En un medio de España (Expansión) han publicado información sobre un reciente contrato celebrado entre la dictadura y un bufete de abogados de Madrid: “Lupicinio Abogados” asignándole la misión de “asesoría ante sanciones y embargos”. Según la publicación, estos abogados deberán cubrir tanto a la dictadura como a las personas que la ejercen, ministros y demás altos cargos. En otro medio, también español (El Confidencial) publican que este bufete también trabaja para los regímenes de Cuba, Irán, Rusia y Corea del Norte (https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-10-21/lupicinio-abogados-cuba-iran-rusia-corea-norte_1621528/). Llama la atención que, según la primera de las citadas publicaciones, ese contrato a los abogados españoles está refrendado por la Procuraduría General de Venezuela.
expansion.com/economia/politica/2019/03/19/5c90efd8468aebd0238b457b.html
Los milmillonarios juicios que cursan contra Venezuela
He venido denunciando desde tiempo atrás la gravísima irregularidad referida a la representación de Venezuela en tribunales internacionales donde sigue actuando como tal una persona que usurpa el cargo de procurador general. El artículo 249 constitucional dispone que la designación debe hacerla el presidente y ha de autorizarlo la Asamblea Nacional. Durante los regímenes de Chávez y de Maduro la última persona con la que se cumplió esa prescripción fue Cilia Flores, ella ejerció desde febrero de 2012 hasta marzo de 2013 cuando dejó como encargado a Manuel Galindo, quien no recibió el visto bueno parlamentario. Luego, ahondando la ilegalidad, este encargado se fue en diciembre de 2014 y dejó en el puesto a Reinaldo Muñoz como “encargado del encargado”. La AN ha hecho dos pronunciamientos formales denunciando este hecho y calificándolo como usurpador del cargo.
Las graves consecuencias de la usurpación del cargo
El procurador es el abogado de la República en materia civil, específicamente defiende y representa sus intereses patrimoniales, así lo dispone el artículo 247 de la Constitución nacional. De manera que desde marzo de 2013 no hemos tenido representante legal y en esas condiciones han venido corriendo una gran cantidad de procesos contra Venezuela en tribunales internacionales como el ICC, el Ciadi. Allí se han hecho transacciones y se han recibido condenas por miles de millones de dólares, todo sin control ni fiscalización alguna. Esto amerita una intervención urgente de nuestras autoridades legítimas que preside Juan Guaidó, hay que protestar esto con fuerza, hacer gestiones para que se anulen todos esos actos, nuestra protesta por ese asalto hay que llevarla a esos tribunales, a la ONU, a la OEA y a todo cuanto organismo internacional exista, no podemos permitirlo en quietud porque eso forma parte de la tragedia humanitaria que ahoga a la patria.
Algo que no entiendo
En uno de esos procesos viciados de nulidad por falta de representación legal, el Ciadi nos condenó apagar 500 millones de dólares. La demandante Owens Illinois fue a una Corte de Estados Unidos a pedir un embargo en ejecución del fallo, y según reseña la agencia Reuters, la representación legal de Guaidó se presentó, no a protestar por el juicio ilícito, sino para pedir un aplazamiento de 120 días para hacer el pago. Esto es francamente absurdo, huele mal.
Hay una fila de casos esperando que nos condenen
Solo en el Ciadi, de 36 casos que contra Venezuela se tramitaban en los últimos tiempos, se hicieron transacciones en 23. Es decir, el falso procurador negoció en total oscuridad pagar para cerrarlos. Ahora mismo quedan 13 procesos en curso contra Venezuela. Otra cosa que llama la atención es que el falso procurador maneja personalmente algunos casos y otros los delega a bufetes que contrata, ninguno de Venezuela; los hay de Estados Unidos, como por ejemplo uno denominado “GST”, otro Foley Hogan. También otro con sede en París: “Alfredo De Jesús O”. Otro de Argentina “Guglielmino”. Y así, sin que se pueda saber los acuerdos económicos con estos.
Ya en España se descubrió un robo usando un bufete contratado
Un tribunal de Madrid que lleva uno de los casos de lavado de dinero venezolano descubrió que Pdvsa, bajo la firma de Rafael Ramírez, estaba pagando honorarios a un bufete de abogados propiedad del hijo de quien fuera embajador de España en Caracas Raúl Morodo, quien se prestó para reforzar internacionalmente los gobiernos de Chávez y de Maduro. Así el abogado Alejo Morodo aparece recibiendo millones de euros por concepto de asesoría jurídica que nunca prestó. Ya está en la cárcel. Nada de raro tendría que eso esté ocurriendo en tantos otros de los casos que comentamos
Caso especial del bufete antes de Maduro ahora de Guaidó
El diario español ALnavío publicó una nota con el siguiente titular: “Este es el bufete de Estados Unidos que dejó a Maduro y ahora trabaja para Guaidó”.
El periódico basa su información en una entrevista realizada a un venezolano dirigente del Partido Demócrata, Leopoldo Martínez, quien declaró que el bufete Arnold & Porter es uno de los más importantes del mundo, que el haber sido contratado por el presidente Guaidó lo que hace es practicar la doctrina de continuidad en los negocios más allá de los gobiernos. ¿Cuál será la continuidad a la que este señor se refiere? No hay ninguna; por el contrario, lo que hay es un profundo antagonismo que representa el chavismo/madurismo con la doctrina democrática que representa Guaidó. Esto es un insulto a la inteligencia, una aberración política y jurídica pues resulta notoria la existencia de contradicción de intereses. Eso huele mal.
Tengo mucho material sobre este tema, por eso les digo… ¡continuará!
@carlosramirezl3