Venezuela ha entrado de lleno en el debate político electoral de Estados Unidos. Nuestro país ya no es un mero tema en la agenda de política exterior. La presencia numerosa de venezolanos en Florida y en otros estados los ha convertido en objetivo de política electoral. Y, como siempre sucede, también en este caso se aplica la máxima de que toda política exterior es, en su fondo, política interior (“all foreign policy is local politics”, dicen los expertos).
Según el más reciente estudio demográfico del prestigioso instituto PEW Research Center, basado en el último censo de 2010, al que han sumado proyecciones del propio instituto, en 2013 residían en Estados Unidos, 248.000 venezolanos. 69% en estados del sur, mayormente, Florida y Texas. Del total, 42% vive en Florida, de forma muy concentrada en las ciudades de Weston y Doral. A continuación, le siguen otros lugares entre Orlando y Tampa, al sudeste del mismo estado. En Texas, destaca la importante concentración que se ha producido en la ciudad de Katy.
De ese universo –en una proporción que se mantiene– 39% son ciudadanos americanos. En números absolutos, se trata de 96.720 ciudadanos americanos, de los cuales 40.622 viven en Florida. Aunque faltan los estudios necesariamente actualizados de lo ocurrido entre 2013 y 2018, hay cálculos de expertos que señalan que el número de venezolanos en Estados Unidos está próximo a duplicarse.
Un informe del propio PEW Research Center de 2016 señalaba que los venezolanos encabezan las solicitudes de asilo, a una tasa de 10.000 por año, lo que equivale a un incremento de 168%. Así las cosas, en este momento hay una masa de más de 40.000 solicitudes de asilo, que esperan una respuesta de las autoridades migratorias.
Entre 2014 y 2016, apenas 1.112 casos fueron resueltos afirmativamente. Si bien la cifra de venezolanos en Estados Unidos ha crecido de forma considerable, la lógica sugiere que el número de personas que tienen las 2 nacionalidades ha permanecido estable. Lo más probable es que su incremento esté inscrito en el crecimiento promedio de la población de Estados Unidos. Si el total de ciudadanos venezolanos-americanos está entre 100.000 y 120.000, los elegibles para votar deben sumar entre 55.000 y 66.000. Cuántos están registrados para votar y qué porcentaje efectivamente vota, son datos que están por conocerse.
Si el comportamiento electoral resultara semejante al del voto latino o al del voto hispano en general, en las próximas elecciones deberían votar aproximadamente unos 30.000 venezolanos, la mitad de ellos en Florida. Siendo un estado, cuyo comportamiento electoral se caracteriza por ser pendular y de resultados muy estrechos, producir una estrategia que capitalice la mayoría de esos 15.000 votos puede ser factor clave para dirimir la contienda. Se trata de un caso evidente que invita a diseñar una comunicación segmentada, que genere entusiasmo e identidad, y utilice medios locales o de audiencia local, redes sociales y otras formas de mercadeo político directo.
Solo 30% de los ciudadanos venezolano-americanos son nacidos en Estados Unidos, y 23% ha vivido en el país por más de 20 años. Es decir, para un importante sector de ese potencial caudal electoral aplica la caracterización de que constituyen un “voto Venezuela”, más que un voto “venezolano-americano”. Esto significa que su comportamiento electoral es todavía característico de una “diáspora”, para la cual el destino y la política exterior de Estados Unidos con respecto a Venezuela es un componente crítico. En eso se parece mucho al comportamiento electoral del voto cubano-americano, para el cual, sobre todo entre quienes tienen las mayores edades, las posturas firmes contra el castrismo son decisivas para su comportamiento electoral. Y estando el régimen de La Habana conectado intrínsecamente al de Caracas, es lógico que ambos colectivos han terminado muy estrechamente relacionados en sus visiones políticas.
Sin embargo, los electores venezolano-americanos votaron en 2008 y en 2012, mayoritariamente, igual que todo el colectivo hispano, por Barack Obama. En 2016 votaron por Hillary Clinton. No obstante, el senador de origen cubano, Marco Rubio, muy visible por sus duras críticas e iniciativas contra el eje La Habana y Caracas, ha adquirido una considerable popularidad entre los venezolano-americanos. Por tanto, puede decirse que el Partido Republicano ha construido, de modo muy tangible, una vinculación orgánica con el “voto Venezuela” de Florida.
Desde muy temprano, el senador Rubio tejió una alianza estratégica con el gobernador del estado, también republicano, Rick Scott, para posicionarlo en la agenda del “voto Venezuela”, centrándose ambos en sus duras críticas al régimen y prescribiendo políticas y posturas que calcan al carbón las lideradas por el Partido Republicano, en los últimos 50 años, contra el régimen de los Castro. En síntesis, conscientes de la tendencia del voto venezolano a alinearse más con la agenda de inclusión socioeconómica que moviliza a los latinos en general a favor del Partido Demócrata, los líderes republicanos han apelado a algo tremendamente emocional para capturar y construir un vínculo con esos 15.000 electores, apelando a las mejores técnicas de mercadeo directo: el “voto Venezuela” como semejante al “voto Cuba”.
En este momento, estamos entrando en el cierre de las campañas electorales de mitad de período presidencial. Solo uno de los dos senadores del estado de Florida está expuesto a reelección: el demócrata Bill Nelson –a Marco Rubio le correspondió reelegirse en 2016, hasta 2022–. También están en la boleta electoral las contiendas en dos distritos de población mayoritaria o significativamente hispana en Miami, y la lucha por la gobernación. En uno de los distritos electorales se enfrentan dos latinos, el diputado Carlos Curbelo –aliado muy próximo a Rubio– contra la fuerte candidata demócrata, de origen ecuatoriano, Debbie Mucarsel; y el otro distrito se lo disputan la veterana demócrata, Donna Shalala –quien fue, entre otras cosas, ministra del gobierno Bill Clinton y presidente de la Universidad de Miami–, contra la periodista de origen cubano María Elvira Salazar, muy conocida por su programa de opinión en español, en la televisión local, y con una postura muy férrea contra el eje La Habana-Caracas. Ambas se enfrentan por el que fue el escaño de la legendaria y apreciada republicana Ileana Ros-Lehtinen –quien anunció no ir a la reelección, luego de 29 años imbatible en ese espacio–. Es importante destacar que en ambos distritos electorales, signados bajo los números 26 y 27 de la Florida, en las últimas elecciones presidenciales han ganado los demócratas Obama y Clinton con ventaja de hasta dos dígitos. Sin embargo, en elecciones parlamentarias, donde la participación electoral es baja, han ganado los republicanos. La trayectoria de Ileana Ros-Lehtinen tiene mucho interés: nunca perdió en ese distrito, como resultado de la multiplicidad estratégica de su agenda, que incluía posturas progresistas en lo social, ideas conservadoras en lo fiscal, y firmes posiciones contra el castrismo en Cuba y el chavismo en Venezuela.
La lucha electoral se ha hecho estrecha en un contexto donde el candidato a gobernador demócrata es el joven, carismático y popular ex alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, quien además del voto duro demócrata movilizará otros segmentos muy importantes, como los millennials, los puertorriqueños en el corredor central de la Florida, y, por supuesto, a los afro-americanos. La candidatura de Gillum ha revitalizado las opciones del Partido Demócrata, que enfrenta al republicano Ron DeSantis, quien ha optado por calcar la retórica xenófoba de Trump. Es decir, por un lado, DeSantis repite el discurso antiimmigrante de Trump, y, por el otro, Rubio y Scott intentan motivar al voto cubano-venezolanos con la retórica más radical contra el régimen castro-chavista. Ambos, además, operando en espacios compartamentalizados desde el punto de vista mediático.
Pero hay dos cuestiones adicionales que considerar. Primero, no son solo los votos los que cuentan. También cuenta el dinero en la política de Estados Unidos, porque el financiamiento electoral y la compra de tiempo en radio y televisión son asuntos críticos. Y en ese sentido, hay mucho dinero de cubanos y venezolanos sumados a la agenda radical contra los regímenes de Cuba y Venezuela, percibidos como un solo enemigo. Por otra parte, como toda política exterior es en el fondo política local, entonces, sin mayor valoración analítica o crítica, ese radicalismo y “mensaje estratégico” en lo electoral, se agudizan en un momento en el que la lucha por esos escaños del Senado y las diputaciones se hacen críticas, y se encuentran en luchas cerradas que pueden ser, particularmente en el caso del Senado, vitales para que Trump y los republicanos mantengan el control de la Cámara Alta del Congreso. Desde esa perspectiva, se explican muchas cosas que tienen tan entusiasmados a algunos venezolanos, por la cobertura en medios que reciben esas voces que han endurecido su discurso como respuesta al marcado y dramático deterioro que se vive en Venezuela, hasta asomar o flotar la peligrosa idea de una intervención militar.
Esta semana entró al Senado una propuesta liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, suscrita por el senador Bill Nelson, de Florida, enfocada en codificar el asunto de las sanciones y todas las propuestas sobre ayuda humanitaria, así como eventuales mecanismos de apoyo de Estados Unidos a una potencial transición a la democracia y de apoyo a las reformas económicas que se necesitan en Venezuela. De esta propuesta es coautor el senador Rubio.
Sin embargo, cabe destacar que Menéndez y Nelson han sido activos en promover otro tema que no entusiasma a los legisladores republicanos en esta era Trump, caracterizada por un tono xenófobo y contrario a la inmigración hispana: el alivio migratorio para miles de venezolanos en Estados Unidos, quienes son parte del dramático éxodo que vive Venezuela, y cuya estadía, necesaria por razones humanitarias, pende de una solicitud de asilo no resuelta, una visa por vencerse sin esperanzas de renovación y, en muchos casos, una situación de indocumentación migratoria que incluye a jóvenes soñadores o dreamers. Es numeroso el contingente de venezolanos que vive el mismo drama que el resto de los 12 millones de latinos indocumentados en Estados Unidos, que están expuestos a las crueles políticas de deportación que ejecuta la administración Trump, o que incluso podrían ser víctimas de la práctica de separación de familia, como ha ocurrido en los inhumanos y brutales tratos recibidos por más de 2.000 familias provenientes de Centroamérica, en busca de asilo en Estados Unidos.
Falta, entonces, una pieza legislativa clave más allá de toda esta diatriba política, de gran importancia: el alivio migratorio en la forma de “Protección Migratoria Temporal” –conocida por sus siglas en inglés como TPS– para los venezolanos. Esto sería lo coherente y consistente con el reconocimiento de que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria por encontrarse en manos de un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos.
Trump y sus apoyos parlamentarios han sido enemigos acérrimos de toda forma de TPS, pero se muestran muy endurecidos contra Venezuela. He advertido que lo peor que puede suceder es que la política exterior frente a Venezuela se cubanice por los dos extremos: La Habana dirigiendo al régimen de Caracas, y sectores de Miami influyendo de forma definitiva sobre la estrategia opositora venezolana. El predictor de lo que puede suceder, en ese escenario, es la propia Cuba, que pasó, de 50 años de hegemonía de los hermanos Castro, a las manos de su compañero de partido Miguel Díaz Canel, a pesar de la terrible miseria y sufrimiento del pueblo cubano. Es preciso entender que la solución para Venezuela requiere no repetir errores, y necesita apoyo del hemisferio, pero será inédita, propia de una sociedad que está clamando por libertad y democracia.
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