Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después fueron demoliendo la Constitución que ellos mismos implantaron en medio de aquella farsa constituyente de 1999, primero por medio de una serie de leyes habilitantes con las que asumieron también la función legislativa durante 15 años, y ahora con el artificio de una nueva constituyente que han montado con el grotesco proceso que el mundo ha visto, desconoce y repudia.
Entre los principales objetivos del proceso chavista estuvo adueñarse del Banco Central de Venezuela hasta que llegaron a convertirlo en una bodega y a nuestra moneda en basura, todo mediante la manipulación sobre la legislación del BCV en siete reformas que le han hecho en los años 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015, con el agravante de que en estas dos últimas oportunidades no se hizo por ley sino por decretos absolutamente inconstitucionales. Ningún otro país del mundo ofrece semejante inseguridad en la reglamentación de su principal institución financiera.
La oscuridad ha sido la constante en estos cambios de la ley, nunca han cumplido con los requisitos constitucionales de publicidad ni de participación ciudadana, y de los cuales los primeros cinco los ejecutaron con un Parlamento manejado abusivamente por el chavismo y los últimos dos ni eso les fue suficiente, pues los excluyeron del ámbito parlamentario mediante leyes habilitantes francamente inconstitucionales por las cuales la Asamblea Nacional cedió al Ejecutivo la atribución de hacer la ley.
A pesar de que la Constitución la hicieron a su gusto y medida, y de que en ella escribieron sobre la autonomía del BCV –de lo cual se jactaban–, en esas sucesivas reformas fueron borrando lo escrito para convertirlo en un ente completamente sometido a la voluntad del mandatario de turno, a quien le dieron atribuciones para controlar el directorio y con ello al banco.
La última ley para regir al BCV antes del chavismo la emitió el Congreso Nacional (Gaceta Oficial 35106 del 4 de diciembre de 1992). En ella se estableció la autonomía de la institución, cuya finalidad se declaró en dirección a lograr la estabilidad monetaria. En este instrumento legal se diseñó un directorio compuesto por un presidente y seis directores: el presidente sería nombrado por el presidente de la república, pero con autorización del Senado mediante voto calificado de las dos terceras partes, lo cual obligaba a la concertación de distintas fuerzas políticas; cuatro de los directores también serían de libre nombramiento del presidente de la república y dos por el Parlamento, que también tendrían que designarse por consenso.
La ley antes citada fue derogada por la Asamblea Nacional el 4 de septiembre de 2001 con la aprobación de una que promulgó Chávez, que luego fue sucedida por distintas reformas que estuvieron marcadas todas ellas por la exclusión de consensos políticos, hasta llegar al decreto ley 2179 emitido por Maduro el 30 de diciembre de 2015 y en cuyo artículo 16 se autoatribuyó la facultad para nombrar al presidente y a todos los directores, arrebatando al Legislativo la potestad de nombrar a dos de ellos, es decir, desde entonces Nicolás Maduro personifica al Banco Central, él es el Banco Central.
Este decreto ley por el cual Maduro se autoasignó el poder total sobre el BCV lo dictó invocando la segunda ley habilitante que ilícitamente le otorgó Diosdado Cabello desde la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 2015, en medio de una ridícula ventolera de publicidad “revolucionaria” y que denominaron “Ley habilitante antiimperialista”, cuya motivación justificaron en el Decreto Obama que retiró las visas norteamericanas a siete funcionarios del gobierno venezolano relacionados con violaciones de los derechos humanos.
En resumen, la independencia del Banco Central de Venezuela que hicieron letra constitucional ha sido eliminada por ellos mismos y lo han hecho mediante actos denominados leyes o decretos leyes, pero que no alcanzan tal categoría. Todo ha sido un desorden, una terrible maraña ilícita que habrá que resolver como tarea de primer orden cuando volvamos al Estado de Derecho.
En Venezuela la política monetaria no se maneja de manera técnica con sentido de estabilidad más allá de un gobierno, sino sujeta al vaivén de la diatriba diaria, sin controles institucionales, y lo hace un régimen carcomido por la corrupción, manejado por incapaces, mezcla fatal que es lo que tiene al país en este caos interminable de destrucción sistemática del Estado democrático, destrucción de Pdvsa, destrucción de la justicia, destrucción de la Fuerza Armada, destrucción del aparato productivo, del comercio, de la educación, de todo.
El epílogo de este drama lo representa fielmente lo que ocurre con el bolívar proclamado como unidad monetaria de Venezuela incluso en esta Constitución, y de lo cual da cuenta ese desastre de billetes sin valor real donde le ponen apellidos como “fuerte” y “soberano” para disimular su total pérdida de valor, así como también los bandazos con el fantasmagórico “petro” y los “lingoticos” en los que nadie cree, ni siquiera ellos mismos que solo roban en euros y en dólares.