Entre el año 2000 y el año 2010, aproximadamente, la izquierda internacional cantó alabanzas a Hugo Chávez y al celebrado renacimiento de la izquierda en América Latina. Además de Venezuela, en varios países del continente gobernaron izquierdistas que se sumaron al coro de los niños cantores de Chávez, a cambio de contribuciones económicas en millones de dólares, cuya cuantía está próxima a revelarse. El gobierno venezolano organizó, con el dinero de los venezolanos, campañas para recaudar elogios. El Foro de Sao Paulo, fundado en 1990, hizo de Chávez uno de sus sacerdotes. La izquierda europea, por años, se negó a escuchar las advertencias de los demócratas venezolanos. Caso aparte lo constituyen los señores del partido Podemos, cuyos bolsillos están manchados de sangre: los dineros recibidos desde Venezuela e Irán así lo atestiguan.
El inicio del mandato de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, año 2002, supone una fractura para los sistemas de propaganda de las izquierdas: rápidamente logró poner en evidencia lo que ya se sabía, que las FARC y el ELN eran, en realidad, megabandas dedicadas al narcotráfico ocultas tras la fachada de guerrilla revolucionaria.
La colaboración del gobierno de Chávez a las FARC marca el inicio del vínculo de la izquierda venezolana en el poder con el negocio del narcotráfico. En un primer momento, el gobierno y ciertas unidades militares les dieron protección y territorios para operar. Como se sabe, algunos municipios del estado Táchira funcionaron como aliviaderos. Integrantes de la guerrilla ingresaban a Táchira para descansar, abastecerse o realizar tratamientos médicos, incluyendo intervenciones quirúrgicas para cambiar de fisonomía. Esa actividad, denunciada en su momento, constituyó el primer paso del proceso por el cual la revolución bolivariana derivó en un narcorrégimen.
Las etapas de ese proceso son las previsibles: primero, funcionarios venezolanos comenzaron a recibir pagos por sus servicios, que se depositaban en cuentas fuera de Venezuela. En un segundo momento se convirtieron en socios de la distribución. No olvidemos que, ya en 2008, Rodríguez Chacín, Henry Rangel Silva y Hugo Carvajal fueron sancionados por asistir a los cárteles de la droga. La siguiente etapa ha sido la de organizar redes propias de distribución de drogas: se reciben en territorio venezolano bajo protección de uniformados, y luego se envían fuera del país. Como bien saben los organismos de inteligencia de varios países, el narcorrégimen venezolano maneja un porcentaje muy alto de la distribución de la cocaína que se produce en Colombia y Ecuador. Las investigaciones de la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, así como numerosos despachos de inteligencia, son inequívocas: al más alto nivel gubernamental, y particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana, hay funcionarios, como Reverol, Zavarce y otros, directamente acusados de prestar apoyo a los cárteles de la droga. A este enorme negocio de distribución de drogas pertenecen los llamados narcosobrinos. Por su participación en este negocio, y por las operaciones de droga vinculadas con grupos terroristas del Medio Oriente, se ha acusado al vicepresidente El Aissami. Por sus vínculos con este negocio, se investiga a Diosdado Cabello. Y, puesto que se trata de una red muy amplia, en plena fase de investigación, se están preparando nuevos anuncios y medidas, que muy pronto arrojarán nuevas y sorprendentes noticias.
Que se trata de un narcorrégimen, no ocurre en vano: cada día el silencio de la izquierda mundial es más evidente. Nadie debe llamarse a engaño: a la fauna comunistoide no le preocupan los derechos humanos, ni la represión, ni la violación de las leyes, ni el asesinato de personas que ejercen su derecho a la protesta. La muerte de los demócratas no les inquieta. Pero, ante las evidencias de la participación directa y sistemática del régimen en el narconegocio, las cosas son distintas. Son cada día más los que toman distancia. Lo que asombra es que los señores de Podemos e Izquierda Unida, o el señor López Obrador y algunos otros persistan en defender lo que es indefendible: que hay toda una estructura movida por altas figuras del gobierno venezolano y de la Guardia Nacional Bolivariana dedicada a recibir droga en territorio venezolano y trasladarla a Centroamérica, Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente. La solidaridad con el régimen que aplasta a Venezuela no pertenece al género de la política. Pertenece al género del derecho penal: es nada menos que complicidad con el narcotráfico internacional.
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