Lenguaje y poder

España nos dio el idioma y nos regaló a Miguel de Cervantes y a su Don Quijote. De ahí la importancia de cuidar la expresión hablada y la gramática, porque la lengua es identidad. Además, el pensamiento se construye y organiza a través de la lengua; irrespetar la lengua es ofender la identidad y mostrar pobreza intelectual. Ignorar el principio de la economía del lenguaje, el abuso de locuciones idiomáticas -copiadas de dialectos extranjeros- y la manipulación de las palabras se han repotenciado con la neolengua, que es el envilecimiento del idioma. Esto ocurre tanto en el lenguaje ordinario como en el jurídico.

Para poner orden en el laberinto idiomático, y en la búsqueda de la unidad del lenguaje tanto en España como en América, la Real Academia Española, el Consejo General del Poder Judicial español y la Cumbre Judicial Iberoamericana publicaron el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (dirigido por Santiago Muñoz Machado, 2017), el cual será presentado el próximo 16 de julio en sesión conjunta de la Academia Nacional de la Lengua y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En este texto se compilan los términos jurídicos más usados en los países de habla hispana “que ofrece un destacable marco de seguridad jurídica al recoger conceptos de común comprensión”, tal como lo afirma Carlos Lesmes Serrano en el prólogo de esa obra. Se trata de un trabajo necesario ya que los jueces juzgan con las palabras, y un término mal usado o manipulado afecta la seguridad jurídica.

Al diccionario mencionado deben agregarse dos obras más. La primera es el Libro de estilo de la justicia (coordinado por Santiago Muñoz Machado, 2017) que busca que los abogados se expresen de acuerdo con las reglas y los principios del español al momento de interpretar las normas jurídicas, de redactar sentencias o leyes. En la motivación de las decisiones judiciales deben quedar bien expresadas las razones jurídicas que sustentan los fallos, tarea en la cual la redacción tiene un papel determinante. La segunda obra es el Libro de estilo del español según la norma panhispánica (coordinado por Víctor García de la Concha, 2018) que recoge los cambios del idioma e incluye las nuevas modalidades de comunicación, como las que se usan en las redes sociales. Todo lo cual va dirigido a defender el idioma desde el punto de vista fonético y gramatical.

La producción de los textos mencionados busca que se hable bien el español, con homogeneidad entre los distintos países hispanohablantes. No se pretende impedir que el idioma experimente transformaciones, sino que estas respeten las reglas y principios de nuestra lengua.

En el caso venezolano, desde la llegada del chavismo, se ha producido una degradación del idioma, lo que llega a su máxima expresión con la denominada neolengua revolucionaria. Hay peculiaridades que distinguen el lenguaje del socialismo del siglo XXI, no solo la exageración de los adjetivos descalificativos, sino también el desdoblamiento gramatical a mansalva. Esto ocurre al colocar el género femenino a sustantivos no marcados. Cuando se dice “venezolanos y venezolanas, hermanos y hermanas, abogados y abogadas” se incurre en el innecesario desdoblamiento gramatical que atenta contra el principio de economía del lenguaje y produce un circunloquio que nada añade. Si se habla ante un auditorio, podemos dirigirnos al público con el sustantivo no marcado, que incluye ambos géneros, sin distinción. En estos casos no puede hablarse de sexismo lingüístico. (En todo caso, la lengua no es sexista, lo serían los hablantes).

El desdoblamiento del lenguaje ha sido moneda de cuenta en el dialecto revolucionario, por el uso y abuso de duplicar cada palabra en dos géneros como ocurre con “camaradas y camarados”. Aquí el error es aún más grave porque “camarado” no existe en español, y mal puede ser el masculino de camarada. Si se quiere precisar el género, se usa el artículo: la camarada o el camarada.

En el proceso de degradación del lenguaje no escapa el uso frecuente de locuciones de dialectos extranjeros. Así ocurre con “a lo interno”, que es un circunloquio, es decir, un “rodeo de palabras para expresar algo que podría haberse dicho de forma más breve” (Fundéu). Esta expresión es de uso frecuente en República Dominicana y viene del italiano all’interno de. Así, en lugar de decir “a lo interno de la universidad”, mejor es decir “en la universidad” o “dentro de la universidad”. Es una manera de respetar el principio de la economía del español. Pero como las malas mañas se contagian, hasta miembros del mundo académico acuden a este italianismo, sin reparar en la necesidad de no imitar lo inimitable.

La manipulación del lenguaje jurídico sube de tono cuando se da en el campo de las decisiones judiciales. En la jurisprudencia reciente se suele vaciar de contenido las palabras, como ocurre con el término “desacato” que, según el Diccionario panhispánico del español jurídico, significa: “Incumplimiento de una orden judicial de cualquier fuero, siempre que sea escrita y esté basada en la norma vigente”. Sin embargo, el significado del concepto es manipulado para extraer de él que la Asamblea Nacional cometió un pretendido “desacato” de manera indefinida en el tiempo futuro, para de esa manera despojar al Parlamento de sus facultades constitucionales.

Lo mismo ocurre con la manipulación de la noción de “pueblo” que puede tener significados distintos según sea el agente que lo constituye-y de quien hable-. El pueblo chavista es distinto al pueblo opositor, al menos si atendemos la definición que hizo la Sala Constitucional. En efecto, en su sentencia N° 24 del 22.01.2003, definió pueblo como “el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”. Sin embargo, al momento de definir los integrantes del “pueblo” que recibe las dádivas de la revolución, se excluye a quienes no son seguidores del proyecto chavista. Es lo que ocurre con el carnet de la patria, un instrumento que discrimina entre los venezolanos que integran esa noción amplia de pueblo, que ha sido señalado como tal por el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La palabra paz es otra a la que se apela en el discurso político revolucionario: quien no está de acuerdo con el modelo socialista es porque es enemigo de la paz.

En conclusión, en la revolución bolivariana las palabras tienen un significado distinto al que les asignan los diccionarios. Se trata de procesos para desnaturalizar el sentido de las palabras con fines discriminatorios por razones políticas. Aquí cabe recordar lo que decía Lewis Carroll en A través del espejo: “Cuando uso una palabra, ella significa exactamente lo que decido que signifique, ni más ni menos. La cuestión es quién es el que manda; eso es todo”.