El Tribunal Supremo de Justicia que legítimamente se encuentra instalado en el exilio (TSJ-Legítimo), sin realizar ninguna consideración de fondo sobre la culpabilidad de Nicolás Maduro en relación con los gravísimos hechos planteados en su denuncia por la fiscal general de la República en el exilio, abogada Luisa Ortega Díaz, habiendo declarado procedente el antejuicio de mérito, ha procedido a pedirle a la Asamblea Nacional la autorización correspondiente –según la norma constitucional, art. 266.2– para continuar conociendo del juicio penal que por los delitos de corrupción propia y otros de extrema gravedad para cualquiera que se desempeñe en un cargo público, deberá sentenciar en su debida oportunidad en relación con hechos que vinculan directamente a Nicolás Maduro con la empresa Norberto Odebrecht, S. A., el mayor grupo delictivo organizado –según la Convención de Palermo– que según se ha demostrado en muchos países, ha esparcido sus tentáculos delictivos en toda la América, siendo considerado el mayor caso de corrupción continental que ha ocurrido hasta el presente.
Estos magistrados fueron designados el viernes 21 de julio de 2017 por la AN, luego de un intenso y prolijo procedimiento parlamentario que, si bien fue apegado a las normas constitucionales y legales que regulan la materia, no estuvo exento de las amenazas y perturbaciones propias de un régimen autoritario que estaba en perfecto conocimiento de la trascendental decisión que tarde o temprano lo colocaría en la picota pública, nacional e internacionalmente, como efectivamente ha ocurrido. Ese día, en consecuencia, fueron soberanamente designados 13 magistrados principales y 20 suplentes, correspondientes a las 6 salas del TSJ. Tres hechos fundamentales que permiten a cabalidad entender la legitimidad que rodea al actual TSJ-Legítimo ocurrieron posteriormente al 21 de julio:
El primero, la desconstitución del TSJ venezolano, como máximo órgano que ejerce la dirección, gobierno y administración del poder judicial. La enconada cacería policial que contra los magistrados titulares, recién designados y juramentados por la AN emprendió el gobierno, y en concreto, la aprehensión manus-militaris de uno de ellos, el magistrado de la Sala Político Admnistrativa Ángel Zerpa, forzó a los 33 magistrados juramentados a huir tanto a sedes diplomáticas nacionales como al territorio extranjero, implorando la protección internacional a sus derechos humanos, así como cobijo para sus familiares directos. Sin embargo, coetáneamente a la designación hecha formalmente por la AN, los 13 magistrados llamados por la colectividad “exprés” que habían sido removidos de sus cargos públicamente, hicieron caso omiso al acto formal de la AN y las comunicaciones por esta enviadas, y continuaron inconstitucionalmente llevando a cabo sus actos con aparente normalidad, lo cual evidentemente infectaba de un grave vicio el funcionamiento normal de ese órgano, pues unos sujetos a quien el órgano legislativo les había anulado su nombramiento de funcionarios judiciales continuaron desarrollando sus actividades con falsas expectativas de legalidad.
Luego, ocurrió automáticamente a lo anterior, la consagración del segundo acto fraudulento del TSJ venezolano: los restantes 19 magistrados existentes que no habían sido removidos en esta fase preliminar, al aceptar la evidente situación de vía de hecho fraudulenta que comenzó a cubrir los actos judiciales de sus 13 compañeros de sala que en franca usurpación de funciones que le habían removido previamente, se negaron a acatar la orden de remoción dada por el órgano constitucionalmente autorizado a hacerlo, provocando así la consolidación de la desconstitucionalización del TSJ, al ser cómplices de tal fraude y permitir el funcionamiento de un órgano integrado por funcionarios totalmente desautorizados para administrar justicia.
El tercer aspecto, la renuncia y desprendimiento de hecho de sus cargos judiciales.
Pues, si lo anterior no fuera suficiente para entender la gravedad del vació institucional que rodea al máximo órgano judicial del país, el 15 de agosto del pasado año ocurrió el tercer hecho que, más que irregular jurídicamente, no puede sino catalogarse de grosero y bochornoso, cuando los actuales 32 ex magistrados del TSJ inexistente de Venezuela decidieron libérrimamente poner sus cargos a la orden de la fraudulenta asamblea nacional constituyente convocada exclusivamente por el señor Maduro, al margen del pueblo venezolano. Si ya antes habían quedado vacios de contenido sus funciones, ese mismo día los 32 sujetos sedicentes magistrados perdieron todo tipo de autoridad posible.
En consecuencia, al haber desaparecido el TSJ venezolano en lo interno del país, 32 de los magistrados que se encuentran forzadamente en el exilio, reconocidos no solo por la OEA, el Parlamento Europeo sino el resto de los países que individualmente conforman la comunidad internacional democrática, asumen su histórico papel de administrar la justicia en territorio extranjero, mediante el ejercicio de la justicia o jurisdicción universal, principalmente en lo atinente a la defensa de los derechos humanos del ciudadano venezolano que hoy por hoy se encuentra desguarnecido internamente ante un Poder Judicial que es cómplice de un Estado fallido internamente, forajido internacionalmente, comandado por un sujeto que declaro responsable político de la crisis humanitaria que padecemos y en abandono de sus funciones presidenciales.
Muchos disidentes, cansados de las altas penurias que constantemente nos hace padecer el régimen de Maduro a diario, han manifestado reservas y escepticismo en cuanto a la efectividad del TSJ-Legítimo ubicado en el exilio, incluso algunos diputados opositores con mucho respeto nos han expresado sus temores ante lo que consideran pudieran ser “falsas expectativas” generadas por esta justicia universal, que acertadamente invoca la Convención de Palermo para juzgar a los integrantes del régimen en lo atinente al sonado caso de Odebrecht. Al respecto debo decirles que no hay ningún tipo de exageración cuando afirmamos que lo que se vive actualmente en Venezuela es inédito: inédita la tragedia humanitaria provocada por una forma inédita de sometimiento a un régimen autoritario y dictatorial inédito; e inéditas las salidas internacionales que, si bien han existido desde principios del siglo XX, es ahora cuando comienzan a verse las reales consecuencias que todo el andamiaje del derecho internacional público creó en décadas de lucha a favor de los derechos humanos.
Como ese punto lo abordaré en una próxima entrega, baste hoy con recordarles a los amigos demócratas pero escépticos lo ocurrido con el dictador Pinochet en su oportunidad. Todos sabemos que fue el juez español Baltasar Garzón quien ejecutó la medida de captura y posterior juzgamiento más efectiva contra este militar chileno en Londres. Pero pocos saben que el mérito de Garzón fue haber sido el primero en poner el funcionamiento de un poderoso entarimado de la justicia universal –la misma que hoy invoca el TSJ Legítimo en el exilio– sin el cual no se hubiere ejercido nunca la presión que permitió el éxito de Garzón.
Pinochet cae preso porque –tal como ocurre actualmente con el régimen oprobioso venezolano– se activaron todos los procesos internacionales por violación de derechos humanos, abiertos por víctimas ubicadas en Francia, Alemania, Noruega y Bélgica, tal como hoy tristemente ocurre con la diáspora venezolana. A la par, en Suecia, su procurador general exigió que la extradición de Pinochet a su país dependiera del pronunciamiento de un Estado extranjero como el británico, sobre la solicitud de los tribunales españoles; en Italia, el ministro de Justicia, por su parte, pidió al fiscal de la República de Milán abrir una investigación contra el ex gobernante chileno; en Suiza, las autoridades judiciales de Ginebra intentaron querella penal contra Pinochet por secuestro y asesinato del ciudadano chileno-suizo Alexis Jaccard; y, en Luxemburgo, el ministro de Relaciones Exteriores presentó varias demandas por violación de los derechos humanos. Por la existencia de este legítimo cerco mundial para Pinochet fue bastante aventurado abandonar el territorio chileno. Recordemos que el TSJ Legítimo en el exilio invoca la Convención Internacional de Palermo, el esfuerzo más acabado de las Naciones Unidas por fortalecer la cooperación entre los países para la lucha contra el crimen organizado.
Razones suficientes para que nuestra fe se restablezca por primera vez de forma inédita.
@PerkinsRocha
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