Si de sanciones se trata, de acuerdo con los últimos acontecimientos, sin duda, la opinión pública venezolana se está decantando por la idea que más le convenía la estrategia de sanciones del gobierno de Trump que la que intenta explorar la actual administración Biden con su levantamiento de sanciones.
Declaraciones del senador Bob Menéndez: “Como el autor de la Ley Verdad, creo firmemente en la necesidad de una solución negociada a la crisis venezolana. Pero al mismo tiempo, cualquier negociación basada solo en concesiones de nuestro gobierno simplemente ignora la realidad del régimen de Maduro y su largo historial de abuso a negociaciones para mejorar su provecho político. Por más de una década, Maduro ha destruido su país, matado o torturado miles de venezolanos, y delinquido de una manera que desató una catástrofe humanitaria desestabilizando a nuestro hemisferio. Aquellos que lamentan la dependencia de Estados Unidos y sus aliados de petróleo extranjero, lo cual solo enriquece a gobiernos terroristas como Rusia, no pueden tener una doble moral cuando se trata de enriquecer a dictaduras autócratas como la de Venezuela”.
Lo cierto es que el gobierno de Biden nos ha madrugado con una decisión polémica, en especial para la comunidad venezolana en el exilio y particularmente para quienes estamos en Estados Unidos, se trata del levantamiento parcial de las sanciones contra el régimen de Maduro, sin duda todo un desafío que quedará plasmado en la historia venezolana.
La apuesta de la administración Biden incluye, según la BBC, la autorización de la compañía petrolera estadounidense Chevron para iniciar negociaciones con la empresa petrolera de Maduro, Pdvsa; estas sanciones fueron impuestas por el presidente Trump en 2017 e incluyeron la prohibición de comercializar bonos del tesoro venezolano.
De acuerdo con el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, la medida fue decidida en consulta con la oposición venezolana y busca incentivar el diálogo entre el gobierno y sus rivales políticos.
Según declaración de Juan González plasmada en la BBC: “Estados Unidos está tomando una serie de medidas a pedido del gobierno interino venezolano (representado por Juan Guaidó) y la Plataforma Unitaria de partidos políticos”.
El señor diputado Juan Guaidó, quien en opinión de algunos medios internacionales se autoproclamó “presidente encargado” en 2019, logró ser reconocido por más de 50 países, pero nunca le quitó el poder a Maduro; después de 2 años de infructuosos esfuerzos, la Unión Europea le retiró el reconocimiento, en 2021 la ONU reconoció al embajador de Maduro como representante de Venezuela y tan solo Washington le mantiene el reconocimiento.
El gobierno interino además está siendo increpado para rendir cuentas acerca de los supuestos bienes recuperados de la república, uno de esos casos es la empresa Monómeros, filial de Pdvsa, la cual está siendo investigada por diputados de la Asamblea Nacional 2015, quienes solicitan al presidente interino su intervención inmediata, también se desconoce la suerte de otros activos, entre ellos Citgo.
Recientemente el gobierno interino estuvo involucrado en un escándalo de proporciones mayores. Todo empezó con las revelaciones de Mark Esper, exsecretario de defensa del expresidente Donald Trump, quien dice que en reunión sostenida entre presidente Trump y miembros de la administración de Guaidó, entre los que incluye a Julio Borges y Carlos Vecchio, supuestamente presidente Trump puso sobre la mesa el 5 de febrero de 2020 la posibilidad de que fuerzas estadounidenses se “deshicieran” del dictador Maduro; según Esper, estaba poniendo a prueba a Guaidó. La respuesta de Guaidó fue: “Por supuesto que nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos”. Buena parte de esta trama ha corrido en las redes sociales, de más está decir que ahora se explica por qué la comunidad internacional tiene tanta desconfianza con la oposición venezolana, al final comprendes en perspectiva el poco valor que estos personajes le dieron al sacrificio de cientos de manifestantes y de luchadores que cayeron asesinados víctimas de Maduro.
Lo cierto es que la oposición venezolana, léase Guaidó y la Plataforma Unitaria, son severamente cuestionados, pero son ellos quienes presuntamente abogan por el levantamiento de sanciones contra funcionarios y el mismo Maduro con el fin de lograr unas hipotéticas elecciones libres.
Pero, ¿quién es el Maduro por el que la oposición aboga el desmantelamiento de las sanciones…?
Se trata de un criminal, la polémica se agudiza en la medida que crece la indignación en los familiares de las víctimas y testigos de sus crímenes al ver como su sacrificio ha sido en vano, después de haber sido utilizados por el liderazgo opositor en las marchas y sido expuestos prácticamente como carne de cañón, hoy es la misma oposición quien pide levantar las sanciones a Maduro su victimario.
Cientos de familias venezolanas hacen responsable al régimen de Maduro de la muerte de por lo menos 140 manifestantes durante las protestas antigubernamentales de los años 2017 y 2019, de acuerdo a cifras oficiales, también Maduro está señalado de múltiples delitos entre los que se mencionan más de 2.000 desapariciones forzosas, según denuncia formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet.
En el mismo tenor están las denuncias de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para la república de Venezuela de la ONU quien se pronunció por señalar al régimen de Maduro de violaciones graves de los derechos humanos, su informe indagó sobre 223 casos, ellos consiguieron 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios, abogados, representantes de ONG y personal técnico, el estudio identificó “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas de estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemáticas constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
El informe de la misión señaló que “tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros responsables estaban al tanto y que dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
Todas estas violaciones de derechos humanos tienen como fin sostener a Maduro en el poder. El régimen de Maduro mantiene control absoluto del Estado venezolano, controla todos los poderes públicos, incluso cuando perdieron la Asamblea Nacional, Maduro creó otro poder similar con las facultades de legislar denominado Asamblea Constituyente, y generalmente designa funcionarios de su gobierno bajo la figura de protectores en gobernaciones opositoras para vigilarlas o asumir sus competencias.
El sistema electoral venezolano es un entramado de corrupción, a nivel de directiva el ente está dominado por voto simple por Maduro, pero su control a nivel técnico es absoluto, se trata que la oposición no tiene forma de validar el total por ciento de los votos, debido a que el centro de recepción de cómputos de votos es una unidad aislada inaccesible para la oposición bajo control militar.
Las elecciones con Maduro son una simple formalidad para decir que en Venezuela hay elecciones, son una simulación, lo cierto es que el régimen censura y filtra previamente los candidatos y las organizaciones políticas, una estrategia reciente de Maduro es apropiarse de las siglas de los partidos a través del Tribunal Supremo de Justicia para otorgárselas a militantes comprometidos con Maduro.
El régimen de Maduro es responsable del desvío de miles de millones de dólares, de acuerdo con Giordani, exministro de finanzas de Hugo Chávez, se trata de una pérdida del erario nacional de más de 300.000 millones de dólares, se presume que todo este dinero ha sido sustraído de las arcas del Estado venezolano dejando sin presupuesto a los planes sociales, principalmente al programa de salud, significando la muerte por inasistencia de miles de ciudadanos venezolanos, que siguen muriendo en los hospitales.
El régimen de Maduro es además responsable del encarcelamiento de cientos de opositores que incluso hoy siguen estando privados de libertad bajo condiciones inhumanas, incluyendo ciudadanos norteamericanos a quienes se les ha negado un juicio justo.
Lo que acabamos de leer es un breve resumen del significado del régimen de Maduro, sin duda, todo ese historial influyo significativamente para que la administración Trump impusiera un conjunto de sanciones que llevaron al régimen de Maduro por vez primera a replegarse significativamente limitando sus movimientos y alcanzándole por vez primera sendas derrotas morales a nivel internacional, tengo que reconocer que en lo que respecta a la política exterior vinculada a Venezuela, el gobierno de Trump impuso este sistema de sanciones que favoreció en gran medida la protección internacional de los bienes venezolanos, pero además instrumentalizo medidas para sancionar a represores y criminales de lesa humanidad, expuso la situación venezolana a nivel internacional otorgándole un megáfono mundial.
Lamentamos la decisión del gobierno de Biden de levantar parcialmente las sanciones en contra del régimen de Maduro, entendemos la buena intención de dar una oportunidad al proceso de negociación en México, sin duda será todo un desafío dado el historial de incumplimiento del régimen de Maduro.
En conclusión, mis queridos lectores del partido demócrata, les exhorto a mantener las sanciones, Maduro es un régimen fuerte, de eso se trata una dictadura, su fortaleza radica en la fuerza de su ejército y componentes armados para dominar al pueblo, no hay una oposición capaz de desafiar su poderío, además hay que agregar el desgaste acumulado y el enorme daño a su imagen y reputación, entendiendo que a falta de liderazgo militar capaz de restituir la constitución y las leyes, el espacio que queda es la negociación entre esa oposición y el régimen de Maduro, pero no a costa de dejar impune los crímenes del régimen de Maduro.
Venezuela la está pasando mal con esta noticia de flexibilidad de las sanciones al régimen de Maduro, en este momento quienes se alegran son los mafiosos alrededor de Maduro, cuya noticia significa luz verde para seguir cometiendo sus delitos y fechorías, es francamente un error político estar siquiera involucrado con levantar las sanciones a cambio de nada, esto afecta la credibilidad del proponente, la comunidad venezolana esta gravemente lesionada con esta iniciativa que busca normalizar la dictadura de Maduro.
Marco Rubio y Bob Meléndez
No entiendo este nivel de insensibilidad en relación con las víctimas del régimen de Maduro, al punto que ni las mencionan en las supuestas agendas de negociación, como si no existieran, obviamente el tema político es discutible dada cuenta todo el hemisferio sur está cambiando hacia gobiernos de izquierda, entiendo que los demócratas tienen algunos congresistas amigos de estas ideas izquierdistas, afortunadamente yo lo supere cuando vi con mis propios ojos como los gobiernos de izquierda destruyeron nuestro país, violentaron la constitución, destruyeron el orden público, fomentaron el odio y las divisiones. La lección que me queda es no involucrarme con ninguna ideología extrema, ni extrema izquierda ni extrema derecha, pero en el caso concreto de Venezuela, pienso que la administración Biden necesita enviar un mensaje al mundo de no permitir dejar impune los crímenes del régimen de Maduro, pienso que es importante no caer en la tentación de abrazar una gran mesa de invitados que permita la tolerancia abierta de la dictadura de Maduro, haciéndolo potable para los estándares mundiales, de eso se trata la postura de los gobierno de México, Bolivia y de la mayoría de los gobierno de izquierda que incluyen posturas como la canciller chilena y posiblemente con la probable victoria de Petro en Colombia, así que conviene mantener la política de sanciones, está claro que en Venezuela no ocurrirá un cambio significativo sino obligamos a la dictadura por la vía de las sanciones, son nuestra única arma.
Finalmente, me despido deseándoles libertad y democracia nos seguimos leyendo en nuestra próxima entrega en El Nacional.