Si se cumpliera lo que expresamente establece el artículo 319 de la Constitución vigente, tendríamos al final de 2018 un mensaje como el que sigue a partir del segundo párrafo. El informe, aséptico desde la perspectiva política y muy bien hilado, fue elaborado por los profesores-investigadores Luis Zambrano Sequín y Santiago Sosa y por el asistente de investigación Mikel Barroso, publicado ahorita en diciembre por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, con el título «Informe de Coyuntura Venezuela». Me he tomado varias licencias con relación al texto original a fin de hacerlo todavía más legible para un espectro más amplio de lectores no familiarizados con el modo lingüístico de los economistas.
El conjunto de medidas de política económica promulgadas en agosto y noviembre de 2018, lejos de estabilizar la economía, han profundizado los desequilibrios y deteriorado aún más las expectativas, recogidas estas en las encuestas de Hercon Consultores (septiembre 2018), Ratio UCAB (septiembre 2018) y Meganálisis (noviembre 2018).
El PIB per cápita se ha reducido 53% desde 2012, lo que ha significado una caída extraordinaria en el nivel de bienestar de los venezolanos. El mencionado deterioro del PIB se corresponde con una reducción en el consumo público, en el consumo privado, en la inversión interna y en las exportaciones.
Con relación al petróleo, su producción se ha desplomando aceleradamente. De un nivel de producción de 3,25 millones de b/d en 2008, se ha pasado a 1,09 millones de b/d en el cuarto trimestre de 2018. Es decir, el nivel de producción hoy representa 33,5% del que se registró hace 10 años. Se destaca que 77% del desplome se ha producido en los últimos 3 años. La caída en la producción petrolera se debe, ante todo, al bajo rendimiento de Pdvsa, que tiene 41,5% de la producción petrolera total (el 58,5% restante es de empresas mixtas).
El desplome de producción así como la reducción de la actividad económica interna y los efectos de la hiperinflación han causado disminuciones importantes en la recaudación de impuestos, disminuciones que no podrán ser compensadas con el aumento de los mismos ni con su cambio de periodicidad de declaración a semanal.
Los gastos del gobierno también han venido disminuyendo aunque no con la misma intensidad que sus ingresos por impuestos. Las partidas de gastos que más han disminuido son las relacionadas con las inversiones en la producción y mantenimiento de los bienes públicos, en el pago de la deuda pública externa (default selectivo) y en las transferencias al resto del sector público y el sector privado. La disminución más acelerada en los ingresos del gobierno en comparación con sus gastos se traduce en un mayor déficit financiero.
Dicho déficit financiero del sector público se ha estado solventando, esencialmente, con emisión monetaria por el Banco Central. Es de notar que con las medidas anunciadas en agosto y noviembre, especialmente las referidas al incremento nominal de los salarios, bonos compensatorios y pensiones, se espera que tanto la base monetaria como la liquidez aceleren aún más el ritmo de expansión monetaria, y superen su tasa de crecimiento promedio para todo el año.
Una expansión monetaria de tales magnitudes, en el contexto de una economía en franca contracción, no puede sino traducirse en muy elevadas presiones que exacerbarán la hiperinflación.
El desplome en las exportaciones de crudo y el consecuente desplome de ingresos en divisas se traducen, entre otras cosas, también en fuertes presiones sobre la balanza de pagos que han obligado a fuertes ajustes en el gasto interno. En este contexto, y a pesar de que el gobierno y Pdvsa han dejado de cumplir con el grueso de los pagos de la deuda externa, la escasa disponibilidad de divisas ha obligado a reducir aún más el ya muy disminuido nivel de importaciones.
La tendencia a la reducción de las exportaciones continuará en 2019, incluso en aquellos escenarios que no suponen reducciones adicionales en los precios internacionales del petróleo. La principal variable para ajustar la balanza de pagos frente al desplome de las exportaciones petroleras han sido las importaciones.
El ritmo de actividad económica no se podrá recuperar sin una fuerte inyección de recursos externos que, en el corto plazo, no pueden ser generados por la industria petrolera dada la notable destrucción de su capacidad productiva, ni por ingresos de capitales voluntarios dados los elevados niveles de riesgo y la inestabilidad política predominante. Los recursos necesarios solo pueden provenir de la ayuda externa y de los organismos multilaterales diseñados expresamente para ayudar a países afectados por crisis económicas como las que han afectado a Venezuela en los últimos años.
Aunque el tipo de cambio oficial se ha incrementado sustancialmente en los últimos doce meses producto de sucesivas devaluaciones, y el tipo de cambio paralelo se ha depreciado en el mismo período estos ajustes han sido menores a la hiperinflación, lo que se traduce en una apreciación relativa de tales tipos de cambio, oficial y paralelo. Sin embargo, tal apreciación cambiaria no se ha expresado en un incremento mayor de las importaciones debido a la fuerte reducción de los ingresos ya mencionada y el drástico racionamiento de divisas aplicado por el gobierno. Ha sido el racionamiento vía menores cantidades de divisas y no el ajuste en el precio de las mismas el principal instrumento de ajuste para lidiar con el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El otro elemento que ha permitido reducir las presiones hacia la depreciación del tipo de cambio paralelo ha sido las remesas que ingresan desde el exterior.
Así y finalizado 2018, el prolongado período, y la severidad, de los desequilibrios macroeconómicos han sido acompañados por el deterioro en la calidad de las instituciones y la consolidación de un régimen legal, factores que han afectado profundamente el desempeño de los mercados y, en última instancia, la estabilidad política y social en el país.
El país se encuentra en una posición muy desventajosa como centro de atracción para la inversión de capitales y de capital humano calificado, y como una economía con una incidencia muy baja en los escenarios internacionales, factores fundamentales sin los cuales es imposible aspirar al crecimiento y desarrollo de nuestra economía y sociedad.
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