Justicia quiero más que pan

En nuestros países latinoamericanos se ha pretendido ensayar el sistema democrático pero con muy escasos resultados, solo destellos es lo que hemos tenido. Pareciera que sobre nosotros pesara un destino manifiesto en sentido contrario. Hoy somos Pablo Escobar y el Chapo, somos Fujimori y Pinochet, somos Juan Vicente Gómez, Chávez y Maduro, Videla, Castelo Branco y Bordaberry. ¿Por qué no podemos escalar a ser Noruega? ¿Qué fardo nos dobla el lomo y nos impide ser Suiza? Lo tenemos todo, riquezas, bellezas, talentos, pero no salimos del hueco de la miseria, del analfabetismo, de la mandonería y del ladronismo.

Lo bueno de lo malo

Ahora mismo Venezuela vive una de las peores tragedias que le ha tocado a pueblo alguno, es un horror inimaginable que luce como una pesadilla colectiva. Es como si todos nosotros, los 30 millones, estuviéramos juntos durmiendo en una inmensa cama, en una larga y oscura noche pegando gritos de pesadilla, nos ahogamos, roncamos, damos vueltas buscando inútilmente despertar. Es terrible, pero de no haber llegado a este punto máximo de absurdez, o absurdidad, como se prefiera decir, no tendríamos, como ahora la tendremos, la posibilidad cierta de encaminarnos mejor, de hacer borrón y cuenta nueva, y voy al punto.

Al despertar de la pesadilla, podremos encaminarnos por un nuevo diseño de país verdaderamente democrático. Al pote de la basura toda esa legislación creada por Chávez y Maduro a través de las seis abusivas “leyes habilitantes” que entre 1999 y 2015 se hicieron dar para asumir –además del Poder Ejecutivo– la función de legislar, anulando así una de las principales características del sistema democrático, el contrapeso, el balance, el control del poder. Esas leyes habilitantes además las emitió el oficialismo en violación de la propia Constitución que hicieron, donde insertaron tal figura teniendo como único precedente la que se hizo dar Hitler denominada “Ley de plenos poderes” con la que llevó al mundo al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Hugo Chávez se hizo dar cuatro de esas leyes habilitantes, a Nicolás Maduro le emitieron otras dos, ninguna de las cuales presentaron justificación real alguna, les cedieron la función legislativa sin límites temporales ni materiales apropiados, y con ellas dictaron 375 decretos ley bajo los cuales pusieron a operar este pandemónium legislativo que ahora sufrimos y que nadie, ni ellos mismos, entienden ni aplican.

Leyes infames en Venezuela

Escribí un libro Leyes Infames en Venezuela (Interamerican Institute for Democracy, 2016) que me llevó dos años de investigación y cuya mayor dificultad consistió en conseguir tanto las sesiones aprobatorias de las habilitantes como el texto de los decretos ley que con ellas se dictaron. En cualquier país se pueden buscar y encontrar sin tantas dificultades los textos de sus leyes menos en la Venezuela de estos fatídicos regímenes de Chávez-Maduro. Y no solo es eso, sino que al acceder a ellas visualicé múltiples contradicciones dentro de sus mismos articulados. También encontré que Chávez y Maduro dictaban algunas de esas leyes y al poco tiempo las sustituían por otras o las modificaban, generando así una locura de inseguridad jurídica. ¡Todo eso al pote de la basura! Necesitaremos un equipo de expertos legisladores que trabajen en reconstruir por lo menos lo más urgente del entramado legislativo para lo inmediato y a lo que habrá de darle legitimidad provisoria.

La Constitución

Se nos hará necesario recomponer el texto constitucional al que también sometí a estudio y le dediqué un intenso trabajo que dio como resultado otro libro que escribí antes, El fruto del árbol envenenado. La constituyente como excusa para matar al Estado democrático (Editorial Palibrio. 2015), y en el cual se hace un análisis exhaustivo de cómo se llegó a la denominada “Constitución Bolivariana” de 1999 en un cuadro de violación de la Constitución de 1961 entonces vigente, todo hecho en una orgía de abusos autoritarios y fraudes electorales. Allí concluí en que todo aquel proceso debe retrocederse para devolverle su vigencia, pero repensando ahora creo indispensable, o bien hacerle unas enmiendas, o en su defecto darnos otra carta magna, y en cualquiera de estos casos deberemos hacer un reordenamiento de todo el Estado para alcanzar la meta de una democracia moderna con ambición de salir del tercermundismo y colocarnos al tope de la civilidad.

Medidas que propongo

Creo en un Estado fuerte sin corrupción. Nuestros funcionarios públicos deben ser los mejores ciudadanos, preparados, estudiados, de alta cualidad moral y por tanto muy bien pagados de acuerdo con las posiciones a desempeñarse. Un ministro, por ejemplo, es un alto gerente, le corresponde manejar una complejidad de actividades, dineros, personal. Es como gestionar una inmensa empresa. Un juez, sea cual sea su categoría, no puede estar bajo preocupaciones económicas, debe tener una remuneración que le permita a su familia y a él mismo vivir cómodamente, sin aprietos, sin necesidades, con seguros médicos, vivienda, jubilación asegurada. También los parlamentarios. Ahora, eso sí, el funcionario que a pesar de tener todas estas consideraciones y beneficios incurra en corrupción debe ser juzgado bajo posibilidad de pena de muerte, o por lo menos cadena perpetua sin posibilidad de obtener alguna medida de alivio bajo ningún concepto. Igual trato habrá que dar al narcotráfico y al delito violento.

Justicia civil, justicia penal

En la provisionalidad para reconstruir el Estado que obligatoriamente sobrevendrá necesitaremos un sistema de justicia inmediato, transitorio, en el que se deberán tomar medidas como deshacer las expropiaciones, devolver todo a los propietarios y hacer acuerdos con ellos facilitándoles los medios para que reactiven sus empresas en los campos y en las ciudades. Tendremos que buscar por donde estén los dineros robados por la dictadura y sus agentes, dineros que deben destinarse a reactivar la economía, a invertir en industrias, en agricultura, en reconstruir el aparato productivo. En lo penal será obligatorio enjuiciar con el modelo del Tribunal de Núremberg a los que pusieron a Venezuela a sufrir este horror, tendremos que formar equipos para rastrearlos, ubicarlos y traerlos presos de la manera que sea, a lo Simon Wiesenthal, el cazador de nazis, y ponerlos ante una justicia real que imponga castigos apropiados al tamaño de los crímenes para además disuadir y dar un mensaje claro para la no repetición.