En numerosos medios de comunicación he leído esta misma frase o variantes de ella: el gobierno y la oposición darán inicio al “enésimo” intento de diálogo. Y, en efecto, el uso de la palabra es correcto, porque los intentos han sido tan numerosos que, en la práctica, es casi imposible determinar cuántos amagos, tanteos, pruebas o diálogos oficiales ha habido. Y es que, esto es importante, en el expediente de estos fracasos, una rigurosa contabilidad debe incluir no solo los diálogos reconocidos sino también las conversaciones a la sombra, las aproximaciones interrumpidas, los mensajes enviados que no han encontrado respuesta en el sector gubernamental.
Antes de continuar debo aclarar: no soy un dogmático enemigo del diálogo. Entiendo el valor que tiene como herramienta para destrabar y abrir cauces en la solución de los conflictos. Sé que la política es indisociable del diálogo y de sus resultados. Por lo tanto, la ristra de eventos fallidos, así lo sugiere el sentido común, no bastaría para oponerse el diálogo. Los estudiosos de la figura, que abundan en nuestro país, tienen razón cuando dicen: el diálogo es la vía política de la insistencia. De repetir hasta lograr alguna meta. Por eso mismo, el diálogo adquiere a veces las proporciones de una fe: tiene sus creyentes capaces de resistir desengaños y temporales, pero tiene también unos ciudadanos que, armados de argumentos que no son despreciables, dicen: no creo, es una trampa, esto no nos conducirá a ninguna parte.
Si nos aproximamos al contenido de esta enésima convocatoria, lo primero que debe analizarse es la brecha que existe entre las exigencias de unos y otros. El gobierno, esencialmente, no quiere resolver la crisis política, social y económica del país. Este es el quid de la cuestión. Maduro tiene dos objetivos prioritarios: el primero, quiere dinero. Dólares. Quiere préstamos, refinanciamiento. Como toda tiranía petrolera tiene adicción por las monedas norteamericana y europea. No sabe existir sin ellas. Como el ludópata o el narcoadicto, necesita fondos para cubrir los huecos inmensos que ha ido creando fruto de la corrupción, la ineficiencia y la destrucción de empresas e instituciones.
El segundo, tanto más grave: el gobierno quiere que la asamblea nacional constituyente –es decir, una estructura ilegal, ilegítima y fraudulenta– sea reconocida por la oposición democrática. Quiere que la Asamblea Nacional legítima y escogida por los ciudadanos reconozca a la entidad que viola la Constitución vigente. En otras palabras: pretende que la institución y los parlamentarios se conviertan en cómplices de una cadena de delitos, pero con este agravante: que la ilegítima se ha declarado a sí misma supraconstitucional, todopoderosa y propietaria de un poder ilimitado y sin contrapesos.
La oposición democrática –o el sector que está representado en República Dominicana– ni quiere dinero, ni tampoco podría transferir la legitimidad de la AN a la ANC. Sus objetivos, paradójicamente, son restituciones. Que devuelvan los derechos a los ciudadanos venezolanos: que haya un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado; que haya elecciones en condiciones seguras; que liberen a los presos políticos; que se abra de inmediato un canal humanitario.
Es evidente la disparidad, el desequilibrio, el carácter de las peticiones: donde unos quieren más dólares para continuar su aniquilación de las libertades individuales y políticas; otros quieren abrir las puertas, con urgencia, al ingreso de alimentos y medicamentos para detener la mortandad que asola a Venezuela. Mientras unos quieren que se les otorgue una autorización política –porque legal no podrá serlo nunca– para acelerar el funcionamiento de una máquina antidemocrática, los otros reclaman la devolución del más sagrado de los derechos de la democracia: el del voto libre, secreto y universal.
¿Y para qué quiere dinero el gobierno de Maduro? Para repetir en mayor escala lo que ha venido haciendo: aumentar el número de dependientes de la red CLAP; obligar –tal como lo continúa haciendo ahora mismo– a más y más venezolanos a sacarse el carnet de la patria para adquirir alimentos; crear estructuras de vigilancia en los barrios; continuar el robo abierto de las arcas públicas. En dos palabras: quiere dinero para impedir que se produzca el cambio político que, la inmensa mayoría del país, reclama con urgencia.
Por lo tanto, y esto es lo medular, no se trata de un diálogo inscrito en la política. Se trata de una lucha entre la defensa de los derechos humanos y una enorme banda armada de delincuentes. En los mismos días en que el gobierno hacia declaraciones a favor del diálogo, el propio Maduro sugería que el carnet de la patria podría ser el requisito exigido para votar en unas posibles elecciones presidenciales. No hay exageración en esto: mientras está sentado en República Dominicana, el régimen trabaja para la ejecución de su próximo fraude electoral.
Cierro aquí con la pregunta contenida en el título de este artículo: ¿es legítima la desconfianza de los venezolanos en el diálogo? Mi sugerencia: que cada lector lo decida en el silencio de sus pensamientos.