Antes del 15 de octubre abundaban declaraciones internacionales que manifestaban preocupación por el desarrollo de las elecciones regionales. Respetuosos de la decisión opositora de participar en ellas, varios y muy significativos actores no dejaron de pedir a las autoridades venezolanas que el proceso electoral fuese Íntegro y sus resultados confiables. Mientras tanto, acumularon datos sobre las irregularidades que se fueron sumando y que tan detalladamente ha recogido el informe difundido por la Secretaría de la OEA la semana pasada.
Conocidos los resultados, de inmediato se produjo otro conjunto de expresiones, entre manifestaciones de incredulidad ante el resultado y exigencias de auditoría independiente, acompañadas por el rechazo a las irregularidades y ausencia de transparencia de un proceso electoral que no fue libre ni justo. Así fue dicho, sin cortapisas y con la mirada puesta en ese proceso electoral como un todo, por la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y los doce participantes en el Grupo de Lima. Luego, ante la inconstitucional exigencia de juramentar a los gobernadores electos en una asamblea constituyente que casi medio centenar de países del mundo desconoce, se sumaron razones para que la comunidad democrática internacional manifestara su preocupación por la deliberada degradación gubernamental de la vía electoral.
El jueves pasado el Grupo de Lima reunido por tercera vez, produjo una declaración que recoge como ninguna otra las inquietudes democráticas internacionales tras las elecciones regionales. Estas, valga recordarlo, fueron asumidas por la oposición democrática como vía de lucha política nacional, de significación muy diferente a las de un proceso electoral rodeado de garantías. Pese a esas prevenciones iniciales, su propia dinámica y las medidas que condicionaron su desarrollo y sus resultados tuvieron un fuerte impacto sobre la alianza opositora, lo que es noticia y preocupación, dentro y fuera de Venezuela.
La virtud del comunicado del Grupo de Lima es que asume la situación en toda su complejidad y, con franqueza, habla al mundo y a los venezolanos. En efecto, reiteran los temas de la agenda pendiente al exigir la inmediata liberación de los presos políticos y de las medidas arbitrarias de inhabilitación, también al deplorar que el gobierno no permita el acceso de ayuda internacional y al desconocer a la asamblea constituyente y, en cambio, dar pleno respaldo a la Asamblea Nacional. Igualmente, se sostiene el apoyo a una solución negociada y electoral, pero no es esto más de lo mismo: del documento y de las palabras del canciller de Perú que acompañaron su lectura, creo especialmente importantes la sinceridad del diagnóstico y la claridad de las propuestas en tres temas.
Los doce, que quieren sumar a otros países, reiteran la responsabilidad del gobierno en el bloqueo del acceso de la asistencia internacional que urge a un número creciente de venezolanos. Para ello, y en el marco más amplio de la protección de los derechos humanos, se proponen solicitar apoyo del secretario general de las Naciones Unidas. La preocupación humanitaria se acentúa, sin duda, por su extensión al vecindario a medida que crece la oleada de venezolanos que migran cada día, especialmente hacia los países vecinos, como se expresa en el documento.
No sobra, en cambio conviene tomar nota –especialmente ante la aceleración del calendario electoral que ahora asoma el gobierno– de que frente a las irregularidades inocultables del proceso electoral regional los doce países dejan planteado, con sentido de urgencia, “la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes”.
Y, no menos importante, al reafirmar el apoyo a una solución mediante un acuerdo negociado, con acompañamiento internacional y cumpliendo con las condiciones solicitadas por la oposición, ya no solo se reitera que sean conversaciones creíbles y de buena fe, no meros simulacros por parte del gobierno. Se añade ahora, como otra condición indispensable para ello, el mantenimiento de la unidad opositora, con un frente programático común. En este último aspecto abundaron varios cancilleres, pero de modo especialmente explícito el canciller peruano, Ricardo Luna: “Nuestra respuesta es la de abogar por una negociación real, dialogada, y eso pasa por el mantenimiento y reforzamiento de la unidad de la oposición democrática que vaya más allá de la coyuntura electoral o de eventuales diálogos a una posición programática que los permita avanzar”. Es, así dicho, una condición a resolver nacionalmente, pronto. Luego precisó Luna, con la misma sinceridad: “Nosotros no podemos avanzar más allá de hasta cierto punto, en la presión internacional y diplomática si es que no hay un programa de unidad que vaya más allá de la coyuntura (…) Es una exhortación. Pero es una exhortación seria. Las sugerencias que se dan por fragmentos o sectores muy bien intencionados de la oposición, no sirven. Y aislados, peor”.
Es un mensaje oportuno: por solidario, crítico y constructivo. Lo que nos toca a los venezolanos es esencial y no es poco, entre la responsabilidad en el quehacer de cada cual y la exigencia a la dirigencia democrática de que asuma concienzuda y eficazmente su papel en nuestra representación.
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