Grandes titulares en la prensa local española ocupó esta semana la decisión de la Audiencia Nacional de iniciar un procedimiento contra un banco chino de talla superlativa por un delito continuado de blanqueo de capitales.
La importancia de este hecho viene ligada a la condición misma de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que conoce y decide causas de especial trascendencia, como crimen organizado, falsificación de moneda y delitos contra la seguridad del Estado.
La decisión fue ya notificada al Banco Industrial y Comercial de China a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, que es el sitio donde el imputado ICBC Luxemburgo tiene su domicilio fiscal.
El tema está levantando roncha y ocupando gran centimetraje en los medios por el hecho de que la investigación envuelve a un ente de enorme talla, considerado incluso como el banco más grande del mundo, al detentar más de 3.000 millones de dólares en activos, es decir, 2 veces la talla de Citigroup.
Este asunto ya había sido motivo de atención hace varios años cuando se le relacionó con grupos criminales investigados en suelo español por transferencias turbias de dinero a China supuestamente consideradas como blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información presentada por el diario español ABC, desde su establecimiento en España, que data de 2010, sus actividades se limitaron a la captación de depósitos a los que se les “facilitaba toda la operativa bancaria para ocultar, encubrir, transformar en otros productos (como préstamos a clientes en otros países) y transferir mayoritariamente a China”, según las palabras del juez nacional Ismael Moreno.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción española ha sido vital en este caso que, en apariencia, comienza a generar paralelos en otros países de la Unión Europea, como Francia y Alemania. Este ente integrado en el Ministerio Fiscal español y dependiente de la Fiscalía General del Estado tiene por función investigar y conocer los procesos de especial trascendencia, relativos a delitos económicos. Gracias a su participación, ya en 2016 en España detuvieron a 7 directivos del banco.
La presunción era que el Banco no había adoptado las normas de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y que por su intermedio supuestamente se perfeccionaban casos de lavado de capitales y de ganancias ilícitas para clientes “especiales” que montaban a cifras considerables. El lavado de dinero se camuflaba, en algunos casos, gracias a transacciones comerciales internacionales inexistentes.
Todo este entramado de operaciones encubiertas lo que deja ver es la existencia de una mafia china que usa este tipo de debilidades o de desprevenciones para facilitar negocios a quienes desean hacerlos al margen de la ley. Pero el caso es que España ha sido particularmente diligente en detectarlos y darles seguimiento sostenido.
Cabe preguntarse si el caso ICBC es un hecho aislado o puede ser la punta de un iceberg cuyo fondo no somos capaces de atisbar, mientras el mismo contamina otras entidades transnacionales.
Ello depende de la vigilancia que en cada país se efectúe de las operaciones comerciales y bancarias que crecen como la espuma como consecuencia de la exponencial presencia china en los negocios internacionales en todo el planeta.
Como en España, es preciso tener los ojos bien abiertos.
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