Preocupa cómo la intolerancia y la violencia irracional, utilizados como instrumentos de acción política, están gravitando en el clima político del país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza que se suceden cuando las fuerzas represoras de los usurpadores tratan de acallar el legítimo reclamo de quienes padecen todas las vicisitudes que este malhadado régimen ha entronizado en Venezuela y que le hacen muy difícil, al ciudadano común, lidiar con las dificultades que le plantea atender las exigencias que demanda el transcurso de la vida diaria. Cuando se aproxima y se hace más palpable la posibilidad de que el régimen llegue a su final , se percibe una mayor polarización y tensión social cuyos rasgos fundamentales evidencian el endurecimiento del contenido del discurso político que acentúa las diferencias; la disposición de los grupos opositores a realizar acciones de calle con mayor decisión y audacia, compelidos por la actitud gubernamental de no dar espacios para el debate y el entendimiento; asimismo, las acciones violentas e ilegales de los grupos de apoyo al gobierno, que son realizadas con la complicidad de las autoridades y exacerbadas por la dirigencia del PSUV.
Los tiempos que se avecinan estarán signados por mayor violencia, intransigencia y confrontación. En efecto, el aprovechamiento por parte del gobierno del comportamiento irracional de los grupos de seguidores comprados con cualquier canonjía e instruidos bajo la égida de la intolerancia y en el odio de clases, es una de las estrategias que ha venido siendo utilizada por los seguidores del régimen para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores. Igualmente, la violencia institucional del gobierno al pretender, por una parte, imponer, sin haber dado cumplimiento a las exigencias constitucionales y sin la apertura de espacios para el diálogo y la concertación, un modelo de sociedad autoritario, excluyente y antidemocrático; y, por la otra, el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos. A pesar de los llamados pacifistas de la dirigencia opositora, la violencia que podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno sería un acto de legítima defensa ante el arrinconamiento y las acciones políticas de provocación de las que son objeto.
La sociedad venezolana no puede permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición y prosiga en el descabellado empeño de imponer un modelo de sociedad concebido para hacer a todos los ciudadanos vasallos del Estado.
La oposición transita una ruta pacífica, respetando las normas democráticas ha formulado planteamientos y opciones al país que no han sido respetados por los poderes públicos y el aquelarre madurista. Es deber y responsabilidad del régimen tomar las medidas necesarias que eviten llevar al país por un sendero de inútiles enfrentamientos fratricidas.
El gobierno y sus organizaciones de inteligencia llevan décadas formulando planes e hipótesis sobre cómo subyugar a la nación para imponer la dictadura comunista. De esta forma han concentrado su atención en atacar los puntos débiles y más emblemáticos del entramado social e institucional venezolano, utilizando metodologías sofisticadas y de eficiencia comprobada ante diversas situaciones. Por eso se persigue y se acosa a los medios de comunicación no alineados. Por eso se radicaliza la hegemonía y se establece una institucionalidad paralela. Por eso se estrangula y desmantela a la propiedad privada. Por eso se amedrenta y reprime al movimiento sindical. Por eso se ataca a la universidad, a la Iglesia Católica y en general a todos los opositores.
El gobierno se ha centrado en prepararse para el asalto final contra lo que aún perdura del sistema democrático venezolano. A tal efecto, ha reactivado, mediante la dotación de importantes recursos financieros y armamento, a los grupos violentos con los que opera y de los que se sirve para amedrentar y agredir a la población disidente y a sus dirigentes. La lección principal que se desprende de los acontecimientos de los últimos tiempos es que no hacen falta métodos exóticos y de alta tecnología para producir resultados devastadores sobre el ánimo de la sociedad civil. Basta con hacer correr rumores, agredir, perseguir, encarcelar, reprimir y amenazar a objetivos muy bien escogidos para hacer cundir la angustia entre las masas y paralizar las acciones de la mayor parte de las organizaciones sociales opositoras en los centros más importantes del país.
Las consecuencias políticas y psicológicas de la estrategia gubernamental no se miden por el número de víctimas que puedan causar, sino por lo perverso del ataque y el obsceno ventajismo del que se vale. Mientras los atacantes tengan el poder y el apoyo del gobierno y sus instituciones, el miedo y la sensación de impotencia se intensifican. El efecto buscado por este tipo de acciones gubernamentales consiste en demostrar la vulnerabilidad del objetivo y la permanente vulnerabilidad de los que podrían ser un objetivo la próxima vez. También, demostrar que las defensas pueden ser penetradas utilizando métodos sencillos y que no existe ninguna defensa real contra un ataque del gobierno. La única defensa real y verdadera contra esas acciones es la resistencia seria, continuada y valiente.
Nuestro destino, por de pronto, está en nuestras manos; no bajemos la guardia que el gobierno nos acecha y espera una muestra de debilidad para atacarnos. Podemos ganar, debemos ganar y vamos a hacerlo.
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