Después de la abstención de Ecuador en la Asamblea de la OEA, en la que se discutió la situación de Venezuela, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sorprende a los países miembros de esa organización con una propuesta cuya intencionalidad es sumamente ambigua y, por tanto, abre la posibilidad para realizar, sobre su contenido, varias interpretaciones.
La propuesta en cuestión plantea la realización de una consulta popular en nuestro país para decidir si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo, o si se convoca a nuevas elecciones en un breve plazo. Es evidente que al formularla, el presidente Moreno sabía, de antemano, que su propuesta tendría el decidido rechazo del régimen de Maduro y seguramente también sabía que en los predios opositores venezolanos, carentes de una estrategia política y unitaria, la propuesta tendría espacio para su consideración y discusión. De hecho, casi inmediatamente después de que el mandatario ecuatoriano la presentó, en los sectores políticos, económicos y sociales desafectos al régimen se abrió un amplio debate sobre la conveniencia de seguir esa línea de acción política o, por el contrario, desecharla por inviable dado el conocimiento que se tiene sobre las experiencias previas que evidencian la sistemática manipulación gubernamental para desconocer y falsear los resultados de la consulta popular.
En todo caso, la referida iniciativa ecuatoriana se ha convertido en un “divertimento” que favorece al régimen, al tiempo que ha generado varios efectos inconvenientes para las tareas de la oposición: en primer término ignora y desestima la mayoritaria voluntad del pueblo venezolano de no participar y desconocer la patraña electoral organizada por el gobierno y que se expresó en su momento, aproximadamente con 82% de abstención de los inscritos en el padrón electoral; en segundo término, profundiza una vez más la discusión sobre si la oposición debe terciar en un evento electoral sin que se originen cambios sustantivos en las condiciones actuales lo cual, a su vez, crea dificultades para lograr la tan necesaria e imprescindible unidad opositora; en tercer término, propende a confundir la focalización y prioridades que debe tener la acción opositora para cambiar profundamente las terribles condiciones socioeconómicas en las que este régimen ha hundido al país, debido a que el tema electoral podría copar el escenario político actual en detrimento de los aspectos en los que hay que fundamentar la lucha interna contra el gobierno; en cuarto término, se puede apreciar que, por efectos de la propuesta, en estos momentos hay una suerte de abandono por parte de las organizaciones opositoras de utilizar adecuadamente el irrefutable éxito político obtenido al aprobarse la Resolución 2029 de la OEA, en la que se declara ilegítimo el proceso electoral del 20-M y, por consiguiente, al régimen madurista. Finalmente, el contenido de la propuesta Moreno minimiza la importancia de la acción diplomática de la comunidad internacional al plantear que solo un referéndum local sería el que confiere legitimidad a la acción de desconocimiento del régimen y al exhorto de realizar una nueva elección presidencial, bajo condiciones “estándar”, como lo estableció claramente la referida Resolución, aprobada por 19 países del hemisferio.
Algunas suspicacias se abren en torno a los reales objetivos que pretende alcanzar el presidente Moreno con su propuesta: ¿quiere ayudar al régimen de Maduro a ganar tiempo frente a la indetenible debacle que sufre el país y contribuir a que la inercia e indiferencia se apoltronen en los predios opositores para alivio del gobierno? ¿Quiere ayudar a la disidencia a definir una estratégica ruta de acción política hacia el futuro inmediato y a solventar las diferencias que existen en el seno de la oposición que la mantienen en tensión permanente e impiden la construcción de una verdadera unidad efectiva y valedera? O ¿es acaso que con la propuesta trata de justificar ante su país y el mundo los vaivenes de su política exterior?