El domingo 15 de octubre acudimos a las urnas de votación para elegir a los gobernadores de los 23 estados de Venezuela.
Asistimos al proceso a sabiendas del conjunto de irregularidades que la dictadura viene acumulando a lo largo de estos duros años de lucha democrática.
El primer gran problema para la sociedad democrática es el debate recurrente respecto de la concurrencia a los procesos electorales; el dilema de participar o no en procesos electorales donde el ventajismo y las maniobras ilegales son elementos presentes en todas las fases previas al acto de votación, así como las que se presentan en la propia jornada electoral.
Habíamos superado ese dilema luego de las elecciones parlamentarias de 2005. No obstante, con ocasión de este proceso electoral regional surgió de nuevo con fuerza. Si bien podríamos considerar normal la participación registrada en este tipo de elecciones, lo cierto es que la prédica insistente contra la participación electoral, estimulada además desde los laboratorios mediáticos del gobierno, produjo una primera división en la sociedad, y fue un factor generador de abstención que perjudicó a los candidatos democráticos.
Tal circunstancia se inscribe en las tesis inmediatistas y maximalistas que siempre han acompañado a diversos sectores opuestos al modelo comunista. Haberle creado la expectativa a la sociedad de un inminente cambio de gobierno como resultado directo de las jornadas de protesta del presente año, produjo una nueva frustración en importantes sectores comprometidos con la lucha opositora. Una dictadura como la que padecemos los venezolanos, no se inmuta ante la protesta popular. Al contrario, se ensaña contra ella. La reprime con tal virulencia que no le importa el juicio de la opinión pública nacional e internacional, además de recurrir a la mentira y a la manipulación para culpar de la violencia generada por ellos mismos, a los sectores de la sociedad que ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica.
Lo cierto es que la incomprensión de la naturaleza violenta y autoritaria del régimen llevó a estos sectores a plantearse la hipótesis de que era posible forzar con la protesta la salida inmediata de toda la cúpula conductora del Estado. Al proponerse dicha cúpula el aplastamiento de la protesta, dejando en el camino un significativo número de personas fallecidas, encarceladas y exiliadas, se generó un nuevo sentimiento de frustración que agentes de la antipolítica han aprovechado para cargar contra la dirigencia política todo tipo de descalificaciones.
En esas circunstancias, la dictadura, sin escrúpulo de ninguna especie, lanza una agenda electoral de manera unilateral, en la que cambia a su particular interés los tiempos de los procesos electorales para generar en el campo de la oposición situaciones que le impidan resolver la diversidad que la caracteriza. En abierta violación del orden legal, niegan a los partidos democráticos la posibilidad de sustituir candidatos, todo lo cual abona a la desconfianza, a la abstención y a la confusión.
Lo más grotesco del fraudulento proceso previo al ejercicio del voto lo constituyó la modificación del lugar natural de votación de un importante número de centros que afectó a más de un millón de electores, alimentando de esa manera la abstención en los sectores democráticos. Esta perversa disgregación de centros electorales, todos con un comportamiento tradicionalmente favorable al mundo democrático, es prueba evidente de la conducta tramposa que anima a la camarilla roja en su insaciable voracidad de poder.
Sumado a ese cuadro se presenta el ya tradicional uso y abuso de los recursos estatales para favorecer a la plataforma electoral del régimen, convirtiendo el debate democrático en una lucha desigual entre la sociedad democrática y el Estado. Esta situación genera un ventajismo delictivo que no hay forma de controlar ni de frenar. Es el Estado todo, incluidos los recursos de la Fuerza Armada, avasallando a unos ciudadanos y grupos políticos totalmente desvalidos en medio de la más espantosa crisis económica de nuestra historia.
De modo que el resultado electoral del pasado fin de semana tiene su principal explicación en el desarrollo de un proceso electoral fraudulento desde su origen hasta los actos de violencia e intimidación que se cometen el día de la votación por parte de los agentes de la dictadura.
Por supuesto que además existen muchas falencias en el seno de la alianza opositora. La Unidad es muy deficiente; la conducta avasallante de dos o tres organizaciones en su conducción impide un mayor acoplamiento de todos los sectores sociales y políticos que luchamos por el cambio. Esta situación debe superarse con un cambio a fondo de la forma como se articula y conduce la unidad de la sociedad democrática. Es un tema importante y pendiente, pero que no puede ser el centro de nuestra acción en esta hora.
El tema central en este momento es denunciar con fuerza ante el mundo el abusivo y viciado proceso electoral que tenemos en Venezuela.
La sociedad democrática debe ratificar su apego a la lucha política y electoral. Pero tiene que exigir una certeza jurídica en tiempos y procesos para poder acudir a elecciones. No podemos seguir asistiendo a tiempos sobrevenidos y agendados unilateralmente por la dictadura, y mucho menos sin las garantías de equilibrio, transparencia, respeto al uso del patrimonio público y respeto absoluto al orden jurídico vigente.