Nicolás Maduro ha impuesto sanciones políticas-económicas al país que preside, Venezuela. Somete a la población a vivir en una situación espantosa a nivel humanitario, político y diplomático, mientras la nomenclatura del chavismo-madurismo disfruta de las mieles del poder.
La clase dominante y la conciencia dominante del madurismo crean miseria y pobreza al desmantelar la oferta de servicios públicos y bienes, por la implantación del plan de la patria; destruyen la demanda, el poder adquisitivo, por la hiperinflación; y han arrasado la actividad económica del país. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto se reducirá a la mitad en los 5 años de Maduro en el poder.
A pesar de ello, Maduro avanza en el cronograma electoral presidencial sin escuchar la voz de alerta de la mayoría de los venezolanos ni de los países democráticos que piden garantías para unas elecciones creíbles, manteniendo
los principios de inclusión, justicia y transparencia.
Faltan 53 días, 7 semanas, para que suceda la elección presidencial en Venezuela.
Es un período de tiempo reducido. Por lo que los gobiernos y factores democráticos deben emplear todas las acciones necesarias para la salida de Maduro.
Se requieren acciones de emergencia, porque hasta ahora las sanciones aplicadas por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea han sido ignoradas por la nomenclatura madurista.
Las sanciones deben agudizar las contradicciones dentro del régimen hasta lograr que Maduro pase a ser el gran pasivo, a tal punto que “el castillo de naipes” que lo sostiene se derrumbe.
Por lo tanto, la comunidad internacional debe emplear todo su poder para hacer que las sanciones logren la salida de Maduro y sus secuaces lo antes posible.
En el ámbito multilateral, los 19 gobiernos de los países que integran la
Organización de los Estados Americanos deben motivar en la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana a Venezuela a 4 países del Caribe, Antigua y Barbuda, Haití, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, y Trinidad y Tobago.
Una acción invocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que está pendiente por la aprobación de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores.
Asimismo, uno o varios de los países del Grupo de Lima deben presentar ante la Corte Penal de Justicia en La Haya el informe de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, que incluye a Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López, Antonio Benavides, entre otros.
Los 52 países democráticos que rechazaron la elección de la asamblea
constituyente deben extender las sanciones a los familiares y testaferros de la nomenclatura chavista-madurista ya sancionada, congelándoles las cuentas bancarias y los bienes inmuebles hasta que demuestren el origen de los fondos. En el caso de los países que no han sancionado a funcionarios venezolanos, es el momento de hacerlo, siguiendo el ejemplo que dio el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que castigó a Maduro y 39 funcionarios.
En el área financiera, las sanciones deben cortar las fuentes de financiamiento del régimen, con el objeto de evitar el lavado de capitales y financiamiento del narcotráfico y el terrorismo.
El embargo petrolero por parte de Estados Unidos es la mejor medida para tal fin, porque las refinerías estadounidenses son los clientes que pagan en efectivo la compra de petróleo. Por este concepto, Maduro tendrá como mínimo 8.500 millones de dólares de ingresos este año, de los cuales ha recibido 1.440 millones de dólares a la fecha. Unas divisas que han engrosado al patrimonio de los jerarcas oficialistas, porque las bolsas de comida CLAP son canceladas con otros recursos como oro, contratos de crudo, etc.
Por ello, es importante aislar a Maduro y sus secuaces del dinero limpio proveniente de la exportación de crudo hacia Estados Unidos.
Otras sanciones petroleras son la prohibición del uso del dólar para asegurar la exportación de petróleo venezolano y de las ventas de productos refinados de
Estados Unidos a la estatal petrolera Pdvsa.
Las otras fuentes de financiamiento provenientes del narcotráfico y el petro deben ser bloqueadas.
En el caso del narcotráfico, unas fuerzas militares conjuntas entre Estados Unidos, Colombia, Brasil, Guyana y Holanda deben vigilar los espacios aéreos, acuáticos y terrestres para evitar la salida de la droga. Y con respecto al petro, el FinCen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberá prohibir el uso de esta moneda digital para hacer transacciones financieras, porque al final su valor está referido al dólar, además de ser un mecanismo para la legitimación de capitales.
Por último, los 19 países que votaron a favor de la resolución de la OEA el pasado viernes y los 28 países de la Unión Europea deberían llamar a consulta a su embajador o encargado de negocios que está en Caracas para evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas, si se materializa la elección presidencial.
Si la comunidad internacional toma estas sanciones y Maduro sigue a troche y moche por la vía autoritaria, no dejará otra opción sino la intervención internacional por los venezolanos que están muriendo.
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