierto nivel.
En este sentido, es de celebrar la ruptura del silencio económico del BCV después de varios años, debido a las amenazas del FMI y reconocer una inflación de 130.000% en 2018 y una caída de 47,7% de la economía entre 2013 y 2018 en el producto interno bruto,
Con 25 trimestres consecutivos de recesión económica, o sea 75 meses, el lector puede retroceder a su memoria o hemeroteca o simplemente googlear planes económicos de Nicolás Maduro y verá todo lo acontecido desde 2013 para tratar de crear un “país potencia” que solo puede existir en su imaginación o en el discurso propagandístico que sin duda no existe para los 4 millones de venezolanos que se fueron ni para los 26 millones que se quedaron, y sin duda la CIA tampoco ha participado en la elaboración, gestión y evaluación del Plan de la Patria 2013-2019 y todos los proyectos que surgieron a la luz de este.
La nueva etapa de la actual crisis económica en la que la OPEP está anunciando una caída de la producción petrolera a 600.000 barriles diarios en medio de la caída de todos los procesos de producción industrial, nos lleva a pensar si la denominada mafia de Pdvsa que denunció Maduro y que ha llenado las cárceles con las acciones del fiscal general Tarek Williams Saab son agentes infiltrados de la CIA o son una responsabilidad propia del sistema de gobierno imperante que debió auditar rigurosamente la empresa.
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