Ha cumplido un año de haber sido inventada, por tres empleados de las FARC, uno de ellos secretario del Partido Comunista Español, y tres de Juan Manuel Santos, la Jurisdicción Especial para la Paz, mejor conocida con el alias de Justicia Especial para las FARC. Pacto recóndito que costó aproximadamente 300 millardos de pesos y fue rechazado por el pueblo de Colombia en plebiscito del 2 de octubre de 2016, pero que Santos desconoció, haciendo ratificar, por un Senado y Cámara de Representantes sobornadas con toneladas de favores políticos y económicos, la parodia de un nuevo tratado firmado en el Teatro Colón bogotano el 24 de noviembre de ese mismo año, incorporando a la Constitución colombiana las 297 páginas de las infamias suscritas. Human Rights Watch criticó el acomodo, diciendo que eximía a los responsables de los peores abusos de pasar un solo día en la cárcel.
Las celebraciones han dado cuenta de su real significado: Iván Marquez, el jefe negociador del grupo criminal en los Pactos de La Habana, escondido en Venezuela, ha declarado que “fue un error haber entregado las armas antes del sometimiento del Estado” al grupo terrorista.
A renglón seguido, un comando, no se sabe si del ELN o de los jefes farcsianos protegidos por el país vecino, en especial Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, [sicario de Pablo Escobar y comandante de la columna Teófilo Forero, autor de la toma de Miraflores, el asesinato de Diego Turbay y su familia, el secuestro de una docena de diputados del Valle del Cauca que fueron luego asesinados, de Gloria Polanco y sus hijos, el asesinato del esposo de esta, Jaime Lozada, el secuestro de un avión para secuestrar al senador Eduardo Gechem, de numerosos atentados contra el doctor Álvaro Uribe Vélez; de la masacre del Club del Nogal en Bogotá en 2003, donde 36 personas perdieron la vida y 167 quedaron heridas, el secuestro de varios contratistas estadounidenses, la masacre de concejales de Puerto Rico y Rivera, el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del presidente Cesar Gaviria, y del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuellar, etc., etc.], perpetró un asalto a la Universidad de la Policía Nacional de Bogotá, dando muerte a 21 cadetes, una de ellos ecuatoriana, y heridos a más de 80 civiles.
Los cadetes asesinados en Bogotá en enero de 2019
Todo salpimentado con un discurso inane de la presidente de la JEF, la ambidiestra Mirtha Linares, declarando que “somos una jurisdicción de paz, no de venganza”, a fin de justificar la ausencia de sentencias condenatorias de los miembros de las FARC, e impedir la extradición de alias Jesús Santrich, cuando intentaba negociar con 10 toneladas de coca.
El pacto entre Juan Manuel Santos y las FARC, que haría al primero beneficiario de un Premio Nobel de Paz espurio, duró algo más de cuatro años, entre 2012 y 2016. Hoy sabemos que todo fue un amasijo de toma y daca de favores entre los treinta capos farcsianos y el deshonesto de Santos, que fue capaz de corromper a la presidente del comité nobel de Noruega con la concesión de un fabuloso contrato para su empresa petrolera.
Kaci Kullmann Five, hoy fallecida, fue presidente del Comité Nobel que otorgó el galardón a Santos, ministra de Comercio y Tráfico Marítimo y presidente del Partido Conservador y de Statoil, uno de los mayores abastecedores de petróleo crudo del mundo y un importante proveedor de gas natural para el continente europeo, que opera alrededor de 2.000 estaciones de servicio en 9 países, Colombia incluida. En 2014 consiguió una participación en el bloque COL-4 y más tarde adquirió parte de la que había sido concedida a Repsol. Le compró 10% del bloque Tayrona, y 20 % del bloque GUA OFF1 situado frente a La Guajira según El Tiempo del 4 de septiembre de 2014. Ecopetrol, que era propietaria mayoritaria, tiene un representante directo del presidente de la República, aparte de los ministros de Hacienda, Minas y el director de Planeación Nacional.
Por su parte, las FARC recibieron como premio la JEF, cuyos actos van demostrando que nunca jefe alguno del grupo terrorista pagará un día de cárcel, o alguna suma, así sea ínfima, de dinero, para los millares de sus víctimas.
Si en su confección participaron 3 empleados de las FARC, en la elección de los 50 magistrados que dejarán libre a los extremistas, intervinieron tres extranjeros, uno español, otro peruano y un argentino, designados a dedo por burócratas de la Social Bacanería, adeptos al odio de las instituciones burguesas, como el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el secretariado de la ONU y el Centro Internacional de Justicia Transicional.
Mirtha Linares, presidente de la JEF, dijo: “Esta es una jurisdicción inédita en el mundo”. La ley que la reglamenta fue aprobada el 27 de junio de 2018 y determina que no podrá decretar pruebas ni fijar posición sobre extradiciones, ni conceder permisos para que los terroristas abandonen el país; aprobó una sala para juzgar militares incursos en crímenes durante el conflicto, mientras la Corte Suprema sostuvo que la JEF no puede decidir sobre la extradición del reo Santrich, cuya competencia incumbe a la Fiscalía General, aprobando su detención por parte de esta.
Los numerosos críticos de esta supercorte sostienen que su labor, en los años por venir, evitando el juzgamiento y castigo de los criminales de guerra y lesa humanidad de las FARC, mediante excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías, terminará incorporando a sus competencias las tareas de las cortes de justicia ordinaria, con la excusa que la justicia transicional abolirá el conflicto armado entre los partidarios de la democracia y los insaciables del autoritarismo, como ha venido sucediendo en Venezuela, Cuba y Nicaragua, dando al traste con las libertades individuales.
La prensa especializada ha venido señalando algunas de las tropelías de la JEF, a favor de los indiciados, como incluir, entre sus competencias, el juzgamiento de los delitos sexuales y el reclutamiento de menores. Según la Corte Constitucional, controlada de muchas maneras por simpatizantes de los grupos que han causado daño a la nación, los abusos, violaciones y otros crímenes contra menores y mujeres pueden ser considerados parte de la guerra validada por el pacto. De tal manera que la JEF podría sancionar estas depravaciones con penas alternativas y no privativas de la libertad, burlando todas las denuncias realizadas por las víctimas, en especial la Corporación Rosa Blanca, que reúne a las mujeres violadas y forzadas a abortar por orden de los comandantes hoy convertidos en senadores y representantes.
La JEF ha facilitado la salida del país de más de 30 capos, como Rodrigo Granda, Fernando Arellán, Pastor Alape, Benkos Biohó o Timochenko, con el fin de pasar vacaciones en islas paradisíacas, hacerse tratar de la próstata en Cuba, comprar ropa en Buenos Aires o saludar a AMLO, el nuevo presidente de México, etc. Martha Lucía Zamora, secretaria de la JEF, ha sido imputada por la Fiscalía General por falsedad ideológica, encubrimiento y fraude procesal, y ella misma, junto con los burócratas Yuly Enríquez y Luis Caicedo, han sido interrogados por permitir la salida de las zonas de reincorporación de los asesinos Luciano Marín, alias Iván Márquez, jefe negociador de los pactos secretos; Henry Castellanos, alias Romaña, un temido narco, coordinador de los frentes 17, 25, 31, 55 cuya función era la toma de Cundinamarca y por quien el Departamento de Estado ofrecía 2.5 millones de dólares, y Hernan Darío Velásquez, alias El Paisa. Néstor Correa, antiguo secretario de la JEF ha sostenido que la señorita Enríquez es de la entera confianza de las FARC. De otro lado, la JEF se niega a solicitar la presencia física de los tres delincuentes, con el argumento de que legalmente tienen derecho de enviar cartas de información de sus conductas con sus abogados, sin perder los beneficios de haberse acogido a la jurisdicción.
Santos posesiona a los magistrados de la JEP
La extradición de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, en manos de la JEF desde mayo de 2018, ha sido impedida, hasta la fecha, mediante maniobras dilatorias de los magistrados, pues pretenden anular la competencia de la Fiscalía General en el asunto. Tampoco ha excluido de beneficios a su socio en la empresa criminal de enviar 10 toneladas de coca al Cartel de Sinaloa, conocido como El Médico, o entorpecido la extradición de Luis Zuleta, cultivador de coca, amapola y bareta en el norte del Cauca y miembro de la lista Clinton.
El general Javier Ayala, jefe del Departamento Jurídico del Ejército, en un parte presentado ante la JEF sobre los secuestros, tortura, desapariciones y desplazamientos perpetrados por ella, habla de 208.000 víctimas. La Fiscalía General, por su parte, en un primer informe de 2018 habla 52.220 casos de violaciones de la guerrilla a los derechos humanos, 8.163 de investigaciones sobre secuestros, aproximadamente 22% de mujeres y un 73% de hombres. A comienzos de este año hizo, además, un resumen sobre los dineros y bienes acumuladas por las FARC con esa economía de guerra que incluye recursos provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El relato habla de cifras que alcanzan los 7 billones de pesos para el año 2006 y de 3.6 billones para el período 1996/2012 solo por secuestros. Referido a los bienes sometidos a extinción de dominio conjetura casi 545 predios urbanos, 5.228 predios rurales, 267 bienes baldíos con más de 2130 hectáreas; 234 establecimientos comerciales, 792.000 semovientes, 1.176 automotores y 232 activos en el exterior, entregando evidencias de caletas de dinero en efectivo, en dólares y pesos. La Fiscalía señala que estos bienes y dineros no fueron reportados por las FARC tras su desmovilización.
Todo lo anterior indica que el único ganador en este negocio de la paz colombiana fue Juan Manuel Santos. Ganó prestigio universal con un premio que le regaló algo más de un millón de dólares en efectivo, que prometió entregar a las víctimas, pero usó para comprar una lujosa mansión en Bogotá, de casi 7 millardos de pesos y dejar en el Banco Ambrosiano del Vaticano, cuyo nombre ha sido cambiado luego del envenenamiento de Juan Pablo I, según reiterados informes de prensa, de aproximadamente 400 millones de dólares, cosa que debe ser cierta, a pesar de las gestiones del incumbente para que el papa argentino, en cuyo viaje a Colombia Santos invirtió casi 25 millardos de pesos, desmienta el asunto, pues su declaración de renta, para 2016 apenas menciona 6.446.460 de pesos. Santos, que recibe una jubilación no menor de 30 millones, según la revista Semana que dirige su sobrino, cobra 300 millones de pesos por conferencia.
