Las reuniones bajo la mediación de Noruega se han convertido en foco de atención nacional e internacional con posiciones que van desde el rechazo y el escepticismo hasta la acogida comprensiva de esta otra mesa y esta otra opción. Y ese me parece el asunto principal, el que coloca esta iniciativa en sus propios méritos: que no es la única opción, ni tampoco la única mesa internacional que está activa en busca de salidas para la catástrofe que viven los venezolanos. En ese contexto, con la argumentación que sigue, me sumo a quienes comprenden y apoyan este nuevo acercamiento a una negociación.
No hay manera de negar que nuestro desastre nacional, con su doloroso registro, se proyecta al exterior como tragedia humana de muerte, desnutrición y pérdida de condiciones de vida digna en el país; también en el éxodo obligado de millones de venezolanos como desafío humanitario regional sin precedentes. El desastre se desborda como problema político, porque la negativa gubernamental a rectificar va acompañada tanto por el desconocimiento de la Constitución venezolana como de principios, normas y acuerdos internacionales en todos los ámbitos imaginables. Entre los más visibles y alarmantes se encuentran la escalada en la violación de derechos humanos en todo su espectro, desde el derecho a la vida hasta los derechos políticos en medio de la pérdida del Estado de Derecho, como lo reconfirman el informe de Amnistía Internacional “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la multiplicación de actividades criminales e ilícitos transnacionales reflejada en el reciente estudio de Douglas Farah y Caitlyn Yates, “La resistencia última de Maduro”, y el vínculo entre “Gran corrupción y derechos humanos” en el informe presentado hace poco por Transparencia Venezuela.
También se desborda al exterior porque así lo determinaron las políticas y decisiones que abrieron a Venezuela a toda suerte de injerencias, nacionales y transnacionales, mientras destruían las relaciones constructivas de respeto y seguridad para propios y extraños. Es conducta que se ha mantenido y reiterado visiblemente en medio de la crisis actual. Ese componente internacional, en el que se mezclan intereses tan cercanos al régimen como lejanos a las necesidades de los venezolanos, hace enormemente complicado el desafío para la recuperación del país y obliga, asimismo, a trabajar en intensidad: nacionalmente, a la vez que en muchas mesas internacionales como, en efecto, está sucediendo. Veamos cuáles son las más importantes.
Estados Unidos sostiene el régimen de sanciones que no ha dejado de seguir imponiendo sobre la base de tres criterios explícitos: focalizarlas en personas y actividades clave evitando el daño a la población; hacerlas explícitamente reversibles, como incentivo para el cambio político (sirva de ejemplo el caso de levantamiento de sanciones a M. R. Cristopher Figuera), y mantener la oferta permanente de recursos para asistencia humanitaria (como los ofrecidos a instancias multilaterales y a países receptores de emigrantes y los colocados en la frontera con Colombia cuyo ingreso fue bloqueado por el gobierno). A la vez, como evidente signo de aliento a una salida política, no ha dejado de sostener conversaciones de alto nivel con los gobiernos de Rusia, China, la Unión Europea, el Vaticano, países del Grupo de Lima, países del Caribe y, respecto a Cuba, actuando con una combinación de amenazas y promesas. A ello se suma la introducción del caso en el Consejo de Seguridad de la ONU y de una resolución en busca de apoyo a elecciones libres. Y en cuanto a combinar amenazas y promesas, está también la de coordinar el régimen de sanciones y disponer de fondos y medidas de apoyo para la estabilización de la recuperación material e institucional de Venezuela, como las previstas en la recientemente aprobada Ley Verdad (Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela).
El Grupo de Lima, sin haber logrado establecer su propio régimen de sanciones, ha sido un acompañante cada vez más cercano y solidario con las demandas y estrategias opositoras. Ha hecho llamados –a Rusia, China y Turquía– y desarrollado iniciativas diplomáticas conjuntas o individuales –en Europa, en Caricom, con Cuba– para construir apoyos y presiones internacionales orientados a lograr las condiciones para una efectiva solución electoral. También ha contribuido a recuperar el foro de la OEA para el tratamiento del caso venezolano y ha propiciado la complementación de iniciativas con el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea con el que este lunes sostendrá una primera reunión. Este grupo de países también se ha propuesto contribuir a la comprensión internacional de la naturaleza del descalabro venezolano, las condiciones para su solución y la creación de apoyos para la sostenibilidad de la transición, incluida la próxima convocatoria a encuentros de expertos en transiciones y a una conferencia con la participación de todos los Estados que respaldan la recuperación democrática venezolana.
La Unión Europea ha acompañado a los venezolanos a través de declaraciones de apoyo al restablecimiento del orden constitucional y con dos rondas de sanciones, en 2017 y 2018. Comenzando 2019 fue creado el llamado Grupo Internacional de Contacto –compuesto por ocho países europeos y cuatro latinoamericanos– con miras a crear las condiciones para una solución política de la crisis. La posibilidad de concertación con el Grupo de Lima que se asoma, recién mencionada, sería un paso importante para hacer colectiva y lo más complementaria posible la indispensable acción internacional. A ello podría y debería contribuir la reciente designación de Enrique Iglesias como asesor especial sobre Venezuela.
En los tres casos, conviene recordar, es manifiesta la preocupación y disposición para responder a la agudización de la emergencia humanitaria, dentro y fuera de Venezuela, con la cooperación de organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas y una red enorme de organizaciones no gubernamentales.
Aparte de la atención por las organizaciones de Naciones Unidas vinculadas al tema humanitario, la crisis venezolana también ha sido llevada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ocho veces entre 2017 y 2019, dos de ellas a sesiones formales. En la OEA, aparte de la atención ininterrumpida del secretario general manifiesta en una sucesión de bien documentados informes, el regreso del tema al Consejo Permanente de la OEA mantiene la atención en Venezuela esa otra mesa multilateral.
En ese contexto, en que el balance de apoyos internacionales se ha convertido en franco apoyo a la movilización de los venezolanos por la democracia, se produjo la oferta noruega de mediación y su aceptación por el gobierno y la oposición. El caso, pues, es que esta otra mesa no es la única, ni la eventual negociación el único instrumento en movimiento para la oposición. Es un canal que, a la luz de la reiteración de los propósitos y de la asimilación de las malas experiencias pasadas, no compromete ni debilita la causa democrática, y en cambio sirve para reafirmar propósitos y condiciones para el logro de una salida pacífica, democrática, estable, sostenible. Valga anotar que el equipo mediador es el de un país democrático que ya se ha pronunciado, como tal, sobre la naturaleza de la crisis venezolana en varias declaraciones.
En todas esas mesas y con todos los instrumentos en ellas disponibles se han estado moviendo el gobierno interino y sus representantes en la compleja faena. Faena que continúa con la catástrofe nacional a cuestas y que nacional e internacionalmente exige con urgencia conjugar, para hacerlas complementarias y efectivas, todas las opciones que están de verdad verdad disponibles para construir, sin perderlo de vista, el propósito final.