Por Ricardo Hausmann y Julian Hinz
Venezuela vuelve a estar en las noticias. A través de una perfidia sin precedentes, el presidente Nicolás Maduro se otorgó la victoria en las elecciones presidenciales que se realizaron el 20 de mayo. Dado que el abiertamente progobierno Consejo Nacional Electoral había eliminado de la lista a los tres principales partidos de oposición y descalificado a dos importantes líderes políticos, gran parte de la oposición boicoteó el proceso electoral. Los otros dos candidatos que participaron se negaron a reconocer el resultado, en vista de las muchas violaciones que habían ocurrido. Lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos.
A pesar de los actos de intimidación oficiales –por ejemplo, se obligó a los votantes a identificarse en los stands del partido de gobierno bajo amenaza de ser removidos de los programas de asistencia social– la abstención alcanzó niveles récord. Si bien nunca hubo dudas con respecto al resultado de las elecciones, el evento destruyó toda pretensión de legitimidad por parte de Maduro.
Entretanto, el catastrófico colapso económico de Venezuela continúa a un ritmo abismante. Durante el presente año, hasta abril los precios de los alimentos se habían multiplicado por 100, y solo en el último mes subieron más de 200%. El precio del dólar se ha multiplicado por más de 100 desde julio de 2017. De acuerdo con el informe mensual de la OPEP, en el año que terminó en abril de 2018, la producción de petróleo disminuyó 27% (lo que equivale a 520.000 barriles anuales). Su nivel actual es de 1,4 millones de bpd, 2 millones de barriles diarios menos que en 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, el antecesor y patrocinador de Maduro. El salario mínimo, recibido por el trabajador medio, solo alcanza para adquirir menos de 900 calorías al día, lo que es insuficiente para alimentar a una persona, y menos a una familia. Cáritas Venezuela, la entidad católica de caridad, proyecta que en el curso de este año 280.000 niños morirán de inanición.
Bajo estas condiciones, no es sorprendente que los venezolanos estén abandonando su país a un ritmo que no tiene precedentes en las Américas. Hubo una época en que la gente salía en avión a destinos como Estados Unidos, España y Panamá, con la esperanza de encontrar un futuro mejor en el extranjero, pero hoy sale a pie, cruzando la frontera para entrar a Colombia o Brasil, o trata de llegar en barco a Aruba, Curazao, y Trinidad y Tobago, impulsada nada más que por la desesperación.
Abundan las estimaciones sobre esta emigración. Colombia ha intentado poner algo de orden en el proceso, pidiéndoles que se registren a los venezolanos que han entrado legalmente al país. 203.000 lo hicieron el mes pasado, además de los 63.000 que se habían registrado el año anterior. Sin embargo, ¿cuántos no lo han hecho? El gobierno colombiano calcula que para fines de 2017 había alrededor de 550.000 venezolanos en su país. Y ¿cuántos habrán entrado desde entonces?
Es difícil medir la escala de este éxodo. Para hacerlo, hemos colaborado con Muhammed Yildirim de la Universidad de Koç, en Estambul, en la creación de un indicador de la emigración que emplea datos provenientes de Twitter. Esto es especialmente apropiado porque en 2016 más de 28% de los venezolanos tenían cuenta en esta plataforma, y porque ella nos permite identificar la ubicación actual de sus usuarios. Aun cuando ellos no constituyen una muestra aleatoria de la población, son bastante representativos puesto que su huella geográfica tiene una alta correlación con la de la población en general.
Empleando datos recopilados de Twitter Streaming API, que contiene una muestra aleatoria de 1% de los tuits del mundo, seguimos la pista de personas que tuitearon desde Venezuela entre febrero y abril de 2017, y luego examinamos desde dónde tuitearon entre febrero y abril de 2018. Tomamos en cuenta solo a quienes habían tuiteado desde Venezuela en el primer período y desde el exterior en el segundo. Restamos a quienes habían tuiteado solo desde el exterior en el primer período y solo desde Venezuela en el segundo. También controlamos por el hecho de que los migrantes tienden a tuitear menos que los demás, lo que hace más difícil encontrarlos dentro de la muestra de 1%. Nuestro cálculo de la emigración neta es que ella fue de 7,37% en los 9 meses que van desde abril de 2017 hasta febrero de 2018, lo que representa una tasa anualizada de emigración de 9,7%.
Dado que Venezuela tiene 30 millones de habitantes, esto significa 2,9 millones de personas al año. Todavía más, la presencia geográfica de estos emigrantes es diferente de la previa: 24% está en Colombia, 15% tanto en Chile como en Argentina, y cerca de 5% en cada uno de estos países: Estados Unidos, España, Perú y Ecuador. En vista de que la situación económica venezolana continúa su rápido deterioro, es razonable suponer que este masivo éxodo se va a acelerar.
A la comunidad internacional le ha resultado problemático decidir qué hacer con respecto a Venezuela. La Unión Europea y algunas fuerzas políticas dentro del país han pedido nuevas elecciones, pero realizar elecciones justas mientras Maduro esté en el poder es una contradicción total. Otros han abogado por una acción más contundente. Pero, mientras tanto, ¿en qué forma deberían los países abordar la emigración venezolana?
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, ha estado instando a los países a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos. La Declaración de Cartagena de 1984 incluso los compromete a ello. Sin embargo, los países de la región se han opuesto debido a que temen un alto número de refugiados y la repercusión que ellos podrían tener en los presupuestos nacionales. Para consternación de Acnur, Trinidad y Tobago ha llegado a deportar refugiados venezolanos.
Es obvio que la comunidad internacional necesita tiempo para resolver la crisis política de Venezuela, pero ese es un tiempo que los venezolanos no tienen. Los países pueden excusarse con el hecho de que han buscado activamente una solución diplomática y que incluso han ofrecido asistencia humanitaria, solo para ser rechazados por el régimen de Maduro. No obstante, el derecho internacional y la moralidad básica obligan a los países a llamar las cosas por su verdadero nombre y a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos. Hacerlo no solo corregirá una situación injusta, sino que también entrañará beneficios a los países, pues podrán disponer de la energía y la creatividad de personas de bien, que solo anhelan vivir y trabajar de manera productiva y sin miedo.
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