Los resultados de 17 gobernaciones tomadas por el oficialismo, emitidos la misma noche del domingo de boca de Tibisay Lucena, han sido recibidos por el país con incredulidad, rabia e indignación. De igual manera han sido cuestionados por diversos miembros de la alianza opositora e interpretados con desconfianza y aprensión por la comunidad internacional.
El domingo, un gran porcentaje de venezolanos en todo el país acudió a votar pese a las trabas impuestas por el CNE. El proceso electoral fue saboteado desde un principio por el gobierno, inhabilitando candidatos, persiguiendo a la disidencia y generando desconcierto y desánimo en el electorado. Durante el domingo el esfuerzo de muchos para poder ejercer su voto se vio perjudicado por reubicaciones de centros de votación y otros hechos irregulares como maquinarias no instaladas, centros abiertos tardíamente, cortes de electricidad y otras formas de “operación morrocoy”.
El proceso fraudulento que culminó el domingo representa una continuación del bloqueo y secuestro de canales electorales que el régimen comenzó luego de su derrota en los comicios parlamentarios de 2015. Suspendió el referéndum revocatorio y retrasó las regionales, secuestrando instituciones y estableciendo maneras de pervertir los procesos electorales desde la estructura del Estado.
Las manipulaciones y abusos de poder del régimen, ejercidos de manera evidente y desvergonzada, han transformado el proceso electoral en un enorme fraude en contra de las personas. Así como el régimen ha comprometido derechos de alimentación, económicos, de salud o de seguridad, de la misma forma ha cooptado y violentado el derecho fundamental del voto.
El gobierno ejerce mecanismos de coerción y presión, condicionando entrega de alimentos, servicios médicos o beneficios sociales, en una forma de violencia del Estado sobre amplios sectores del país. Eso pudimos verlo en distintas comunidades en Caracas, sobre todo con la entrega de bolsas CLAP, en las que literalmente se usó el hambre de las personas como herramienta para llamar a votar por los candidatos oficialistas.
Los obstáculos para votar y la enorme desconfianza en el CNE incidieron significativamente en los índices de abstención registrados el domingo. Un sistema electoral debe reflejar el sentir del pueblo y darle confianza para expresarse, o de lo contrario se transforma en un sistema fraudulento. Tanto en nuestra experiencia diaria en las comunidades como en los datos de encuestas y sondeos de opinión, es claro que el madurismo es una minoría en el país: que el sistema electoral arroje resultados como los anunciados por Lucena, solo comprueba como el CNE ha negado su responsabilidad para con el pueblo venezolano, parcializándose y comprometiéndose con el régimen.
Lo que está sucediendo en el estado Bolívar es una muestra de ello. Andrés Velásquez está defendiendo los resultados que lo dan ganador, dispuesto a presentar actas que lo respalden y denunciando a través de protestas que han sido violentamente reprimidas. El desconocimiento de su victoria no es casual en un estado de enorme importancia para el proyecto del arco minero, en el que gobierno y grupos paralegales tienen grandes intereses, ahora amenazados por la gestión de un gobernador democrático.
El megafraude del domingo reafirma los replanteamientos en la estrategia electoral por parte de la alianza opositora. Ya es inequívoca la naturaleza dictatorial y autoritaria del gobierno y resulta inviable ir a cualquier otro proceso electoral sin un cambio de las condiciones actuales: remover a Tibisay Lucena y renovar el directorio del CNE para poder retomar la vía electoral, como vía pacífica para la resolución de conflictos.
Por otro lado es fundamental una respuesta clara por parte del liderazgo opositor, que muestre la escala y magnitud del fraude en todas sus instancias, denunciándolo al país y el mundo. Y debe recuperarse la contundencia y fuerza demostrada en todos estos años de resistencia contra el régimen, como las vividas en periodo de protestas masivas entre abril y agosto.
A los venezolanos se nos plantea ahora una profunda reflexión acerca de las formas de participación, organización y movilización, en un contexto claramente dictatorial. Debemos trabajar en la construcción de una base política y social capaz de hacer frente a situaciones de inmensa gravedad, como este megafraude criminal perpetrado por el régimen.