Todos estamos inhabilitados en Venezuela. Y eso ocurre desde que los bárbaros rojos llegaron al poder.
Cuando hablamos de “bárbaros” nos referimos, en primer lugar, a los dirigentes del proceso, esos hombres y mujeres que balbucean sus principios fundamentales con razonamientos (propios del estadio intermedio del desarrollo social y cultural) que se ubican entre el salvajismo y la civilización. De ese modo, con fanatismo y falta de paideia, ellos regurgitan constantemente consignas y discursos de odio que transforman luego en políticas que han terminado por hundir al país y a su gente en la mayor calamidad.
En segundo término, también aludimos al amplio grupo de servidores que han tomado la ruta de venderle su alma al diablo por mendrugos constantes y sonantes. Son todos aquellos que le rinden culto a Poncio Pilatos, símbolo tradicional de la vileza y de la sumisión a los bajos intereses de la política.
Hecha la indicación de los personajes, pasamos al desarrollo de la escena.
Mediante un comunicado oficial que fue ampliamente difundido por un canal del Estado, el pasado viernes 6 de abril, los venezolanos nos enteramos que el contralor general de la República, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, muy conocido como el verdugo de la oposición, inhabilitó a Henrique Capriles Randonski, gobernador del estado Miranda, para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años. La anterior sanción administrativa, dice el referido comunicado, surtirá efectos a partir del momento en que el indicado funcionario cese en sus funciones como gobernador del citado estado.
En la declaración de marras se indica que Capriles, líder fundamental de la oposición, incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas.
No se le sanciona pues por haberse apropiado de los fondos públicos que ha manejado en función de su cargo. Sin embargo, la pena que se le aplica es la máxima prevista en la ley.
Llama mucho la atención que durante la gestión del contralor Galindo no se haya castigado a ningún gobernador o alto funcionario fiel al chavismo, a pesar de que su número es marcadamente mayor a los símiles que se ubican del lado opositor y de que del estrambótico nivel de vida de algunos de los rojitos se infiera claramente la fuente de sus jugosos frutos.
Lo anterior amplía sus dimensiones cuando indagamos el pasado de este relevante hombre y sus ejecutorias, y encontramos que el susodicho fue designado consultor jurídico de la Asamblea Nacional (dominada por el chavismo) de 2006 a 2010. Posteriormente, se desempeñó como adjunto de la procuradora general de la República, Cilia Flores, actual primera dama revolucionaria, sucediéndola en el cargo en 2013, cuando ella se separó de dicha posición por indicación de Nicolás Maduro para presidir la Secretaría Ejecutiva del Comando de campaña Hugo Chávez. Luego, el 22 de diciembre de 2014 la Asamblea Nacional lo juramentó como Contralor General de la República.
En esa ocasión Galindo se comprometió a “hacerle frente a los hechos ilícitos relacionados con el uso indebido de los recursos y que ‘la gestión administrativa incorrecta’ sea sancionada”. Poco después del comprometedor juramento, el contralor descontrolado incorporó a Giusón Fernando Flores, un hermano de Cilia Flores, como subcontralor. Respiró hondo y, sin que le temblara el pulso, aprobó el ingreso de 13 allegados: un hijo, dos hijas, la esposa de un hijo, el nieto, la novia del nieto y su hermana, el esposo de una de las hijas, el cuñado, el novio de una hija, un sobrino, una sobrina y su novio. Al grupo se le conoce como la “familia sagrada”, la cual nada tiene que ver con la Sagrada Familia.
Es así como se puede entender que en el 2015 este prohombre, fiel practicante del “nepotismo positivo”, según sus propias palabras, haya sido condecorado con la orden Danilo Anderson, aquella ejemplar figura del régimen que desconfiaba de la banca y de los banqueros, y que, después de su trágica muerte, se le encontró una montaña de billetes en su residencia, así como varios dispositivos para contar los mismos.
Con base a esta data, el más desprevenido ciudadano del mundo democrático puede estar seguro que el proceso a Henrique Capriles Radonski se llevó a cabo con la mayor pulcritud y ajustado totalmente al derecho revolucionario, el cual, según El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, se resume así: “Le suelen llamar espada/ Y el nombre le sienta bien,/ Los que la gobiernan ven/ A dónde han de dar el tajo,/ Le cai al que se halla abajo/ Y corta sin ver a quién./ Hay muchos que son doctores/ Y de su cencia no dudo,/ Mas yo que soy un negro rudo,/ Y aunque de esto poco entiendo,/ Estoy diariamente viendo/ Que aplican la del embudo.
(Post scriptum: Este artículo fue concluido antes de realizarse las marchas convocadas por la MUD para el miércoles 19 de abril. Pero en vista de los hechos que se escenificaron ese día, no podemos terminar sin dejar de expresar que las acciones violentas que ejecutaron los esbirros del régimen contra los manifestantes opositores, los cuales sólo quieren la restauración del orden democrático en el país, han hecho evidente la necesidad que tenemos los venezolanos de liberarnos de la prisión implicada en una revolución que ha resultado ser un fracaso monumental).
@EddyReyesT